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Después de la reforma: nuevo sistema político pero el mismo sultán

Erdogan forjó sistema político que se acomoda a sus intereses y es criticado por su autoritarismo
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03 de junio de 2017 a las 05:00
Por Leandro Rodríguez, especial para El Observador

Vestido con un chaleco rojo con la palabra "Evet" en el pecho, el adolescente que no llegaba a la mayoría de edad salió a golpear puerta por puerta las casas en la ciudad turca de Esmirna para ganar un poco de dinero repartiendo volantes. Pero lo que parecía trabajo sencillo terminó siendo de riesgo.

No fueron pocos los vecinos que le gritaron en la cara o que se negaron a abrirle la puerta, en una ciudad que es desde hace años el bastión opositor por excelencia al gobierno del AKP, que tiene el poder hace 14 años.

El referéndum constitucional que votó Turquía el pasado 16 de abril terminó con un resultado cuestionado por la oposición, pero con una polarización política que nadie pone en duda.

El escaso margen con el que ganó el Sí ("evet", en turco) a la reforma impulsada por el presidente Recep Tayipp Erdogan –para pasar de ser una república parlamentaria a una presidencial– reflejó lo dividida que está la sociedad turca. Sobre todo teniendo en cuenta la alta participación: el 85% del padrón electoral fue a votar.

A medida que Erdogan acumula poder, la discusión de cada tema se transforma en una discusión sobre su persona; sobre quiénes lo apoyan y quiénes se oponen a él. "Quiénes dicen No son quiénes le dicen No al progreso del país", decía en campaña Erdogan. "Le decimos No a un régimen de un solo hombre", respondía en campaña el líder de la oposición Kemal Kilicdaroglu.
La reforma tenía nombre y apellido.

El principal argumento manejado para impulsar la reforma es que un sistema presidencialista le da mayor estabilidad al gobierno. Borra las incoherencias del sistema parlamentario vigente desde 1923, en el que no está claro si quien manda es el presidente o el primer ministro.

Pero, en realidad, esa disyuntiva fue creada por el propio Erdogan, que luego de cumplir todos los períodos posibles como primer ministro, modificó la ley para que el presidente sea electo por voto directo. Se presentó y ganó en 2014. Y desde esa fecha aprovechó cada situación posible para transferir poderes a su puesto.

Luego de las elecciones de 2014 ya estaba claro que quien seguía gobernando era él. Y a pesar de que en los hechos el rol del presidente era representar al estado en el exterior y darle unidad al pueblo –como en otras democracias parlamentarias–, en los años que siguieron no tuvo muchos reparos en demostrar su poder.

La reforma que logró aprobar fue el espaldarazo final de un pueblo que lo sigue apoyando a pesar de que la economía ya no funciona tan bien como en años anteriores y que las voces que piden respeto por los derechos humanos se hacen cada vez más altas y frecuentes.

Si bien el sistema presidencialista ya fue aprobado por las urnas el 16 de abril, no entrará en vigencia en su totalidad hasta el año 2019, cuando se espera que el actual presidente se presente nuevamente a la reelección en el cargo; esta vez sí, para acumular formalmente los poderes ejecutivos y que el primer ministro pase a ser su vicepresidente.

Si lo logra, gobernará durante cinco años y podrá presentarse a otro período más, lo que lo dejaría en el poder hasta 2029.

Luego de haber ganado el referéndum con el 51,4% de los votos por el Sí (evet) frente a un 48,6% del No (hayir), el gobierno bien podría convocar a elecciones anticipadas para pasar a los hechos la voluntad popular. Pero en un panorama en el que Erdogan demostró ser capaz de manejar el país a pesar de que las potestades ejecutivas recaen sobre el primer ministro, el gobierno no parece tener ningún apuro por ir de nuevo a las urnas.

Y más cuando la diferencia en el resultado fue tan ajustada.

A pesar de la derrota por poco margen en las urnas, la oposición apareció reforzada. Sin importar las restricciones a la hora de hacer campaña, logró captar casi la mitad de los votos y, los dos partidos identificados con la izquierda, el tradicional socialdemócrata CHP y el prokurdo HDP aparecieron más unidos que nunca por el No. Hay incluso quienes se muestran esperanzados y dicen que este fue simplemente "el primer tiempo", en referencia a que Erdogan no tendría tan fácil un eventual balotaje en las próximas elecciones.

La oposición se une

Una hora después de cerradas las urnas de votación, el Consejo Superior Electoral anunció que tomaría como válidos los votos que no tuvieran el sello oficial de la mesa, a pedido de los interventores del partido de gobierno AKP. De inmediato, el líder de la oposición, Kemal Kilicdaroglu, denunció que la movida era un "cambio de reglas en medio del partido", pero las voces de fraude no se alzaron hasta que la victoria del Sí fue irreversible.

El resultado de las elecciones fue puesto en duda tanto por el CHP, que encabezó la campaña por el No, como el HDP, que tiene a sus dos figuras más importantes tras las rejas acusadas de estar vinculados a organizaciones terroristas.

A los pocos días de la elección, el CHP incluso invitó a los ciudadanos a que dejaran peticiones individuales en las oficinas del organismo electoral para que los resultados fuesen anulados. Eso inundó el edificio con solicitudes, y el líder del partido prometió dar lucha por impugnar los resultados hasta agotar el último recurso disponible.

De acuerdo con la ley, las papeletas sin el sello de la mesa electoral no pueden ser tomadas como válidas. Sin embargo, y a pesar de las protestas, el presidente del Consejo Superior Electoral, Sadi Güven, aseguró que no es la primera vez que se realiza este tipo de acción y que no se anularía el resultado.

En un tono similar al de la oposición, pero con un lenguaje más matizado, se encontró la posición de los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE), quienes advirtieron que las elecciones se realizaron en un "marco legal inadecuado" que no respeta los estándares del Consejo de Europa.

El informe del organismo destacó la falta de información "imparcial" durante la campaña electoral, en donde el SI tuvo el apoyo del aparato estatal, frente a una oposición en desventaja de recursos materiales y que se siente perseguida por el gobierno de Erdogan.

"Las libertades fundamentales para un proceso democrático genuino fueron restringidas por el estado de emergencia, por lo que las dos partes no tuvieron las mismas oportunidades", agregó el informe en alusión al estado de emergencia que todavía sigue vigente luego del intento de golpe de Estado el 15 de julio de 2016.

"¿Quiénes son? Primero, deberían conocer su lugar. No tienen ninguna responsabilidad acá", dijo Erdogan a la comisión europea observadora días antes de las elecciones. Esa fue una de las tantas provocaciones del líder turco a Europa durante la campaña, que también hace cada vez más explícito su disgusto con el gobierno del AKP y aleja las posibilidades de que esta república de mayoría musulmana ingrese al bloque.

A principios de marzo, Holanda rechazó el aterrizaje del avión del ministro de relaciones exteriores turco al país, argumentando que se iba a realizar un acto a favor del SI en su territorio desoyendo los requerimientos de seguridad establecidos por el gobierno local.

Eso enfureció a Ankara, que comenzó un agresivo discurso contra Holanda y la Unión Europea, a los que calificó de "nazis" y "fascistas". De hecho, varias localidades alemanas también cancelaron este tipo de actos electorales y el gobierno de Dinamarca le pidió entonces al primer ministro turco, Binali Yildirim, que pospusiera su visita.

Para echarle más leña al fuego, y viendo que la situación lo favorecía electoralmente, el gobierno turco envió a la ministra de Asuntos Familiares al consulado de Rotterdam por tierra desde Alemania. Cuando estaba por llegar, fue detenida por las autoridades holandesas y deportada a Alemania junto a su familia.

El evento terminó con enfrentamientos entre los turcos residentes en Rotterdam con la policía, y las imágenes de la brutalidad policial fueron usadas por los militantes del Sí para apoyar una reforma que, según el gobierno, serviría para demostrarle a la UE que Turquía no la necesita para ser grande.

La noche de la victoria, Erdogan volvió a mencionar la posibilidad de hacer una reforma para reinstaurar la pena de muerte en el país, algo que el parlamento abolió en 2004 como parte del proceso de adhesión a la Unión Europea. En Bruselas advirtieron que reinstaurar la pena capital sería una "línea roja" que Ankara no debería pasar si quiere continuar con las negociaciones para adherirse al bloque.

Pero después de más de diez años de negociaciones, Erdogan parece tener claro que la UE no le abrirá las puertas jamás. Y, en cualquier caso, tiene a su favor un acuerdo que firmó con la UE para frenar el ingreso de millones de refugiados a suelo europeo, y el gobierno sabe que eso es un comodín en las negociaciones.

¿Por qué importa Turquía?

Turquía juega un rol clave en la geopolítica de la región y del mundo. Es miembro de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN) y su influencia económica en los países de los Balcanes, Asia menor y Medio Oriente lo convierten en una potencia económica, política y militar.

Además, desempeñó un rol activo en la guerra civil de Siria, al combatir contra el Estado Islámico y grupos armados kurdos, y al dar apoyo a rebeldes de origen turco que combaten al gobierno de Bachar Al Asad.

Por otro lado, Erdogan y el AKP son vistos como un ejemplo a seguir en otros países de mayoría musulmana, y no son pocos quienes quieren copiar su receta para alcanzar una democracia moderna e islamista en sus países, algo que podría ser comparado con la social democracia cristiana en Europa.

En estado de emergencia hace 9 meses

El pasado 15 de julio Turquía sufrió un intento de golpe militar tras el cual el gobierno salió reforzado por el apoyo popular.

Desde entonces, Erdogan declaró al país en "estado de emergencia", una situación legal que se renovó cada 3 meses desde entonces y que le confiere potestades excepcionales.

Entre otras cosas, permite detener a sospechosos y realizar allanamientos sin orden judicial. Este recurso fue usado por el gobierno para "limpiar" el Estado de personas acusadas de participar en el golpe de estado y de apoyar el terrorismo, aunque organizaciones de derechos humanos denuncian que también ha sido utilizado para silenciar a las voces críticas con el gobierno.

Entre las decenas de miles de personas que resultaron detenidas en una purga sin precedentes se encuentran militares, policías, jueces, empleados públicos, periodistas y académicos.



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