Demorada rebaja tarifaria

Es encomiable la preocupación del ministro de Economía, Danilo Astori, por bajar el déficit fiscal, pesadilla que arriesga la costosa pérdida del grado inversor.
Es encomiable la preocupación del ministro de Economía, Danilo Astori, por bajar el déficit fiscal, pesadilla que arriesga la costosa pérdida del grado inversor. Pero el curso tomado para apuntalar las finanzas públicas, ejemplificado por UTE y otros entes, contradice la obligación del gobierno de procurar el bienestar de la población. El camino idóneo, que toman otros gobiernos más preocupadas por la gente, es recortar el gasto público. Es factible hacerlo en Uruguay pese a la rigidez presupuestal, controlando erogaciones en áreas improductivas. El gobierno, sin embargo, al igual que las dos administraciones anteriores del Frente Amplio, cede una y otra vez ante el poderío sindical al mantener gastos injustificados por falta de resultados y gestión incompetente en muchas áreas del sector público.

Para paliar sus claudicaciones, el gobierno ha optado en cambio por empobrecer a los hogares y castigar a la estructura productiva con más impuestos y tarifas desmesuradas por los servicios públicos, muy por encima de sus costos operativos. Sucedió el año pasado con los aumentos en la electricidad y el agua y la negativa a bajar el precio de los combustibles pese a la caída en el precio del petróleo. Ya en 2016 el presidente de UTE, Gonzalo Casaravilla, había anunciado públicamente que el ente podía reducir sus tarifas. Pero el gobierno lo dejó en blanco al decidir, en cambio, aumentarlas 7,9% desde enero, como parte de su política de incrementar las aportes de los entes de servicios para acumular ingresos fiscales.

Esta desconsiderada historia amenaza repetirse por demoras con UTE. Casaravilla y sus técnicos concluyeron hace varias semanas que sus tarifas pueden bajar un 15% durante un período invernal de prueba de tres meses, aprovechando el eficiente desarrollo y abaratamiento de la producción energética. Pero el tiempo pasa y la confirmación oficial no llega. Entre tanto continúan los aportes del ente para ayudar a Astori a bajar un déficit fiscal de 3,8% que pone en peligro la meta del ministro de bajarlo a 2,5% para el fin del período. Pero es una ayuda improcedente, que se refleja en el hecho de que Uruguay, pese a la abundancia de producción, tiene la electricidad residencial más cara de la región. El informe mensual de abril de la consultora SEG Ingeniería reveló que la tarifa de US$ 291 por MWh supera largamente los US$ 210 de Brasil, US$ 202 de Chile y US$ 92 de Argentina.

Esa abismal diferencia la pagan todos los hogares uruguayos y los sectores productivos. La intención de UTE de bajarla reduce en parte esa diferencia. Pero no se concretará si el gobierno persiste en que toda la población y los sectores productivos sigan cargando con el costo de los desaciertos oficiales. El problema viene desde el despilfarro incurrido por las dos primeras administraciones frenteamplistas, que desaprovecharon una década de alto crecimiento de la economía al no crear un fondo de ahorro para enfrentar el previsible fin del ciclo favorable. El gobierno actual paga el precio de ese error, que puede corregir ajustando el cinturón fiscal con un control más estricto del gasto.

El presidente Tabaré Vázquez y Astori han prometido reiteradamente austeridad. Pero no explicaron que la austeridad no la ejercitará el gobierno, sino que se la hace pagar a todos los uruguayos con una desmesura que se confirmará si se sigue demorando la reducción tarifaria que plantea UTE.

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El Observador

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