DGI alista equipo para detectar cuentas bancarias no declaradas

Nueva unidad de control para personas físicas cruzará saldos con Impuesto al Patrimonio

El proyecto de ley de transparencia fiscal internacional, prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo, actualmente en estudio en el Parlamento, permitirá a la Dirección General Impositiva (DGI) acceder a los saldos en las cuentas bancarias de los contribuyentes de altos ingresos, no solo por sus cuentas locales sino en otras jurisdicciones que adherirán junto a Uruguay a los nuevos estándares de transparencia de la OCDE. Con el objetivo de contrastar esa información con las declaraciones del Impuesto al Patrimonio (IP) –donde el secreto bancario ha sido históricamente una tentación para no declarar grandes sumas en depósitos–, el fisco uruguayo está alistando los "sistemas y procedimientos" para recibir esa información en el marco de su flamante Unidad de Control del Cumplimiento de Personas Físicas.

"Estamos preparando la forma de recibir esta información pero también cómo la vamos a usar y disponibilizar en nuestros sistemas de análisis de riesgo y control", dijo ayer el director de Rentas, Joaquín Serra, en el marco de un desayuno organizado ayer por la Asociación de Dirigentes de Marketing (ADM) en el cual disertó junto con el titular de Aduanas, Enrique Canon.

De aprobarse el proyecto en estudio, las instituciones financieras deberán informar a la DGI el saldo de las cuentas bancarias al cierre de 2017 –excluidas las del cobro de sueldo–, así como los intereses generados por depósitos a partir de setiembre de 2018.

El grupo de trabajo compuesto por cinco inspectores –abogados, contadores y expertos informáticos– que a partir de su divulgación en abril empezó a trabajar sobre los Panamá Papers y sus derivaciones en Uruguay, fue institucionalizado de forma permanente por la DGI dentro de la División Fiscalización, bajo el nombre Unidad de Control del Cumplimiento de Personas Físicas.

De las empresas a las personas

Según explicó Serra en rueda de prensa posterior al evento en el Club de Golf, el organismo no tenía hasta el momento un equipo destinado al control de los tributos personales del modo en que lo hace con las empresas. Esto le permitirá al fisco generar estrategias puntuales enfocadas a detectar evasores entre los contribuyentes de IRPF e IP a partir del uso de tecnología, el cruzamiento de bases de datos y la relación con otras unidades enfocadas en el sector empresarial.

El jerarca dijo a El Observador que la eventual aprobación de la nueva normativa antilavado brindará información fundamental para este equipo de trabajo, debido a que hasta ahora el fisco no tenía acceso a información financiera que le permitiera corroborar que los contribuyentes de IP brindaban declaraciones completas sobre sus depósitos.

Según corroboró El Observador con fuentes del ámbito de la consultoría tributaria que prefirieron mantener su anonimato, con la legislación vigente –que impide a la DGI levantar el secreto bancario sin una sospecha de evasión fundada ante la Justicia– existe entre los contribuyentes de IP la "tentación" de ocultar o subdeclarar sus cuentas bancarias. De esta manera, la lista de saldos del sistema financiero va a ser una herramienta fundamental para la DGI que se traducirá en mayores ingresos por concepto de patrimonio.

Serra sostuvo que es muy difícil estimar el alcance de las subdeclaraciones de IP y prefirió no manejar cifras de expectativas en la mejora de la recaudación de este tributo a raíz de los cambios normativos.

En el ejercicio 2015, el mínimo no imponible del impuesto fue de $ 3,34 millones en patrimonio –diferencia entre los activos y pasivos en poder del contribuyente– y el gravamen se realiza a una tasa de entre 0,7% y 2,75%. El año pasado la DGI recaudó por concepto de IP a las personas físicas el equivalente a US$ 22,2 millones.

La nueva unidad fiscalizadora cruzará además los datos de las personas físicas con los de las empresas de las cuales son titulares. De esta manera, podrá encontrar indicios de evasión, por ejemplo, en empresas que tributan muy poco pero donde el patrimonio de sus propietarios crece significativamente.

Las rentas laborales de los profesionales independientes son otro objetivo de este grupo de expertos. De hecho, El Observador informó en agosto de un operativo en marcha liderado por esta nueva unidad que detectó indicios de evasión en aportes de 300 médicos cirujanos, anestesistas y ginecológicos que brindan servicios particulares, por fuera de la relación de dependencia que tienen con las instituciones médicas para las que trabajan.

El contrabando: un "loop" de nunca acabar

"Nuestra estrategia no es ir contra el señor que tiene un puestito de cigarros frente al Ministerio de Salud Pública", dijo el director nacional de Aduanas, Enrique Canon, al ser preguntado por el público que asistió al evento de ADM sobre las acciones que realiza su organización contra el contrabando.

Atacar al pequeño comerciante informal que ofrece productos que ingresaron ilegalmente al país "es una estrategia equivocada, que requiere un montón de esfuerzo en materia de recursos y no tiene ningún resultado", señaló. En cambio, sostuvo que su administración se enfoca en "los proveedores de ese señor que está vendiendo cigarros 51 de Paraguay", o como sostuvo también: "las grandes organizaciones".

A través del grupo de inteligencia aduanera compuesto por policías al servicio de Aduanas, desde 2010 se incautaron más de US$ 10 millones en mercancías, sostuvo Canon. En ese período hubo casi 300 procesamientos y "una limpieza" de la DNA " con el procesamiento de 27 funcionarios aduaneros".

De todas maneras, reconoció que donde hay una renta derivada del contrabando, cuando se desbarata una organización, viene otra a ocupar su lugar. "Es un 'loop' de nunca acabar", reflexionó el jerarca.


"Aceptación gradual" y "hostilidad"

El director nacional de Aduanas, Enrique Canon, expuso ayer sobre los planes de su administración para lo que resta del período. El jerarca defendió el modelo de gestión por resultados con el cual intentó reformar la aduana y que llevó a que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo revocara algunos puntos vinculados con la carrera de los funcionarios. "El proceso de transición no es idílico", señaló. Y explicó que la mayoría de los funcionarios se encuentran en un proceso de "aceptación gradual" de los cambios, mientras que una minoría se muestra "hostil" a la reforma. La DNA negocia actualmente con el sindicato una nueva reglamentación que permita avanzar hacia el nuevo esquema organizacional.

Mayor recaudación

Según dijo en rueda de prensa el director general de Rentas, Joaquín Serra, luego de su presentación en el desayuno de ADM, la recaudación mantiene un crecimiento de 1,8% en términos reales en los primeros ocho meses del año, respecto a igual período de 2015. Según sostuvo el jerarca, se trata de un dato alineado con el crecimiento de la economía uruguaya, cuyo dato correspondiente al segundo trimestre del año se conocerá hoy.