Denunció a ñoquis de Codicen y la separaron del cargo

La psicóloga, que trabajó en la Unidad de Desarrollo Integral (UDI) de la ANEP durante un año (2011), es acusada por el organismo de denunciar el caso de los psicólogos ñoquis a través de “cualquier forma o medio, para ponerlos en conocimiento, incurriendo en un actuar absolutamente desleal a la Administración”, señala el expediente de la ANEP al que tuvo acceso El Observador.

El documento afirma que existiendo vías institucionales para realizar este tipo de denuncias, la funcionaria no las utilizó y presentó en el Codicen una denuncia en forma anónima. Si bien el organismo reconoce que “es deber de los funcionarios denunciar hechos irregulares delictivos”, también señala que “los denunciantes no pueden esconderse detrás del anonimato, sin asumir sus responsabilidades como funcionarios públicos”.

El artículo 77 del Código Penal castiga con prisión al funcionario público que en conocimiento de hechos delictivos no los denuncie.

La psicóloga en cuestión aseguró a El Observador que ella no fue quien presentó esa denuncia anónima y agregó que cuando lo hizo, la presentó con firma, tal como indica el expediente más adelante. “Se contradicen”, dijo.

Acoso laboral
El caso de los psicólogos ñoquis de la UDI tiene una historia paralela, que en gran parte fue el detonante para que las irregularidades cometidas por los profesionales saliera a la luz.
En diálogo con El Observador, la psicóloga sumariada explicó que una vez que ingresó a trabajar en la UDI comenzó a sufrir acoso laboral por parte de alguno de sus compañeros, pero en especial por el jefe de la unidad, el psiquiatra Héctor Martín. “Nunca me dieron un escritorio para trabajar (...) A los seis meses la situación empeoró: me pegaban chicles en el asiento, alguna vez mi ropa apareció manchada y no me dejaban ir al baño del personal porque decían que yo lo ensuciaba. Entonces, tenía que ir al baño de los pacientes”, contó la psicóloga.

Según relató, la situación se tornó “insoportable” y al cabo de unos meses optó por pedir un pase en comisión a la Intendencia de Montevideo, lo que le concedieron a la semana.
En tanto, la maniobra de los psicólogos ñoquis se repetía todos los días. Muchos de sus colegas concurrían a la oficina en la mañana temprano, marcaban tarjeta de entrada y se iban a trabajar a mutualistas o a consultorios privados. En la tarde, volvían para marcar tarjeta de salida y se retiraban a sus hogares. Uno de ellos era Martín, quien en junio del año pasado fue sumariado y separado del cargo junto a otras dos psicólogas, Gabriela Campos y Beatriz Muiño.

Sin embargo, transcurridos seis meses y sin una resolución concluyente sobre el caso, fueron reintegrados en otras funciones de la ANEP en diciembre del año pasado.

La denuncia
El pase en comisión de la denunciante se concretó en noviembre de 2011. Según manifestó, en esa fecha presentó una denuncia ante el Codicen por los medios correspondientes, dando cuenta tanto del acoso laboral que sufría y de las irregularidades cometidas por sus colegas. “Yo no le hice ningún daño a la institución; al contrario denuncié como debía”, aseguró.

Por su parte, el expediente de la ANEP asegura que la psicóloga presentó una denuncia de acoso laboral contra Martín, “procedimiento que finalizó y del cual no surgieron elementos que permitieran concluir la existencia del acoso”. Agrega también que “en el transcurso de la investigación hizo denuncias sobre incumplimiento de horarios y a coincidencias de actividades particulares”.

La situación tomó estado público cuando El Observador y el programa Santo y Seña informaron en junio del año pasado la maniobra de los psicólogos ñoquis, a los que filmaron entrando y saliendo de la UDI. La ANEP inició una investigación de urgencia en la UDI, la cual culminó con el sumario de Martín y dos psicólogas. En agosto fue sumariada otra profesional y en diciembre otros dos.

En tanto, en julio de 2013, presumiendo que la denuncia anónima la había realizado la funcionaria ahora sumariada junto con otras dos profesionales, Martín presentó una denuncia Penal por difamación.