Desde el Frente proponen prueba psicológica en el carné de salud

Está a estudio del Parlamento y de comisiones de la coalición de izquierda

El Frente Amplio propondrá en el Parlamento la incorporación al carné de salud de un examen para detectar precozmente factores de riesgo de enfermedades mentales, e impulsará la reglamentación de las pruebas psicológicas que se realizan en los procesos de selección de personal.

Las iniciativas que ingresaron a través de la Comisión de Fortalecimiento de los Partidos Políticos fueron elaboradas por el psicólogo e integrante del Frente Líber Seregni (FLS), Andrés Copelmayer, y también serán estudiadas por las comisiones de Salud y Trabajo de la coalición de izquierda.

La propuesta recuerda que el Carné de Salud es un examen clínico obligatorio para ejercer cualquier actividad laboral ya que es utilizado por ASSE "como instrumento privilegiado para el diagnóstico precoz de patologías prevalente en la población laboralmente activa".

La ley de salud mental aprobada en el senado constituye un cambio en la consideración de las patologías psiquiátricas igualándolas a cualquier otra enfermedad con el fin de terminar con la estigmatización con la que suelen enfrentarse ese tipo de padecimientos.

En el marco de esa iniciativa, desde el FA se propone incorporar al carné de salud "el diagnóstico precoz de la presencia de eventuales factores de riesgo psíquico/emocional".

Para ello se analizan dos posibilidades. Una opción consiste en que el trabajador solicitante del carné de salud se presente ya con una valoración psicológica documentada, realizada en un período de tiempo no superior a los 12 meses anteriores a la solicitud.

El escrito dice que esa evaluación debe ser realizada "por profesionales de la salud mental habilitados por el MSP, donde se deje constancia que se ponderaron los siguientes ítems: determinación de estresores externos o internos que impactan a la persona en el desempeño del cargo que ocupa u ocupará; capacidad de respuesta personal frente a impactos emocionales derivados del manejo de las expectativas y ejercicio del rol laboral; reseña de fortalezas y debilidades psíquicas para el manejo de demandas de interacción socio laboral y exigencias de desempeño; valoración de factores de riesgo psíquico; y determinación de capacidades para el manejo de conflictos".

La segunda variante que se analiza pasa por formar al personal médico que trabaja en los distintos centros de expedición de carné de salud para que en una entrevista "puedan valorar si el trabajador presenta síntomas que ameriten indicarle la realización preventiva de una evaluación en profundidad que determine la presencia o no de factores de riesgo psíquico".

"En estos casos se exigiría al trabajador que presente la evaluación a la brevedad posible, siendo el plazo máximo establecido la fecha de vencimiento que requiera la próxima renovación del carné de salud. La capacitación de los profesionales para realizar correctamente esta valoración primaria se coordinaría con todos los servicios del estado que poseen expertis en Medicina y Psicología Laboral; los servicios de salud mental del SNIS; la UDELAR, y las asociaciones profesionales y gremiales ligadas a la especialización", dice el documento.

El proyecto propone que la evaluación psicológica "no sea tomada como impedimento para obtener el carné de salud". También se requiere que los prestadores del servicio garanticen al usuario la confidencialidad de la información brindada, y se sugiere pedir opinión sobre la propuesta al Pit-Cnt.

Por otro lado, la propuesta apunta a reglamentar el uso de la pruebas psicológicas en los procesos de selección de personal con el objetivo de "proteger el derecho a la información y a preservar la intimidad de los ciudadanos".

En ese sentido, se pretende poner a consideración del Parlamento, el Ministerio de Trabajo, la Oficina Nacional de Servicio Civil, y representantes de empresarios y trabajadores una iniciativa tendiente a "garantizar a la población que las pruebas psicotécnicas no serán mal utilizadas para 'legitimar' prácticas de selección sesgadas, sin igualdad de oportunidades, no equitativas, discriminatorias y que no respeten los preceptos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos.

Entre otras cosas, se busca que los aspirantes al cargo "tengan el derecho a recibir una devolución profesional personalizada de los resultados de las pruebas psicotécnicas aplicadas" y que también sea el aspirante, en caso de no ser electo para el cargo "quien decida si quiere o no que la información sobre su perfil psicológico recabada permanezca o no en los archivos y bases de datos de la organización que realiza el proceso de selección".

"No solo se trata de garantizar derechos individuales de los trabajadores sino también de promover buenas prácticas éticas y de respeto al individuo. La aplicación sin información de qué y cómo evalúan las pruebas psicotécnicas, genera incertidumbre y rechazo en la población contribuyendo a la consolidación de resistencias a incorporar el cuidado de la salud mental como parte de la prevención para tener mejor calidad de vida", dice el proyecto.


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