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Destrabe del conflicto Uber
El pedido de disculpas de Uber y su formal disposición a aceptar normas que regulen su funcionamiento tiende a desactivar el ríspido conflicto generado con las autoridades y con el gremio de taxímetros por el aterrizaje en Uruguay de esta aplicación informática para el transporte de pasajeros. Pero los anuncios del gerente general de la empresa en nuestro país, Iván French, en la Junta Departamental de Montevideo, son solo un primer paso en un proceso que incluye negociar términos que regularicen la actividad de la firma de manera equilibrada, perfeccionando un proyecto de ley que está cuestionado como amenaza al desarrollo de la economía digital en el país.
Uber instaló en Uruguay un servicio moderno, más cómodo y de precio inferior al de los taxímetros, que ya funciona con éxito en más de 60 países. Pero desde que comenzó a operar en Montevideo hace un año ha habido de todo. Por ausencia de una normativa específica, la intendencia y otros órganos del Estado deambularon durante meses entre indecisiones, multas y opiniones encontradas sobre el curso a tomar. La patronal de taxímetros y su sindicato, ante una competencia que los ponía en desventaja, se alzaron en pie de guerra con manifestaciones masivas y generando frecuentes enfrentamientos violentos.
El oficialismo presentó en marzo un proyecto de ley que, en su afán por forzar a Uber a ajustarse a las normas legales en pago de impuestos y otras áreas, de hecho trababa el desarrollo de la economía digital, de vasta expansión en Uruguay y todo el mundo en múltiples áreas de actividad. El proyecto tuvo abundancia de cambios para subsanar esa falla, pero la oposición sigue sosteniendo que varios artículos imponen exigencias excesivas y sanciones desmesuradas, coartan la libertad de trabajo y en algunos casos pueden ser inconstitucionales.
En medio de este ambiente irresoluto y cuestionado, French informó a El Observador que hace pocos días concurrió a la Junta Departamental, donde “pedimos disculpas por lo que pudimos haber cometido en el desembarco y nuestra voluntad es negociar con las autoridades”. La compleja negociación incluye, entre otros muchos puntos, el nivel de impuestos que Uber debe pagar, su incorporación al sistema de seguridad social y las condiciones que deben tener sus vehículos en materia de seguridad de los pasajeros. No es una meta fácil de alcanzar, ya que si bien French aseguró que se va a “respetar las regulaciones existentes en cada país”, cuestionó puntos de la ley que estima que pueden atentar contra el desarrollo de las plataformas informáticas.
Como ha ocurrido en el resto del mundo, Uber está para quedarse. Sus usuarios en Montevideo se han multiplicado vertiginosamente, alcanzando a 200 mil personas según French. Dijo que actualmente tienen 4.000 conductores, lo que convierte al servicio en una fuente importante de puestos de trabajo. Luego de un año de desencuentros, la posición asumida ahora por la empresa abre el camino para un entendimiento con las autoridades. Pero convertir buena voluntad en una solución mutuamente aceptable requiere flexibilidad para conciliar los intereses de ambas partes y regularizar el funcionamiento de un servicio moderno y que, en última instancia, cumple el objetivo primordial de beneficiar a la población.
