Dilma Rousseff, a la defensa de su mentor y en ataque de la oposición

La presidenta aseguró que las sospechas sobre Lula son obra de los disidentes políticos
Dilma Rousseff, presidenta de Brasil, aprovechó un acto público para hacer referencia a la más reciente sospecha de corrupción que rodea a su partido político y defendió a Luis Inácio Lula da Silva, el expresidente, que el viernes fue llevado a declarar.

Lula, mentor político de la presidenta, fue detenido en su casa el viernes y llevado a comparecer ante la Justicia por su presunta vinculación con el caso de corrupción de la empresa estatal Petrobras, por la que se desviaron unos US$ 2.000 millones en coimas.

Se sospecha que Lula aceptó millonarios favores de constructoras acusadas de desfalcar a la petrolera, en una megacausa que investiga un sistema político-empresarial de sobornos y fraudes destinado a financiar fuerzas aliadas al gobierno y a enriquecer a los involucrados.

Rousseff dio una señal clara de apoyo el domingo, cuando fue a visitar al expresidente a su casa. Y ayer, durante el acto de inauguración de viviendas sociales, retomó el asunto.

"Brasil está pasando por un momento de dificultades", pero "una parte de ese momento es debido a la sistemática crisis política que provocan aquellos que perdieron las elecciones, no se conforman y quieren anticipar los comicios de 2018", sostuvo, en un ataque directo a la oposición política.

Rousseff censuró, asimismo, que la justicia haya trasladado a Lula desde su casa a una comisaría y aseguró que "no es posible aceptar" ese tratamiento con "personas que nunca se recusaron a declarar, como es el caso del expresidente". La presidenta insistió en que "no tenía ningún sentido llevarlo por la fuerza", pues "acudió siempre que fue convocado" y se trata de una persona que "nunca se juzgó mejor que nadie".

También reiteró sus críticas a las "filtraciones ilegales", en referencia a documentos sigilosos sobre diversas investigaciones obtenidos por la prensa, que anticipó muchas de las acciones que llevan a cabo los tribunales, sobre todo en relación a las averiguaciones sobre las corruptelas en la petrolera estatal Petrobras. En opinión de Rousseff, muchas veces las "acusaciones" filtradas "no son verdaderas, pero el impacto de lanzar barro a los otros ya ocurrió" y permanece.

La conducción coercitiva de Lula para declarar ante la policía recalentó la crisis política que vive desde hace un año el mayor país de América Latina, hundido en una recesión económica y sacudido por la investigación judicial de la corrupción en Petrobras.

Analistas señalan que este episodio cierra aún más el cerco sobre el gobierno de Rousseff, debilitado políticamente, y que debe hacer frente a un pedido de impeachment en el Congreso, así como a un proceso de impugnación de su mandato en la justicia electoral por sospechas de que financió su campaña con recursos ilegales.

Al margen de esta declaración pública de apoyo, el juicio seguirá su curso. Y a juzgar por las conclusiones que sacó la fiscalía del estado de Paraná que está a cargo de kla investigación contra Lula, será difícil que el expresidente escape al cerco de la justicia.

Algunos argumentos de la Fiscalía contra Lula:

Existen indicios de que Lula "recibió en 2014 por lo menos un millón de reales (unos US$ 263.000) sin justificativo aparente lícito de la constructora OAS, por medio de reformas y muebles de lujo en un apartamento tipo triplex, número 164-A, del Condominio Solaris, en Guarujá. Pese a que el expresidente alegó que el departamento no era suyo por estar a nombre de una empresa, varias pruebas dicen lo contrario".

“El expresidente Lula, en 2010, adquirió dos fincas en Atibaia mediante interpuestas personas, por el valor de 1,59 millones de reales, habiendo fuertes indicios de que, entre 2010 y 2014, recibió al menos 770.000 reales sin justificativo económico lícito de (el empresario) José Carlos Bumlai y de las empresas Odebrecht y OAS”.

“Hay evidencias de que OAS pagó gastos elevados para reformar el departamento (más de 750.000 reales), costeó muebles de lujo para la cocina y dormitorios (cerca de 320.000 reales) y que todo ocurrió de modo inusual y con la participación del propio presidente de la OAS, Leo Pinheiro (…). Existe la sospecha de que la reforma y los muebles constituyen sobornos de favores ilícitos de OAS en el esquema de Petrobras, empresa cuyos ejecutivos ya fueron condenados por corrupción y lavado de dinero en Lava Jato”.

“Surgieron fuertes indicios de pagos disimulados de aproximadamente 1,3 millones de reales de la empresa OAS en favor del expresidente, entre el 1/1/2011 y el 01/2016, para el amacenamiento de ítems retirados del Palacio de Planalto cuando terminó su mandato”.

Fuente: Agencias

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