Descarte de las pruebas pisa

Secundaria y UTU optaron por la actitud irresponsable de descartar la advertencia de atraso en la educación pública planteada por las pruebas PISA

Secundaria y UTU han optado por la actitud irresponsable de descartar la advertencia de atraso en la educación pública planteada por las pruebas PISA. Los consejos de ambos niveles, como todos los involucrados en el tema, no ignoran la gravedad de que el 40% de los estudiantes adolescentes carezca de las habilidades mínimas requeridas para funcionar en el mundo actual. Esta fue la conclusión básica de las pruebas que la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos realiza en todo el mundo sobre conocimientos en matemática, ciencias y lectura. Pero aunque conocen esa realidad, las autoridades optan por cerrar los ojos, ya sea por ignorancia del costo que conlleva para el país y su juventud o por implícita admisión de incompetencia para superar los magros resultados educativos.

Al ser consultada sobre qué medidas se tomarán para mejorar la situación, Isabel Jaureguy, representante de los docentes en el Consejo de Enseñanza Secundaria, reveló que el informe PISA “ni siquiera está en la agenda” del organismo, que “no va a hacer absolutamente nada” porque “nadie parece tener interés en debatir este tema”. Y la directora general de UTU, Nilsa Pérez, adujo que ni se analizaron los resultados de las pruebas porque ya lo había hecho una dependencia de Administración Nacional de Educación Pública (ANEP). Dijo que como el último informe PISA no agrega elementos nuevos, UTU seguirá trabajando como hasta ahora, con retoques menores que no atacan los problemas de fondo. En otras palabras, si el enfermo sigue grave pero no ha caído aún en agonía, no es necesario tratar de recuperarlo totalmente.

Igualmente desalentadoras son las señales que llegan del Consejo Directivo Central de ANEP. La consejera Laura Motta reconoció que el resultado de las pruebas PISA es uno de los factores a ser tomados en cuenta cuando se aprueben difusos cambios educativos que nadie termina de precisar. Y otro consejero, Robert Silva (de origen opositor), anunció que recién en febrero se analizará más a fondo el informe PISA, tres meses después de haber sido recibido y cuando las urgencias del comienzo del año lectivo agregarán otro obstáculo para evaluar medidas correctivas.

La desidia de las autoridades de la educación, cuya saludable remoción ha sido pedida por el líder del Partido Independiente, senador Pablo Mieres, está en línea con la actitud de conspicuos dirigentes del Frente Amplio que exigen aumentar del 4,5% al 6% del Producto Interno Bruto el presupuesto para la educación pública, aunque sin saber para qué. Todos están de acuerdo en asignar más recursos pero nadie parece tener claro cómo invertirlos para mejorar el descalabrado sector educativo. El expresidente José Mujica y líderes de otros sectores de la alianza de izquierda coinciden en que la educación es la prioridad presupuestal este año, pero no se ha planteado desde el oficialismo ni un solo plan para introducir las reformas para modernizarla. Las anunciaron una y otra vez las tres administraciones frenteamplistas pero siguen en el tintero, frustradas por la recurrente resignación gubernamental ante la intransigencia y la ineficiencia de las autoridades de la enseñanza. La educación pública ha sido el gran fracaso del Frente Amplio desde que llegó al poder hace 12 años. Y a menos que el presidente Tabaré Vázquez sea capaz de implementar un drástico giro de timón, todo indica que seguirá siéndolo.


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El Observador

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