La Dirección General Impositiva (DGI) analiza solicitar información a estudios jurídicos que tienen sociedades anónimas en Panamá, y que aparecen mencionados en los documentos de la investigación conocida como Panamá Papers, divulgados ayer por el semanario Búsqueda.
"Lo que nos llama atención es un número de estudios jurídicos que tiene un volumen muy importante de sociedades anónimas en Panamá. Nos preocupa y vamos a analizarlo especialmente porque podríamos solicitar información a dichos estudios que nos permita detectar eventualmente incumplimientos de contribuyentes", dijo a El Observador el director de la DGI, Joaquín Serra.
El jerarca señaló que a partir del caso concreto de la publicación que difundió los nombres de personas que aparentemente están vinculadas a esas sociedades offshore, Impositiva contrasta los datos con sus bases de datos para detectar si existen inconsistencias. "Estamos verificando la información publicada con información que tenemos como hacemos regularmente", dijo.
En caso de detectar esas inconsistencias en el cruzamiento de información, la autoridad fiscal ya planifica realizar "operativos" que se darían "en los próximos días".
Dentro del análisis de los datos está la verificación de la fuente de información, para confirmar si existe una concentración de sociedades creadas en Panamá.
Búsqueda publicó ayer una serie de nombres de personas físicas y sociedades con compañías offshore creadas a través de los servicios de Mossack Fonseca (MF), el bufete panameño especializado en gestión de capitales, cuyos documentos fueron filtrados luego de la investigación llevada a cabo por medios de distintas partes del mundo agrupados en el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ).
Por su parte, el director de la Secretaría Antilavado, Carlos Díaz, señaló al semanario que ese organismo "tiene previstas inspecciones para la semana que viene" en distintos estudios, y que la difusión de los documentos puede llevarlos a "actuar" ante una situación concreta.
En los últimos 40 años empresas y particulares uruguayos fueron de los principales clientes de Mossack Fonseca. La firma, que tiene sucursal en Uruguay, tiene 298 clientes locales entre los que figuran abogados, futbolistas, políticos, bancos y empresas financieras, informó Búsqueda, uno de los 100 medios integrantes del ICIJ.
A lo largo de 40 años –período del que se conocieron más de 11 millones de documentos de Mossack Fonseca– el estudio creó más de 5.000 empresas offshore en Uruguay, punto que lo posiciona como uno de los tres países con más clientes en esa firma.
Búsqueda informó que hay 22 firmas uruguayas que crearon cada una más de 50 empresas con MF, pero "cientos" que generaron cada uno menos de media centena de offshores contratando los servicios de MF. El hecho de tener una empresa offshore no es ilegal y en realidad suelen ser útiles para concretar ciertos tipos de negocios internacionales. Sin embargo, en otras oportunidades pueden usarse para evadir impuestos o esconder activos o información sobre la procedencia del dinero o quiénes están detrás de él.
Serra explicó que hasta el año 2011 las rentas del capital en el exterior no estaban gravadas, pero que desde ese año se gravan los rendimientos de capital mobiliario y se realizan "cruces de información ante inconsistencias" que se detectan. Esta tarea se realiza con información obtenida de bases de datos internacionales que la DGI contrata y el organismo también tiene la posibilidad de utilizar convenios de intercambio de información con varios países, aseguró Serra.
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