"Discrepo con prohibir celulares en la cárcel; se crea un mercado negro"

El nuevo director de las cárceles opinó que el sistema político debería invertir más en esta área porque el costo de no hacerlo lo termina pagando la sociedad
Gonzalo Larrosa definió su carrera en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) como "meteórica". Durante 20 años se desempeñó como policía, donde ocupó cargos en la Guardia Republicana, en la Jefatura de Policía de Montevideo y fue parte de la custodia del expresidente Jorge Batlle. Pero el 1º de mayo de 2015 asumió como jefe de área en el Comcar. "Venía con un bagaje de 20 años de servicio en la policía, pero en el instituto penitenciario no tenía experiencia ninguna", reconoció en entrevista con El Observador.

Eso no le impidió ascender como director de la cárcel de Canelones primero, para pasar luego al frente de la cárcel de Maldonado, y nueve meses más tarde quedar a cargo del Comcar, la prisión más grande y problemática del país. En marzo de este año,asumió como director del INR, luego de que Crisoldo Caraballo renunciara al cargo por diferencias con el funcionamiento del instituto y por la falta de recursos.

Para Larrosa, su formación como licenciado en Educación –carrera que estudió por "hobby" mientras trabajaba en la Republicana– fue clave para llegar a donde está ahora. "Tenemos que salir de la comodidad de lo políticamente correcto" dijo este policía que desconfía de la palabra "rehabilitación" y defiende la necesidad de habilitar el uso celulares en las cárceles del país. Larrosa también advirtió sobre los riesgos de no invertir en un sistema carcelario que en lugar de "inyectar dolor" de oportunidades.

¿Qué cosas pretende cambiar en su gestión al frente el INR?
Tenemos que trabajar sobre el hacinamiento, luchar para que los decisores políticos nos den las herramientas para tener más técnicos, cambiar la infraestructura y modificar el paradigma de cómo se encara el trabajo con los internos. Mi visión es que las cárceles no son cementerios donde la gente viene a morir, es un pasaje momentáneo, un obturador que te visibiliza al delincuente. La cárcel debe ser un lugar en el que el recluso tenga las mejores herramientas para poder encarar la vida de otra forma una vez que salga. No sé si se rehabilita o no se rehabilita, y creo que esa no debe ser la preocupación, sino más que nada darle herramienta para que pueda tener opciones.

Pero el Instituto se llama de "Rehabilitación"
No debería llamarse así. Si una persona tiene que rehabilitarse entonces que vaya al psicólogo, al psiquiatra, al médico, no a estar en un lugar de encierro. Para mí debería llamarse 'Instituto Nacional de Educación en Contexto de Encierro'. Todas las cárceles deben ser institutos de educación, porque esa es la única forma de que transformen algo. No parto del concepto de "rehabilitación", de que el Estado por unas técnicas te va a dar algo que te falta. A la gente lo que le falta son oportunidades.

¿Cómo se trabaja contra la estigmatización de los presos una vez que salen en libertad?
A veces me preguntan si los privados de libertad están listos para salir de la cárcel, pero en realidad la que no está preparada para recibirlos es la sociedad. Cuando la gente es enviada a la cárcel, lo primero que se piensa es que tienen que recibir un castigo. Es lo trágico de esta sociedad occidental: pedimos que las cárceles rehabiliten pero que al mismo tiempo inyecten una dosis de dolor, y el resultado de eso es crear personas peores. De esa forma estás deshumanizando y creando una bestia que ya odiaba a la sociedad y que la va a odiar más.

¿Cómo se combate la reincidencia en el delito que actualmente ronda el 60%?
Las cárceles están plagadas de gente pobre a la que le faltó oportunidades, pero también hay otros que tienen una forma de vida que por más que se les de oportunidades van a seguir en la delincuencia. La crisis del año 2001 y 2002, la que quebró el país y llevó a que la tasa de suicidios fuera histórica porque familias enteras quedaron desempleadas, no la provocaron 400 gurises delinquiendo en la calle. ¿A esa gente que estafó a miles de personas le faltó oportunidades? Por eso llevo a tensión la palabra rehabilitar. Pero es cierto que hay gente que sale y cambia su forma de vida. Ahora, si el sistema sigue perpetrando el encierro y la falta de oportunidades,obviamente que van a seguir delinquiendo.

¿Las cárceles uruguayas violan los derechos humanos?
Es una palabra fuerte. Cuando la decimos el sistema tiembla. Pero, pregunto: ¿Si una persona está hacinada, cómo lo llamamos? Hay que salir del espacio de la comodidad de lo políticamente correcto. Mientras existan lugares que deshumanizan entonces hay violación a los derechos humanos.
Por eso, tenemos que trabajar para que el Estado no viole los derechos humanos por omisión, y para que la cárcel sea un lugar de oportunidad y no de castigo.

¿Cómo se revierte eso?
Hoy se está caminando sobre un sistema que tiene deterioros históricos acumulados. Dentro de los lineamientos del Ministerio del Interior está trabajar en infraestructura, y con la cárcel de Participación Público Privada de Punta de Rieles, que va a empezar a funcionar en setiembre, se van a generar 2.000 cupos para internos. Eso va a descongestionar los lugares más embromados, como el Comcar y el Penal de Libertad. Entonces en 2018 el hacinamiento se va a terminar. Ahora si el nivel de prisionización sigue creciendo al ritmo que crece capaz que para 2020 estamos hablando de lo mismo.

¿Esa lógica de que las cárceles deben dar oportunidades y no ser lugares de castigo, fue asimilada por los funcionarios del INR?
Mucha gente que está en el sistema viene preparada y formada para ver al interno como un enemigo. Por eso damos una lucha de concientización y decimos que si nosotros nos seguimos parando desde el paradigma de que el otro es el enemigo no vamos a llegar a nada. Por suerte, tenemos una gran cantidad de funcionarios que tratan al privado de libertad como a un ser humano, un igual, y vemos que eso baja la tensión. Hoy estamos en un choque de dos paradigmas y el choque significa fricción, conflicto.

El Ministerio del Interior ha reconocido que hay grupos criminales que son controlados por personas que están en prisión ¿cómo es eso posible?
Las cárceles están en conexión con el mundo y la idea es que continúe así. En la cárcel el contacto con el exterior es un derecho, no se prohibe. A veces a la gente se le vende una falsa imagen de que el interno no se comunica y lo hace por carta, por teléfono tarjetero, con su abogado verbalmente, con sus familiares. Todo lo que tenga para decir lo va a seguir diciendo. El que es un capo de una organización la va a seguir dirigiendo desde la cárcel. Ahí es donde los servicios de información del Estado tienen que trabajar y poner su acento en cómo neutralizar el accionar de quienes dirigen acciones delictivas. Pero no todos los 11 mil presos del sistema hacen esto. Es un grupo. De hecho yo estoy en contra de la prohibición de los celulares en la cárcel. Eso crea un mercado negro ¿Si la comunicación no está prohibida, por qué prohibir los celulares? Sin embargo nos empecinamos en no reconocer una realidad del sistema. Tenemos funcionarios que venden celulares a los presos, tenemos presos para quienes el celular es un medio de soborno.

El Ministerio del Interior tiene previsto colocar bloqueadores de señales de celulares en la nueva cárcel de Participación Público Privada de Punta de Rieles, y lo ha anunciado en otros centros de detención. ¿Tiene previsto rever esa decisión?
Es una discusión que estamos dando en cárceles. Yo tengo la posición y lo he planteado claramente. Yo entiendo que poner bloqueadores si hay teléfonos tarjeteros no va a cambiar nada. Lo único que hacemos es que empresas privadas facturen cierto dinero. Creo que las cárceles si uno se come algunos paquetes que nos venden terminan siendo funcionales para que mucha gente coma de la miseria de otros. Detrás de los presos hay una industria de la que otros se benefician.

Varios operadores judiciales han dicho que a través de aplicaciones como Whatsapp se puede burlar los métodos de escucha de la policía. ¿No se le estaría abriendo la puerta a que usen estos celulares con ese fin?
Por eso digo que hay que regular qué tipo de celular le vamos a dejar tener. Soy partidario de que se habiliten ciertos modelos. Hay que ser original en las medidas. Tenemos que reconocer la realidad.

La pasada semana el comisionado parlamentario, Miguel Petit, denunció un caso en el que se constató que en el Módulo 8 del Comcar había cuatro presos que mostraban signos de desnutrición. A su vez un informe de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo (INDDHH), señaló que la comida servida en la cárcel de Los Rosas es "poca" y de "mala calidad". ¿Qué ocurre con la alimentación en esos centros?
Debido a la cantidad de denuncias que recibimos por problemas con la comida estamos haciendo auditorías en ambos centros. Los alimentos están, el problema es la distribución. Estos alimentos se pueden ir con funcionarios, o con los presos, estamos auditando.

Hoy en día en las cárceles los internos son quienes distribuyen la comida, porque no hay suficientes funcionarios para esa tarea. Esto es algo que tenemos que cambiar porque este sistema le entrega cuotas de poder al preso que determina a quien le da más y a quien le da menos. Vemos que en casos donde hay problemas de alimentación la comida llega a la celda y se le entrega a los presos, pero ellos después determinan quién come y quién no.

Esto es lo que ocurrió en el caso del Comcar. En las Rosas estamos auditando para ver qué pasa con los alimentos. A veces unos comen más y otros comen menos porque llegan y uno en lugar de comer dos platos se come cinco. Si la comida no llega también tiene que ver con que para controlar la cadena de distribución de los alimentos tengo que tener gente controlando.

El 2016 fue un año record en homicidios en cárceles ¿tiene que ver con esa falta de funcionarios que usted menciona?
Tiene mucho que ver con la falta de personal. Si los internos se enfrentan en un patio y no tengo funcionarios vigilando, porque están acompañando a los privados de libertad para que los vea un abogado, dando la medicación a los internos, o vigilando donde se imparten cursos, entonces no puedo impedir que se lastimen. De todas formas, en lo que va de este año llevamos cuatro homicidios, cuando en 2016 a la misma altura del año y con 1.000 presos menos y teníamos 8 homicidios.

Para tener más personal y mejor infraestructura se necesita mayor presupuesto, y según dijo el ministro del Interior, Eduardo Bonomi, la cartera no solicitará más rubro en la rendición de cuentas. ¿Cómo piensa modificar esa realidad con el mismo presupuesto?
Sabemos que no va a haber más incremento de gasto para el Ministerio del Interior, así que hay que ser creativo para hacer cosas con lo que se tiene y optimizar el gasto. Pero también estamos peleando para tener más recursos.

El anterior director del INR, Crisoldo Caraballo, renunció justamente por falta de recursos...
Respeté la decisión de mi compañero cuando se fue y le pedí que quede porque entiendo que la lucha se da dentro de las instituciones. Como funcionario tengo que administrar los recursos escasos que me da el Estado y tensionar para lograr tener más. Administrar no es el arte de hacer lo que uno quiere, sino de lo que uno puede, y eso está sujeto a los recursos.

Existen experiencias a replicar dentro del INR
Sí, en el Comcar, por ejemplo, tenemos el cielo y el infierno. Sectores muy embromados y sectores muy bien. El polo industrial del Comcar le da trabajo a 600 internos de los más de 3.000 que tiene esa cárcel. Además, en Punta de Rieles tenemos un centro en el que hay polos de trabajo y oferta socioeducativa. ¿Eso es reproducible? Claro que sí, con las mismas condiciones materiales. En Punta de Rieles, por ejemplo, tengo 600 internos en varias hectáreas con 150 operadores y 100 policías. En el módulo 8 del Comcar, uno de los más embromados, tengo 700 presos con 20 funcionarios. Es la misma población pero en condiciones completamente distintas. En ese módulo del Comcar hay una reincidencia de más del 60%, en Punta de Rieles es del 5%. En uno prevalece el encierro, en el otro no. Es cierto que el costo de sostener un Punta de Rieles es mayor que el del módulo 8, pero a la larga es más barato. En lugares donde hay hacinamiento el que entra por una rapiña y sale, vuelve por un homicidio, y eso para la sociedad termina siendo mucho más caro. Nuestro sistema político tiene que incrementar los rubros en el INR porque la sociedad termina pagando los costos más altos.

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