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Discapacidad y accesibilidad: palo propio en rueda ajena

La discapacidad aumenta más rápido de lo estimado por organizaciones internacionales. El crecimiento vertiginoso refleja una realidad incómoda y soluciones todavía parciales
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22 de julio de 2014 a las 15:45

Hace ocho años el drama anticipado por los especialistas se hizo realidad: el ámbito urbano acrecienta las dificultades de las personas con discapacidad y hasta aumenta su número. Pocos tomaron cartas en el asunto: hay casos alentadores y algunas demostraciones de voluntad de gobiernos que pecan de tímidas. A esos dos y a mí no; a vos, al más alto y al de pelo rizado tampoco, pero al de allá sí.

Él comparte casi todo con el resto: apaga su despertador a la mañana, sale a la calle y atraviesa su jornada diaria como todos pero con más obstáculos. Él, al igual que una de cada siete personas en el mundo, sufre de algún tipo de discapacidad. Del dicho al hecho hay un largo trecho pero, además, el mundo parece haber tomado el camino equivocado. Algo falla.

Si bien conviven varias condiciones para aumentar la inclusión y favorecer la igualdad de oportunidades, la realidad es cruel. Es cierto que cada vez recibimos más información y que eso es clave para la toma de decisiones. Es verdad que reconocer un error es el primer paso para cambiarlo y que enterarnos de las injusticias nos motiva a luchar para que se terminen. También es claro que “un pie más cerca” no implica que estemos a pocos pasos de hacerlo y esta diferencia es la que parece estar olvidada. Revisar las noticias, ver lo que comparten amigos en Facebook y escuchar los discursos de líderes políticos son actividades que parecen contactarnos, muy a menudo, con los conceptos de igualdad. Sin embargo, la temperatura no es lo mismo que la sensación térmica, y en este caso no tienen nada que ver.

En el mundo hay más de 1.000 millones de personas que conviven con alguna forma de discapacidad. Esto es el 15% de la población mundial. De ellas, entre 110 y 190 millones de personas acarrean dificultades considerables que les impiden vivir normalmente. Estas cifras arrojadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS) superan las estimaciones que se hicieron en 1970. El aumento se explica por cuestiones vinculadas a una longevidad mayor, a una esperanza de vida más elevada. Cuánto más se vive, más probabilidad se tiene de sufrir una discapacidad. Y es que casi todos los seres humanos padecerán de algún tipo de discapacidad transitoria o permanente en cierto momento de su vida, por ejemplo, al momento de la senilidad se experimentan dificultades en el cuerpo humano. De eso no hay escapatoria.

Sumémosle también que las enfermedades crónicas, tales como la diabetes, enfermedades cardiovasculares, el cáncer y los trastornos mentales han aumentado en los últimos años. Más allá de este panorama desalentador, hay cosas que se pueden hacer en función de esta materia, y por cierto se hacen.

Todos somos responsables

A diferencia de otras afecciones humanas, la discapacidad está determinada por las decisiones de terceros. La definición moderna de discapacidad incluye a personas con “deficiencias físicas, mentales, intelectuales o sensoriales a largo plazo y que al momento de interactuar con su ambiente encuentren barreras que impiden su participación total y efectiva en la sociedad, en las mismas condiciones que se les presentan a sus pares comunitarios”.

Si se desglosa el contenido de la definición, se detecta, además de una cuestión inherente al propio discapacitado, una incidencia determinante del ambiente que lo rodea. Es posible que no se pueda porque el cuerpo lo impide, pero también porque la voluntad de la población y los mandatarios que definen las políticas y reformas a realizar es vaga o nula. Cuantos más obstáculos haya en el entorno, más discapacitada se vuelve una persona. Esta definición tan abarcativa se encuentra en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD) aprobada el 13 de diciembre de 2006 en la sede de las Naciones Unidas en Nueva York; allí donde los representantes de los países hablan hacia el mundo con la pared de mármol verde de fondo. La CDPD, como norma jurídica universal, pretende garantizar los derechos de las personas con discapacidad en todo el mundo, pero principalmente busca cambiar la percepción del término y asegurar que las sociedades reconozcan que es necesario proporcionar a todos por igual una chance de vivir con la mayor plenitud posible. Una vez que la norma entró en vigencia, suplantó la Proclamación de 1981 del Año Internacional del Impedido realizado por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo que implicó, a su vez, un pasaje epistemológico del modelo médico al modelo social: dejar de ver a las personas con discapacidad a través de un parte médico, con los tabúes que los diagnósticos clínicos implican. Cambio de semántica, basta de eufemismos. A partir de ahora está prohibido escribir: “Asiento de lisiado” o “Estacionamiento para minusválido”.

Uruguay forma parte de los 150 países (hasta la fecha) que firmaron la CDPD y dentro de los 100 que aceptaron el Protocolo Facultativo, algo así como la ratificación de la Convención, es decir, la aceptación de las obligaciones jurídicas en virtud de lo estipulado en el tratado y la adaptación como legislación nacional (Ley 18.418, Ratificación de la Convención). El protocolo facultativo o la ley funcionan como garante para que las organizaciones civiles celen, velen o denuncien el incumplimiento de lo comprometido.

Nadie está a salvo

Existen visiones estereotipadas de que las personas con discapacidad son los ciegos, sordos y las personas que están en silla de ruedas. Sin embargo, la experiencia personal que provoca la interacción con el ambiente, con otras personas y con los problemas de salud provoca una enorme variabilidad en el tipo de desventaja que atraviesa el individuo. Además, la discapacidad es compleja y las intervenciones para superar las dificultades varían y dependen del contexto.

Las características de la discapacidad en cada país están afectadas por las tendencias particulares respecto a problemas de salud, factores ambientales y de otra índole, como accidentes de tránsito, catástrofes naturales, conflictos bélicos, tipos de alimentación o abuso de drogas. Por ejemplo, en Uruguay el índice de accidentes de tránsito es elevado. Según los datos que arroja la Unidad Nacional de Seguridad Vial (Unasev), en el primer trimestre de este año se registraron 5.430 siniestros de tránsito que dejaron un saldo de 4.518 levemente heridos y 782 gravemente heridos.

Si extendemos estas cifras a lo que resta del año, unas 21.200 personas sufrirán algún tipo de lesión. Entre tantas realidades, no se puede ignorar que en el mundo las personas con discapacidad tienen peores resultados sanitarios y académicos, además de una tasa de pobreza más alta. Y, como nadie asegura que la vida sea justa, también afecta de manera desproporcionada a las poblaciones más vulnerables: la discapacidad es mayor en los países con ingresos más bajos. Mujeres, adultos mayores, personas con sueldos bajos, sin trabajo o poca formación académica presentan una mayor prevalencia a la discapacidad. También los niños que nacen bajo techos pobres o que pertenecen a grupos étnicos minoritarios presentan mayor riesgo que los demás niños. El astrofísico Stephen Hawking menciona que “la discapacidad no debería ser un obstáculo para el éxito”. Sin embargo, la mayoría de las personas que la sufren dependen de los gobiernos, poseedores del poder y la influencia necesaria para cambiar esta realidad y facilitarles una vida mejor.

No todas son pálidas

Curitiba, la capital del estado de Paraná en Brasil, con aproximadamente 2 millones de personas, brilla en América Latina por sus políticas de accesibilidad, especialmente en el área de transporte. Los viajeros con discapacidad disponen de diferentes opciones de transporte público. Un vehículo de propósito múltiple que brinda un servicio de taxi adaptado con elevadores verticales, área de maniobras y espacio para dos sillas de ruedas. El servicio fue creado en 1991 y las compañías que los compraron se beneficiaron con la excepción de una ley impositiva. La tarifa es igual que la de taxis detenidos al grito o en las paradas. Las llamadas Líneas Directas, parte del transporte público de Curitiba, son otra opción para el pasajero que usa silla de ruedas, las madres con cochecitos de bebé o ancianos. En estos recorridos se paga la tarifa antes de que el pasajero suba al transporte colectivo y de esta manera se reduce el tiempo de parada. Los inquilinos de corta estadía ascienden y descienden por medio de una plataforma al mismo nivel. Todos los sistemas de movilidad pública en Curitiba forman parte de la Red Integrada de Transporte (RIT), la cual cubre cerca de 300 kilómetros de distancia e interconecta los distintos tipos de locomoción. La flota que opera está compuesta por 1.915 autobuses, de los cuales 1.830 son totalmente accesibles, ya que cumplen todos los requisitos que la legislación brasileña demanda. El objetivo es alcanzar el 100% del transporte público para este año 2014.

Esta ciudad es un ejemplo a imitar por su diseño y practicidad. Medellín ha intercambiado experiencias de programas de accesibilidad. También Montevideo ha intentado implementar ideas de la ciudad brasileña: el Corredor Garzón es un intento por efectuar políticas similares, aunque los resultados no fueron los esperados. También la accesibilidad puede ser una oportunidad. Argentina, por ejemplo, a través de su Ley Nacional de Turismo (Ley 25.997) propone en uno de sus artículos motivar la “eliminación de las barreras que impidan el uso y disfrute de la actividad turística por todos los sectores de la sociedad, incentivando la equiparación de oportunidades”. En la costa del país vecino, ciudades veraniegas –como Mar del Plata y Villa Gesell– presentan balnearios con sillas anfibias para que personas con movilidad reducida puedan disfrutar del mar y de la playa. Entre otras ciudades que facilitan el alojamiento de turistas con algún tipo de discapacidad se destacan Mendoza, San Martín de los Andes, Ushuaia, Gualeguaychú, Salta, Tucumán, Corrientes, Misiones, Entre Ríos, Buenos Aires, San Luis, Mendoza, San Juan, Neuquén y Chubut. Europa sin barreras Desde hace tres años, algunas ciudades de la Unión Europea participan en la premiación Acces City Award, un galardón a la metrópolis más accesible para las personas con discapacidad y de edades avanzadas.

Quienes compiten en este torneo deben contar con una población de más de 50 mil habitantes y presentar formalmente las actividades y estrategias que han diseñado para eliminar las barreras y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos. El fin que persigue la premiación es que las políticas de accesibilidad funcionen de inspiración para la comunidad europea; se imiten, avancen y mejoren la experiencia en beneficio de todos los ciudadanos. Se sueña con un continente sin barreras en el que una persona con discapacidad se pueda trasladar sin problemas desde el peñón de Gibraltar hasta los fiordos noruegos. Gotemburgo, la segunda ciudad sueca más importante, obtuvo el premio Ciudad Europea Accesible 2014.

Esta ciudad ocupó el puesto número uno en el podio por brindar viviendas accesibles a las personas con discapacidad, proporcionarles asistencia especializada a unos 300 centros de trabajo y abocarse sistemáticamente a mejorar las instalaciones públicas, así como a adaptar sus parques de atracciones, parques infantiles y su universidad local. En el 2013, la capital alemana fue la ciudad europea que logró el mayor reconocimiento. Berlín se destaca por el impulso estratégico a una política inclusiva en materia de discapacidad. En especial, se han valorado los esfuerzos para eliminar barreras y unir la ciudad, antes dividida por el muro que separaba al mundo. Los proyectos de reconstrucción que se han desarrollado han tenido en cuenta a las personas con discapacidad y el interés por garantizar su movilidad. Habrá que esperar hasta el próximo mes de diciembre para saber cuál es la ciudad europea que dedicó más esfuerzos por sus habitantes con discapacidad.

Desde la primera proclamación por la Declaración Universal de los Derechos humanos en la ONU (1948) a la Declaración Universal de los Derechos del Impedido (1971) tuvo que pasar mucha agua bajo el puente para evidenciar que no bastarían las mismas leyes para que este grupo de personas se encontraran en igualdad de condiciones. En esta materia, el ser humano va dando tímidos pasitos, quizá por miedo de pisar en falso o tal vez por no tener prisa alguna. En 2006, con la CDPD, el mundo ha avanzado principalmente en reconocer a los discapacitados como personas con igualdad de condiciones, y en dejar claro que además son los gobiernos y sus dependencias los que tienen que darles la posibilidad de ser libres e iguales en dignidad y derechos. Cambió el paradigma respecto a las actitudes y los enfoques. Se reafirma que todas las personas con todos los tipos de discapacidad deben poder gozar de todos los derechos humanos y libertades fundamentales que antes habían sido tan vulnerables. Ahora tenemos una brújula que nos lleva a puerto seguro. Si bien son muchos los esfuerzos que se hacen en Uruguay y el mundo, aún queda un largo camino por recorrer y quedan innumerables acciones por organizarse.

Hay que focalizar los esfuerzos y empujar hacia el mismo destino. Grandes prodigios del mundo que enorgullecen al ser humano, como las pirámides de Egipto, la construcción del canal de Panamá o el viaje a Luna, se lograron con la coordinación de no mucho más de 100 mil personas. Lo que las distinguió fue que todas las personas que participaron estaban abocadas a un mismo fin.

Calesita inclusiva

No solo los edificios y municipios se deben ocupar de la accesibilidad de las personas. Hace cuatro años se instalaron los primeros juegos inclusivos en el parque Rivera (exparque Durandeau) y en el parque Roosevelt. El eslogan bajo el que se difundieron fue “un lugar donde todos los niños puedan jugar”. Los juegos permiten que niños en sillas de ruedas puedan hamacarse o subirse a la calesita. La Intendencia de Montevideo se sumó a la campaña de juegos para personas con discapacidad que se inició en el área metropolitana y llamó a una licitación para la instalación de otros tres juegos y la adecuación de los parques infantiles. Se estima que aproximadamente el 18% de las personas con discapacidad son niños, adolescentes y jóvenes. La dificultad de movimiento es una de las incapacidades más habituales. Si bien la mayoría de los países tienen leyes que establecen cuáles inmuebles deben ser accesibles, no existen actualmente normas de similares características que se apliquen a plazas deportivas o parques infantiles públicos.

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