Venezuela vuelve a estar cuestionada por denuncias de abusos contra los
Derechos Humanos, que esta vez apuntan a las acciones de la policía y los militares en poblaciones más pobres y de inmigrantes en el marco de la Operación de Liberación y Protección del Pueblo. Según un informe presentado en Washington por la ONG
Human Rights Watch y el Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea), entre los abusos se incluyen casos de ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias masivas, maltrato y destrucción de viviendas, entre otros.
El informe, de 43 páginas, se titula
Poder sin límites: Redadas policiales y militares en comunidades populares y de inmigrantes en Venezuela. En el se analizan los abusos cometidos a partir de julio de 2015, mes en que se puso en marcha el operativo mencionado anteriormente. Este se presentó ante la sociedad como un plan para combatir a las bandas criminales que operan en los barrios más populares del país, pero luego derivó, como establece el informe, en desalojos forzosos, barrios desmantelados completamente y deportaciones arbitrarias de ciudadanos extranjeros.
Para la elaboración del informe, las organizaciones entrevistaron y analizaron declaraciones escritas de decenas de habitantes de Caracas, capital del país, y de cinco estados más, que denunciaron haber sufrido los abusos por parte de la policía o ser testigos de ellos. Estos resultados se expondrán hoy en Washington, Estados Unidos, ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos durante una audiencia publica donde, cabe destacar, estarán presentes representantes del gobierno de Venezuela.
"Durante más de una década, el gobierno venezolano ha ejercido sobre sus críticos y opositores un poder prácticamente sin límites, y ha realizado acciones como encarcelar a políticos, crear listas negras de sindicalistas, censurar y clausurar medios de comunicación, perseguir a defensores de derechos humanos y reprimir manifestaciones pacíficas", explicó Rafael Uzcátegui, director ejecutivo de Provea.
"Las redadas en el marco de la OLP dejaron en evidencia hasta qué punto los venezolanos de todos los signos políticos, incluidas personas en comunidades donde el gobierno ha gozado de amplio apoyo, se encuentran indefensos ante abusos gubernamentales"
Según el informe, varios testigos señalaron que, en algunos casos, agentes de seguridad propinaron golpizas o cometieron otros abusos contra detenidos.
Algunos agentes también habrían robado dinero y artículos de primera
necesidad, mientras realizaban allanamientos de viviendas o detenían a sus residentes.
El gobierno venezolano no ha publicado cifras totales sobre la cantidad de miembros de las fuerzas de seguridad que murieron o resultaron heridos durante redadas de la OLP, pero luego de cotejar documentos oficiales e información de los medios, los organismos descubrieron una gran diferencia respecto a la cantidad de víctimas fatales civiles. Según establece el informe, esto resta credibilidad a las declaraciones del gobierno venezolano de que las muertes se produjeron en situaciones en que delincuentes enfrentaron de manera violenta a la policía
Human Rights Watch
La organización no gubernamental y sin fines de lucro Human Rights Watch se creó en 1978 y actualmente tiene más de 400 miembros en todo el mundo, entre los que se encuentran abogados, periodistas y académicos. Su función es denunciar las violaciones a los derechos humanos que se cometen en diferentes países, a través de informes que se presentan ante diferentes organismos internacionales.