Diputado propone investigar vínculo de dirigentes y políticos con los barras

Pablo Iturralde llamó al Parlamento a Bonomi y la Secretaría de Deporte de Presidencia

El diputado del Partido Nacional Pablo Iturralde tramitó en el Parlamento la citación al Ministerio del Interior y la Secretaría Nacional de Deporte -que depende de Presidencia- para analizar la situación de violencia en el fútbol uruguayo y proponer medidas urgentes que pongan fin al asunto. Le legislador aspira a que las comisiones de Constitución y Deporte se reúnan para recibir al ministro Eduardo Bonomi, luego de los graves incidentes registrados el fin de semana antes del inicio del partido clásico entre Peñarol y Nacional. Iturralde plantea que el campeonato Uruguay Especial debe suspenderse, o bien disputarse los partidos pendientes a puertas cerradas. Además, insiste con que la Policía debe ingresar a las tribunas para garantizar seguridad en los espectáculos deportivos.

En un comunicado, el legislador propone: "volver a ocupar las tribunas con personal policial en todos los partidos que sean necesario y los clubes no puedan hacerlo. Los mismos clubes deberán costear los gastos reales de disponer de los efectivos". Y recuerda: "en Europa la Policía se retiró de las tribunas luego de solucionar el problema, no antes como se pretende acá. En Chile el gobierno de Bachelet dio la orden de que la Policía vuelva a la tribuna en diciembre de 2015 luego de un intento fracasado de retirarse".

Iturralde dijo a El Observador que los dichos del presidente Tabaré Vázquez sobre los disturbios parecen de alguien que desconoce el problema. "¿Ahora lo viene a descubrir?", se preguntó.

Para el legislador es necesario abrir una investigación amplia para determinar responsabilidades a todo nivel, para que "caiga quien caiga". Entre otras cosas habla de dar a conocer escuchas telefónicas de dirigentes del fútbol y políticos, para confirmar o descartar su vínculo con la red de delincuentes que integran las barras.

En su convocatoria, Iturralde asegura también que el Ministerio del Interior y la Dirección Nacional de Deporte deben "dirigir, con todo el respaldo político, medidas drásticas y reales". "Hay dirigentes que no pueden por amenazas y otros que no quieren solucionar el problema del acceso de violentos a los partidos. Es un problema público que requiere de la intervención del Estado".


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