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Diseñan nuevo organismo para el combate del lavado de dinero
Se encargará de supervisar a escribanos, inmobiliarias y zonas francas
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18 de agosto de 2015 a las 05:00
Existen dos organismos encargados de supervisar los controles antilavado de dinero: el Banco Central del Uruguay vigila a la plaza financiera, y la Auditoría Interna de la Nación (AIN) a los escribanos, las inmobiliarias, los casinos y las zonas francas, entre otros. Pero la AIN no tiene personal suficiente para realizar esa tarea, lo que genera que los controles no se cumplan. Para ajustar ese problema, la Secretaría Antilavado envió a Presidencia de la República una propuesta para crear un nuevo organismo que supervise los controles que deben realizar escribanos, inmobiliarias y zonas francas.
Si una operación genera sospechas de lavado de dinero, esos profesionales y entidades están obligados por ley a presentar reportes ante el Banco Central. Sin embargo, los reportes han sido muy escasos. En la última década, los casinos presentaron 33 reportes ante el Banco Central; los escribanos 16; los administradores de sociedades 10; las inmobiliarias y los intermediarios, cuatro; los vendedores de antigüedades y objetos de arte, uno. Los rematadores y las zonas francas no han presentado ni un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de dinero en la última década.
Mientras que el sector no financiero, supervisado por la AIN, presentó 64 reportes en los últimos 10 años, el sector financiero, controlado por el Banco Central, presentó 1.846. Luego de estudiar cada reporte, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero denunció 68 casos ante la Justicia en la última década.
En el gobierno coinciden en que la escasez de reportes en el sector no financiero se debe a que la AIN no tiene capacidad para supervisar, para detectar a quienes incumplen y para proponer sanciones, como la que recibieron el escribano y el agente inmobiliario que participaron de la venta del campo El Entrevero, en José Ignacio.
El diputado Alfredo Asti, del Frente Amplio, advirtió incluso que la AIN ni siquiera puede cumplir con el control de los balances de las cooperativas y las sociedades anónimas, otro de sus cometidos. "Sé que algún colega, compañero de mi partido, se va a enojar por lo que voy a decir: tenemos una debilidad, la Auditoría Interna de la Nación, que no tiene los recursos suficientes para encarar un verdadero control de las personas jurídicas, fundamentalmente, en las sociedades comerciales", reconoció Asti el jueves en la Comisión Especial de Lavado de Activos.
La falta de capacidad de la AIN para controlar ha sido señalada en varias oportunidades. La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) expresó en noviembre que la AIN "muestra una extremada debilidad institucional en materia de contralor".
Como nadie supervisa a quienes deben controlar en el sector no financiero, ciertas operaciones se convierten en tierra fértil para el lavado y el país entra así en zona de peligro.
Uruguay recibirá en 2017 una inspección internacional sobre su sistema de controles antilavado. Con este escenario, el país corre el riesgo de caer en una de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), "lo que conllevaría a que todas las transacciones financieras y de bienes realizadas con el exterior sean castigadas a través del costo que acarrea la realización de la debida diligencia intensificada por parte del país que actúe como contraparte", explicó el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, el jueves en el Parlamento.
Para evitar esta sanción de GAFI, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (integrada por representantes de varios ministerios y de unidades estatales vinculadas a la temática) resolvió el 21 de julio enviar a Presidencia de la República una propuesta para crear un nuevo organismo especializado en el control antilavado del sector no financiero, que reemplace a la AIN, informó Díaz el jueves, como revela la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
"Resulta imprescindible que este tema sea llevado adelante por una organización cuya función exclusiva sea el enfrentamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con un régimen de desempeño en dedicación exclusiva e incompatibilidades y con una jornada diaria de 8 horas de trabajo para sus funcionarios, cuyo desempeño deberá ser evaluado anualmente en atención a metas y compromisos de gestión individuales y grupales", expresó Díaz. "Esperamos (que la propuesta) sea considerada en el próximo Presupuesto", agregó.
Si una operación genera sospechas de lavado de dinero, esos profesionales y entidades están obligados por ley a presentar reportes ante el Banco Central. Sin embargo, los reportes han sido muy escasos. En la última década, los casinos presentaron 33 reportes ante el Banco Central; los escribanos 16; los administradores de sociedades 10; las inmobiliarias y los intermediarios, cuatro; los vendedores de antigüedades y objetos de arte, uno. Los rematadores y las zonas francas no han presentado ni un Reporte de Operación Sospechosa (ROS) de lavado de dinero en la última década.
Mientras que el sector no financiero, supervisado por la AIN, presentó 64 reportes en los últimos 10 años, el sector financiero, controlado por el Banco Central, presentó 1.846. Luego de estudiar cada reporte, la Unidad de Investigación y Análisis Financiero denunció 68 casos ante la Justicia en la última década.
En el gobierno coinciden en que la escasez de reportes en el sector no financiero se debe a que la AIN no tiene capacidad para supervisar, para detectar a quienes incumplen y para proponer sanciones, como la que recibieron el escribano y el agente inmobiliario que participaron de la venta del campo El Entrevero, en José Ignacio.
El diputado Alfredo Asti, del Frente Amplio, advirtió incluso que la AIN ni siquiera puede cumplir con el control de los balances de las cooperativas y las sociedades anónimas, otro de sus cometidos. "Sé que algún colega, compañero de mi partido, se va a enojar por lo que voy a decir: tenemos una debilidad, la Auditoría Interna de la Nación, que no tiene los recursos suficientes para encarar un verdadero control de las personas jurídicas, fundamentalmente, en las sociedades comerciales", reconoció Asti el jueves en la Comisión Especial de Lavado de Activos.
La falta de capacidad de la AIN para controlar ha sido señalada en varias oportunidades. La Asociación de Bancarios del Uruguay (AEBU) expresó en noviembre que la AIN "muestra una extremada debilidad institucional en materia de contralor".
Como nadie supervisa a quienes deben controlar en el sector no financiero, ciertas operaciones se convierten en tierra fértil para el lavado y el país entra así en zona de peligro.
Uruguay recibirá en 2017 una inspección internacional sobre su sistema de controles antilavado. Con este escenario, el país corre el riesgo de caer en una de las listas del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), "lo que conllevaría a que todas las transacciones financieras y de bienes realizadas con el exterior sean castigadas a través del costo que acarrea la realización de la debida diligencia intensificada por parte del país que actúe como contraparte", explicó el secretario nacional antilavado, Carlos Díaz, el jueves en el Parlamento.
Para evitar esta sanción de GAFI, la Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo (integrada por representantes de varios ministerios y de unidades estatales vinculadas a la temática) resolvió el 21 de julio enviar a Presidencia de la República una propuesta para crear un nuevo organismo especializado en el control antilavado del sector no financiero, que reemplace a la AIN, informó Díaz el jueves, como revela la versión taquigráfica a la que accedió El Observador.
"Resulta imprescindible que este tema sea llevado adelante por una organización cuya función exclusiva sea el enfrentamiento del lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, con un régimen de desempeño en dedicación exclusiva e incompatibilidades y con una jornada diaria de 8 horas de trabajo para sus funcionarios, cuyo desempeño deberá ser evaluado anualmente en atención a metas y compromisos de gestión individuales y grupales", expresó Díaz. "Esperamos (que la propuesta) sea considerada en el próximo Presupuesto", agregó.
