Los alcances de la flexibilización de la ley de inclusión financiera prometida por el presidente del Banco Central, Mario Bergara, serán insuficientes para evitar un plebiscito a menos que se elimine la obligatoriedad del uso de dinero electrónico. Le asiste razón a Bergara en dos de los puntos que desarrolló al disertar en un encuentro organizado por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM). Uno es que es totalmente inconveniente una nueva reforma constitucional para contener los defectos de la ley, que además no son materia constitucional. El otro es que Uruguay no puede quedar al margen del creciente movimiento mundial del uso de tarjetas y eventualmente billetes digitales en reemplazo de cheques y efectivo.
Argumentó que, en la forma en que está planteada la reforma por las gremiales de comerciantes que han lanzado recolección de firmas para plebiscitar contra la ley, caerían automáticamente otras normas de aplicación obligatoria, como los seguros de automóviles y de accidentes de trabajo. Dijo también que desconoce la realidad incluir en la Constitución "que se debe usar efectivo", disposición que no puede estar en el ánimo de nadie, ya que el mayor recurso al dinero electrónico es una tendencia irreversible. Pero nada adelantó Bergara sobre si la disposición oficial a flexibilizar la ley incluirá el cambio fundamental de hacer opcional en vez de obligatorio el uso de las nuevas modalidades para pagos y otras transacciones financieras.
Si se siguiera este curso, se eliminaría el principal defecto de la ley, génesis del movimiento plebiscitario, que amplía en forma improcedente la tutela absoluta que el Estado busca imponer a la población. Nadie objeta la afirmación gubernamental de que el uso de dinero electrónico aporta seguridad contra la delincuencia. Tampoco merece reparos su objetivo obvio de combatir las transacciones en negro y toda otra argucia de informalidad como vía de mejorar la recaudación fiscal. Pero por encima de todo está el respeto del derecho de la gente a la libertad de elección. Por otra parte, el uso de tarjetas ha aumentado del 1% hace seis años al 25% en la actualidad, clara indicación de que todos reconocen la conveniencia de las nuevas formas de pago. El dato fortalece el argumento de que no es necesaria la obligatoriedad para la rápida expansión de su uso.
La Cámara de Diputados acaba de aprobar una modificación a la cuestionada ley, que ahora pasa al Senado. Pero el cambio es menor, limitado a un leve aumento en el porcentaje mínimo de los salarios y pasividades netas sujetas a la obligatoriedad de la norma. Si la flexibilización señalada por Bergara en el encuentro de ADM no va mucho más allá de retoques de este tipo, le será difícil al gobierno frenar la recolección de firmas en marcha contra la ley a través de una enmienda constitucional. Es una mala idea volver a toquetear la Constitución en un tema que es solucionable en forma más sencilla con el perfeccionamiento de una ley defectuosa. Pero solo se logrará si el gobierno da marcha atrás en su intento de mano dura. Es un curso que no solo violenta el derecho natural de la gente a elegir libremente. Es además injustificado ante la creciente tendencia voluntaria de todos a usar dinero electrónico, sin necesidad de que se lo impongan a la fuerza porque los beneficios son evidentes.
Firma: El Observador
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