Denuncian impunidad policial en Río a un mes de los Juegos

Una ONG advierte sobre ejecuciones extrajudiciales por parte de la Policía
A un mes de la inauguración de los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro, un informe de la ONG Human Rights Watch (HRW) dejó en falso a las promesas de seguridad alrededor del evento que realizan las autoridades brasileñas. La investigación divulgada ayer denuncia decenas de ejecuciones extrajudiciales por parte de funcionarios de los organismos de seguridad y, además, señala la impunidad de los crímenes.

La organización de defensa de los derechos humanos denunció que la Policía de Río de Janeiro mató a más de 8.000 personas en la última década, incluidas unas 645 el pasado año y 322 entre enero y mayo, y que muchas de esas muertes fueron resultado de "ejecuciones extrajudiciales".

La ONG identificó 64 casos en los últimos ocho años en los que la Policía de Río de Janeiro intentó encubrir matanzas ilegales en las que murieron 116 personas, incluidos al menos 24 niños.

Las "ejecuciones extrajudiciales" cometidas por la Policía en el estado de Río de Janeiro constituyen un "obstáculo para la seguridad", según el documento de HRW.

De los 64 casos identificados por HRW, solo ocho fueron a juicio, y apenas cuatro terminaron con el encarcelamiento de policías involucrados en asesinatos.

El informe, titulado El buen policía tiene miedo: Los costos de la violencia policial en Río de Janeiro, documentó cómo el uso ilegal de la fuerza policial contribuyó al desmantelamiento de los esfuerzos del Estado brasileño por mejorar la seguridad pública. El informe también advirtió que el gobierno local "no ha hecho lo suficiente para resolver el problema de las ejecuciones extrajudiciales cometidas por la Policía".

Durante los supuestos "enfrentamientos" entre 2013 y 2015, el número de muertos a manos de la Policía superó en cinco veces al de heridos, lo contrario de lo que cabría esperar en esas situaciones, asegura el informe.

Según los datos de HRW, el pasado año, por cada agente muerto en acto de servicio en Río de Janeiro, la Policía acabó con la vida de casi 25 personas, más del doble que en el sur de África y tres veces más que en Estados Unidos.

Orden superior

"Matar a criminales era requerido por mis superiores como forma de mostrar un buen desempeño", dijo a la ONG uno de los más de 30 policías entrevistados para el informe, que no dan su nombre por temor a sufrir represalias de sus colegas.

"Danilo" (nombre ficticio), como es identificado este policía que tras graduarse fue enviado a una de las barriadas pobres más peligrosas de Río, contó que participó en operaciones para matar a narcotraficantes con la meta de disminuir la criminalidad.

Según este policía aún en actividad, algunos de sus colegas también secuestran narcos, obtienen botines y luego los matan. Otros matan a narcos para ser reconocidos como asesinos y por lo tanto poder extorsionarlos más fácilmente. Con colegas así, es difícil ser un policía honesto, asegura el informe.

El fiscal general del estado de Río de Janeiro, Marfan Martins Vieira, dijo a la ONG de defensa de los derechos humanos que un gran porcentaje de los tiroteos reportados por la Policía fueron "simulados", pero admitió que su despacho denunció solo "un muy pequeño" número de homicidios cometidos por la Policía.

Vieira acusó a la Policía Civil, encargada de investigar los homicidios, de no realizar bien su tarea. Pero HRW asegura que "la responsabilidad por poner fin a esta impunidad recae en última instancia sobre la oficina del fiscal general de Río de Janeiro, que tiene autoridad legal para supervisar el trabajo de investigadores policiales, así como de llevar a cabo sus propias investigaciones".

Un caso similar en un estado del norte de Brasil

La Policía brasileña inició ayer una operación para desarticular un "grupo de exterminio" formado por policías y agentes penitenciarios, que podría haber matado hasta 100 personas en varias ciudades del estado de Rondonia, en el norte de Brasil.

La Policía emitió 35 mandatos de búsqueda y 14 de prisión, la mayoría contra funcionarios de órganos de seguridad pública que integrarían la banda, según explicó en un comunicado.

Los agentes envueltos en la organización comenzaron a realizar ejecuciones "como una forma de justicia privada, de la cual eran víctimas pequeños infractores locales". Las razones iban desde el cobro de deudas, hasta crímenes encomendados. La Policía confirmó que al menos 10 muertes fueron realizadas por el "grupo de exterminio", pero investigan otros 100 asesinatos que podrían ser atribuidos a la banda.

Fuente: Agencias

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