DGI rehúsa analizar tributación de Uber previo a su regulación

La empresa le pidió una reunión a la dirección para analizar vías impositivas, pero le fue negada la solicitud
DGI investiga a 500 personas en Uruguay con offshores



El director de la Dirección General Impositiva (DGI), Joaquín Serra, se refirió a la situación de Uber, la plataforma tecnológica que funciona como intermediario entre choferes y una persona necesitada de un viaje en auto. En entrevista ayer con Mariano López en El Observador TV, Serra sostuvo que antes de discutir cómo debe pagar impuestos, Uber debe entrar en el marco legal vigente.

Desde su polémico desembarco a fines de octubre del año pasado fueron varios los intentos por frenar a esa aplicación, tanto de las autoridades departamentales como del gremio del taxi. En los hechos, sin embargo, eso no ha llegado a buen puerto: Uber sigue rodando y consolidándose en el mercado.
De acuerdo a Serra, "la polémica no es tributaria, (Uber) tiene un problema previo que es cómo se regula el transporte de personas en Uruguay".

Por ese motivo, el director del ente recaudador entiende que la compañía estadounidense primero debe regularizar su situación legal, para luego pensar de qué manera tributar en el país. "No queremos ser utilizados. ¿De qué forma? 'Ahora hemos regularizado el pago de los conductores, Uber es legal'. No, Uber no es legal, porque no se ajusta a las normas del transporte de pasajeros", señaló Serra. De hecho, la empresa solicitó una reunión con las autoridades de la DGI, quienes declinaron el pedido con el argumento de que primero deberían arreglar su situación ante los diferentes gobiernos departamentales.

Sociedades offshore

Asimismo, Serra habló acerca de cómo vienen los controles que está realizando la DGI en relación a las sociedades offshore. Una vez que se divulgó la noticia –conocida como los Panamá Papers–, explicó el jerarca, se inició un procedimiento que consistió en obtener información de 32 estudios contables y jurídicos. Con eso se buscó conocer a qué personas esos estudios habían vendido este tipo de sociedades.

"Identificamos unas 500 personas residentes en el país que habían adquirido sociedades en los últimos años", dijo Serra. Ese es el universo de personas cuya situación ahora está bajo la lupa de la DGI. Algunas de ellas ya han sido citadas para explicar cuál era su situación y qué uso le habían dado a la sociedad en cuestión.

Previo a eso, precisó Serra, se realizó un control en relación a las declaraciones juradas y los pagos de impuestos de esas personas. En los casos en los que se veía que la persona que había comprado una sociedad offshore había pagado los impuestos por las rentas obtenidas en el exterior, no se las convocó a las oficinas de la DGI.

"Citamos cuando hubo un indicio de que hubo una actividad en el exterior y no hubo como contrapartida el pago de un impuesto", indicó el director de Rentas. Hasta el momento se han reliquidado impuestos a entre 12 y 15 personas, dijo Serra. En promedio, el monto asciende a $ 1 millón por persona por concepto de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF). Serra dijo que también la DGI sigue trabajando en dos líneas en ese terreno. Por un lado, en algunos casos la actividad a través de una offshore, dijo Serra, puede estar vinculada a la actividad de una empresa local. En esos casos se han derivado inspectores para controlar a esas sociedades, añadió.

La segunda acción que lleva adelante la DGI es la obtención de datos que den una "idea clara de cuál es el nivel económico de las personas" que compraron estas sociedades. "Por eso pedimos datos a las tarjetas de crédito, que nos dieron los consumos de estas personas de los dos últimos años y medio", comentó.

Secreto bancario "herido de muerte"

Consultado acerca del proyecto de ley presentado tiempo atrás en relación a la transparencia fiscal, el director de la DGI sostuvo que "el secreto bancario está herido de muerte en todo el mundo, no solo en el país". Asimismo, indicó que, de aprobarse este proyecto, la DGI pasará a tener el mismo régimen sancionatorio que al día de hoy tienen los funcionarios bancarios por divulgar información de clientes.

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