Distribuidoras privadas rechazan el nuevo régimen que fijó ANCAP

Ente petrolero está firme en su postura; Petrobras reclama abrir diálogo
Luego de mantenerse al margen de la discusión que se destacó entre ANCAP y la gremial de los estaciones (Unvenu) por los cambios que anunció el ente petrolero en el régimen de bonificaciones para la comercialización de combustibles, las distribuidoras privadas (Petrobras y Axion) se sumaron al conflicto y se niegan a aceptar el nuevo modelo propuesto. El contrato que ANCAP tiene con las distribuidoras cae el jueves. Caducado ese plazo, las distribuidoras privadas deberán aceptar las nuevas condiciones que definió el ente o directamente dejar de prestar ese servicio. "Esas son las dos opciones que hoy están sobre la mesa", aseguró una fuente oficial a El Observador.

En caso que la brasileña Petrobras y Axion (ESSO) no acepten las nuevas condiciones que fijó ANCAP para el régimen de distribución y continúen brindando el servicio a las estaciones de su sello, será interpretado "de facto" como que ambas compañías aceptaron las condiciones que resolvió instrumentar el Poder Ejecutivo, informó una fuente de ANCAP.

La distribuidora de ANCAP (Ducsa) aún no firmó el nuevo contrato pero lo hará en cuestión de horas, ya que es una "mera formalidad", explicaron las fuentes a El Observador.

Hasta ayer, las distribuidoras Petrobras y Axion estaban firmes en su postura de no convalidar el nuevo esquema que ANCAP hizo público hace tres semanas. De hecho, enviaron una serie de cartas por separado a distintos ministerios (Industria, Relaciones Exteriores y Economía) marcadas con un tono de "tensión" y disconformidad por el camino "unilateral" que el gobierno tomó para modificar el esquema de la distribución de combustibles sin su participación.

Consultado por El Observador el director de la oposición en ANCAP, Diego Labat, dijo que aspiraba a que se pueda generar un "ambiente de diálogo e intercambio" entres la partes para buscar una fórmula que haga posible instrumentar el cambio del modelo de distribución. En ANCAP se entiende que el organismo obró de "forma transparente", ya que oportunamente había denunciado con 90 días de antelación el contrato actual para que su renovación no se llevara a cabo. "Acá nunca hubo nada oculto", aseguró una fuente.

Descartan desabastecimiento

Mañana miércoles está previsto que la Federación de Trabajadores de ANCAP (Fancap) haga un paro por los cambios que prevé instrumentar el Ejecutivo en su régimen de cobertura de salud y la incertidumbre que gira sobre el negocio de la división Pórtland, lo que impedirá el despacho de combustibles de la refinería de La Tablada para todas las distribuidoras. Al día siguiente, se dará por finalizado el contrato actual de ANCAP con las distribuidoras. Por lo tanto, de no surgir avances existe una posibilidad de que las estaciones de Petrobas y ESSO puedan tener problemas de desabastecimiento en estos sellos.

Sin embargo, desde ANCAP se indicó que están "tomando los recaudos" del caso y que no habrá problemas para que las 288 estaciones –equivalen al 60% de las 477 estaciones de todo el país– con el sello del ente estatal que son abastecidas por Ducsa puedan atender las demanda de combustibles que eventualmente no puedan cumplir los sellos de Petrobras y ESSO.

En tanto, fuentes de Petrobras Uruguay comentaron ayer que la distribución de combustibles "se realiza en forma normal" en sus 88 estaciones de servicio de todo el país y refuerza su compromiso con sus clientes.

"Petrobras mantiene su disposición al diálogo con las autoridades de ANCAP para analizar en conjunto los ajustes propuestos por el ente a la distribución de combustibles y así lograr alcanzar un acuerdo que contemple las necesidades de todos quienes participan en la cadena de distribución de combustibles", señala el comunicado".

La compañía brasileña ratificó que su postura fue expresada por medio de una carta que fue enviada a las autoridades de ANCAP con copia "a altas autoridades gubernamentales" con competencia sobre los sectores involucrados. "Petrobras Uruguay confía que las autoridades de ANCAP consideren favorablemente la solicitud de que se instaure un ámbito de diálogo previo efectivo sobre las alteraciones del sector de distribución, asegurando los tiempos razonables para la adaptación a las nuevas reglas que sean consensuadas", planteó.

El nuevo modelo que quiere instrumentarse

El pasado 10 de noviembre, el Poder Ejecutivo dio algunos detalles del nuevo modelo que ANCAP –por medio de Ducsa– llevará adelante para la comercialización y distribución de combustibles a partir del próximo año. El margen (ganancia) que percibirán los estacioneros se otorgará en tres franjas en función de los volúmenes de comercialización, y se liberará el precio luego de la boca de salida de la refinería de la La Teja para las distribuidoras, pero se mantendrá tarifada la venta al público. Este cambio permitirá reducir en 10% (unos US$ 36,2 millones) los costos de distribución y comercialización que alcanzan los US$ 362 millones anuales.

El margen para las estaciones asciende a US$ 273,2 millones por año. Por cada litro de gasoil y nafta comercializado perciben en promedio $ 4,887. Con el nuevo esquema, ANCAP resolvió que Ducsa eleve esa ganancia para los primeros 30 mil litros mensuales que reciban las estaciones para cada combustible (gasolinas y gasoil). Eso beneficiará a unas 60 estaciones en todo el país. En tanto, aquellas que comercializan entre 30 mil y 150 mil litros mantendrán en esa franja el mismo margen –lo que involucra a un universo de 250 a 300 estaciones–, mientras que aquellas que comercializan por encima de 150 mil litros mensuales –unas 170 bocas– verán reducidos sus márgenes en las ventas que superen ese volumen.

La ministra de Industria, Carolina Cosse, declaró a la prensa en esa oportunidad que espera que el rol de la distribuidora Ducsa –propiedad de ANCAP– opere como un "ancla" para la forma de operar del resto de los sellos (ESSO y Petrobras). "Cambiar de sello es una de nuestras propuestas para balancear el poder de las distribuidoras. Nuestro objetivo es buscar un modelo equilibrado", había acotado la presidenta de ANCAP, Marta Jara.

Estaciones impugnan multas por el paro

La Unión de Vendedores de Naftas (Unvenu) comenzó a recibir las primeras notificaciones con las multas que les hizo llegar ANCAP por el no despacho de combustibles al público en general durante el paro realizado el 21 y 22 de noviembre. Sin embargo, la única gremial que agrupa a las estaciones de servicio cuestiona la legalidad de la sanción que pretende imponer el ente petrolero, por lo cual recurrirá esa determinación. Los asesores legales de la Unvenu consideran que ANCAP viola el derecho constitucional ejercido legítimamente a la protesta. "Si la estación hubiera cerrado por una decisión personal, la cláusula señalada por ANCAP sí sería de aplicación, pero no fue el caso", indicaron desde la Unvenu. Los titulares de las estaciones van a oponer la excepción de contrato no cumplido por parte de ANCAP ante la modificación de las pautas, porque considera que el ente pertrolero estaría siendo "juez y parte" al aplicar la multa.

Por otro lado, no se detalla el cálculo de la multa, se hace diferencia por sello, y en algunos casos se toma como base la bonificación y en otros las ventas con la variación del monto que genera, denuncia la gremial. Por ese motivo, la Unvenu tiene previsto impugnar el acto ante ANCAP. En caso que el ente lo mantenga, se recurrirá ante el Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA). En el interín –el TCA suele demorar unos dos años en resolver– se podrá solicitar la suspensión de la ejecución del acto administrativo que tomó ANCAP hasta tanto se dirima si corresponde o no aplicar la sanción económica a los estacioneros que realizaron el paro.

Descuelgue salarial

Por otro lado, ante la pérdida de rentabilidad que le provocó un congelamiento en agosto pasado del margen que perciben por la venta de combustible, la Unvenu pidió ante el Ministerio de Trabajo el descuelgue del convenio salarial que está vigente desde fines del año pasado. La gremial alertó que están en riesgo parte de los 8.400 puestos de trabajo del sector.



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