Detectan un aumento de trata de personas y explotación sexual

Gobierno redacta proyecto y Senado formará una comisión especial
Las autoridades del Ministerio del Interior terminaron de convencerse de que Uruguay dejó de ser un país de tránsito en el tráfico de personas, delito generalmente vinculado a la explotación sexual, para pasar a ser lugar de origen y destino.

Con ese convencimiento y datos arriba de la mesa que muestran el aumento de casos, el gobierno redacta un proyecto de ley para enfrentar un problema que engloba a varios delitos. Es que junto a la trata de personas se vincula la explotación sexual y hasta la venta de órganos humanos, aunque este último aspecto no se detectó en Uruguay pero sí en otras latitudes.

El Poder Ejecutivo presentará al Parlamento un proyecto de ley "integral" que actualizará la normativa en un tema que considera "prioritario" en la política de seguridad. Según datos oficiales a los que accedió El Observador, se pasó de un caso de trata y 31 de explotación sexual de niños y adolescentes en el año 2012, a registrarse, el año pasado, un total de ocho casos de trata y 73 de explotación sexual.
"La voluntad política del gobierno en el combate a estos crímenes es unánime", dijo a El Observador Charles Carrera, director general del Ministerio del Interior, quien aseguró que el problema es mayor a lo que indican los números.

"Al país le falta mejorar y creemos que necesitamos una ley integral que nos permita trabajar mejor. Detectada la debilidad, proponemos las soluciones y una de ellas es en la que venimos trabajando: la elaboración de un anteproyecto de ley integral sobre trata y explotación de personas que recoge los insumos y las opiniones de operadores calificados de diversos ámbitos", señaló.

Para la redacción del proyecto también se tomó en cuenta la opinión de expertos internacionales.
La propuesta oficial, en la que además trabajan la cancillería, el Ministerio de Desarrollo Social y el de Salud, creará una nueva institucionalidad especializada en trata de personas y delitos conexos, y tendrá una secretaría técnica que hará un seguimiento de los casos y apoyará en las investigaciones.

Comisión especial

A nivel parlamentario, la bancada de senadores del Frente Amplio (FA) decidió la semana pasada formar una comisión especial con fines legislativos que abordará la problemática.

En el FA se descuenta el apoyo de la oposición para formar ese grupo de trabajo.
La senadora Daisy Tourné (Partido Socialista) opinó que el problema tiene "profundas raíces sociales" y es de "altísima complejidad".

En la comisión de seguridad del Senado, la legisladora explicó que la trata y la explotación de personas están emparentadas "pero no significan lo mismo". Se mezclan entonces el trabajo forzoso, engaños y la explotación sexual. Otro delito que se vincula es el tráfico de órganos. En Uruguay no hay registro de un hecho de esa magnitud.

"Es terrible lo que voy a decir, pero son realidades que existen; a veces se explota a una persona comercial y sexualmente, pero cuando ya no se presta demasiado para esos fines o se la encuentra muy deteriorada –sea hombre o mujer– pasa al tráfico de órganos. Cuando se oponen o denuncian las matan y aparecen cuerpos vaciados de personas que estaban en la explotación sexual comercial", aseguró la senadora Tourné el pasado 3 de mayo, según consta en la versión taquigráfica.

El ministerio del Interior abordó la problemática de la trata de personas en su plan de acción para el período 2016 -2020 que se presentará en breve. Ahí también se adecuan los protocolos de investigación criminal y un capítulo refiere al tratamiento de las víctimas de esos delitos.

Esos delitos "afectan derechos fundamentales como la vida, la integridad física y psíquica, la seguridad, la libertad y la dignidad de las personas", opinó Carrera, quien entiende que Uruguay ahora también es país "de origen y destino" del tráfico de personas.

Según datos de las Naciones Unidas, se estima que son más de 2,5 millones las víctimas de trata de personas en el mundo. La enorme mayoría son mujeres y niñas, que son explotadas sexualmente.
En diciembre de 2014, la Policía en el operativo "Imperio" desbarató una red de trata de mujeres dominicanas que eran traídas a Uruguay para prostituirse en el interior del país. La investigación terminó con varios procesados. También sigue habiendo mujeres uruguayas que son trasladas a otros países con fines de explotación sexual y por eso en la discusión se involucró al Ministerio de Relaciones Exteriores.

Un caso emblemático ocurrió en 1992 cuando la periodista María Urruzola en una investigación que publicó en el semanario Brecha, denunció que jóvenes uruguayas eran llevadas a Italia para ser prostituídas.


Inau busca visualizar casos y que se responsabilice a adultos

El Instituto del Niño y Adolescente del Uruguay (INAU) trabaja desde hace años con situaciones de explotación sexual de menores que atraviesan a toda la sociedad.
La presidente del INAU, Marisa Lindner, dijo a El Observador que en la zona metropolitana y en particular en áreas fronterizas es donde se registraron más casos de explotación sexual.
Explicó que en la frontera hubo casos visibles de situaciones que"están naturalizadas" en la sociedad pero también se registraron denuncias de hechos impactantes en Flores, Maldonado Durazno y últimamente en Cerro Largo.

El Ministerio del Interior formó en la Jefatura de Rivera una unidad especializada en enfrentar esos delitos. El INAU busca visibilizar el problema para que la población tome conciencia.

Actualmente, dijo Lindner, cuando esos temas se tratan públicamente, incluso en los medios de comunicación, el comentario apunta a responsabilizar a la adolescente víctima, como si hubiera provocado esa situación, "y no se pone el énfasis en los verdaderos responsables que son los adultos abusadores y las redes de tráfico". Para cambiar esa perspectiva social trabajará el INAU, comentó.

La jerarca entiende que "hay un subregistro" por lo que la realidad es peor de lo que se conoce. Otra de las líneas de trabajo apunta a combatir las redes criminales, a la vez que se busca generar respuestas institucionales y de servicios para ayudar a las víctimas.

En el año 2004 se creó en la órbita del INAU, el Comité Nacional para la Erradicación de la Explotación Sexual Comercial y No Comercial de la Niñez y la Adolescencia, desde donde se coordina la respuesta institucional del Estado.

Religiosos se involucran

Representantes de la Conferencia de Religiosos del Uruguay que ayudan a víctimas del tráfico y de explotación sexual explicaron en la comisión de seguridad del Senado cómo buscan ayudar a las víctimas. La presidenta de la Confederación, Daniela Cannavina, de las Hermanas Capuchinas de la Madre Rubatto, explicó que se propone articular en red con organismos gubernamentales y con la sociedad civil para mejorar la atención a las víctimas y dar respuestas rápidas. Mariana Serrano, de las Religiosas Oblatas del Santísimo Redentor, propuso en el Parlamento que los programas de Secundaria incluyan la temática para prevenir a los adolescentes.

Daniela Concetti (Religiosas Esclavas del Sagrado Corazón de Jesús), dijo que la problemática las "desborda" por lo que apuntan a conseguir "multiplicadores" que ayuden a formar conciencia en la población.

Capacitan a policías

El ministerio del Interior cuenta con unos 600 policías capacitados en trata de personas y delitos sexuales. A ese grupo se sumarán otros 30 efectivos que cumplirán funciones en la dirección general de lucha contra el crimen organizado e Interpol, para lo cual se realizó un llamado a interesados.
"Este año redoblamos la apuesta en lo que refiere a la capacitación y sensibilización porque apostamos a que más policías puedan detectar estas situaciones precozmente" dijo a El Observador, Charles Carrera, director general de Interior.

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