Distorsión en servicios públicos

Las tarifas deben establecerse en función de las capacidades de las empresas y no de las necesidades de caja

La relación equilibrada entre calidad y tarifas de los servicios públicos caracteriza a países más ordenados que Uruguay, donde el funcionamiento de las empresas estatales, total o parcialmente monopólicas, ha sido distorsionado a lo largo de los años por ineficiencias operativas, manotazos gubernamentales de caja y utilización politizada. La situación no es culpa exclusiva del Frente Amplio. Desde mucho antes, bajo diferentes gobiernos hubo malos negocios, falta de inversión y una excesiva relación con Rentas Generales para apuntalar la caja gubernamental. Y es una vieja historia utilizar los cargos de dirección para cumplir con amigos partidarios o compensar a candidatos frustrados.

Pero este panorama se agravó desde que la alianza de izquierda llegó al poder. ANCAP se convirtió en el peor ejemplo de despilfarro y pobreza de gestión, sin control de cuantiosos gastos injustificados, una refinería operando con productividad negativa y sostenida incursión en áreas deficitarias, como el cemento, los alcoholes y hasta la perfumería. Recién después de que estalló el escándalo y fue necesario volcar US$ 622 millones de recursos fiscales para cubrir pérdidas, la administración Vázquez terminó con la conducción política y puso al frente a técnicos que han iniciado la tarea cuesta arriba de poner orden. Las excepciones fueron UTE y ANTEL gracias a una dirección más eficiente que condujo al desarrollo de fuentes alternativas de energía limpia, especialmente eólica, y la parcial apertura de viejos monopolios en el área energética y de comunicaciones, donde ahora estamos en la avanzada de América Latina, así como en los seguros y el correo. Pero los problemas persisten en OSE que, desde la disparatada reforma constitucional que le dio propiedad exclusiva sobre el agua, no logra asegurar el abastecimiento futuro de agua potable para la población.

Las mejoras logradas en algunas de las empresas, sin embargo, son anuladas en gran parte por la decisión gubernamental de utilizarlas como fuentes de financiamiento para aliviar los ahogos del gobierno por el desmedido gasto público de las dos primeras administraciones frenteamplistas. Este desvío de la relación entre calidad y tarifas tuvo su más reciente evidencia en los aumentos que rigen desde el 1º de enero, por encima en todos los casos de los requerimientos operativos de las empresas públicas, para incrementar en US$ 440 millones sus aportes a la bolsa gubernamental durante el actual período. La explicación oficial de que es necesario para cumplir la meta del gobierno bajar más de un punto el déficit de las cuentas públicas del 3,7% del Producto Interno Bruto no esconde la realidad del defectuoso manejo fiscal en los años anteriores.

En naciones avanzadas, como Chile, Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países de Europa y Asia, muchos servicios públicos están a cargo de eficientes empresas privadas. En Uruguay esa perspectiva es anatema, y no solo para la izquierda, lo cual la descarta en el futuro previsible. Pero es necesario un profundo cambio conceptual, como aconsejan reputados técnicos y economistas, para que las empresas estatales brinden servicios de buena calidad y a tarifas razonables, sin convertirse en caja de recaudación para el gobierno central. Las tarifas deben establecerse en función de las capacidades de las empresas y no de las necesidades de caja. Obviamente ello jamás se logrará si no se empieza por la descuidada necesidad de prudencia fiscal de los gobiernos.


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El Observador

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