Docente ofrece a Vázquez trabajo comunitario a cambio de medicamentos para el cáncer

Tiene 32 años, cáncer de mama y en julio le fue suspendida la entrega gratuita de un medicamento de alto costo para su tratamiento. Como última alternativa para lograr acceder a la medicación le ofreció al presidente Tabaré Vázquez pagar parte de las dosis con trabajo comunitario. La abogada de la paciente, Carolina Rebagliatti, asegura que el Ministerio de Salud (MSP) lleva dos meses sin darle una respuesta concreta sobre si seguirá proporcionando un medicamento que, según la jurista, tiene eficiencia probada en mejorar la sobrevida de la mujer.

El caso ocurre en medio de una disputa entre el Frente Amplio y la oposición por el suministro de medicamentos de alto costo que tensó el debate presupuestal. Incluso el líder del Partido Nacional, Luis Lacalle Pou, le solicitó a Vázquez que retire del Presupuesto los artículos que regulan la entrega de medicamentos costosos, lo cuál fue negado (ver nota aparte).

El esposo de la paciente envió el 5 de octubre una carta a Vázquez para informarle que a su pareja le diagnosticaron cáncer de mama Her2+ en 2011 y que en ese momento le hicieron una mastectomía parcial de mama. También le practicaron 35 sesiones de radioterapia y quimioterapia (Docetaxel y Trastazumab) por un año.

Agregó que en 2014 la mujer fue diagnosticada por segunda vez y allí la pareja –que tiene un hijo de siete años– recurrió a "lo último que se había descubierto sobre el cáncer de mama Her2+", un compuesto de medicamentos donde se le agrega Pertuzmab al Docetaxel y Trastazumab.

La abogada de la enferma dijo a El Observador que se trata de un cáncer más agresivo de lo normal que necesita una combinación de los tres medicamentos para bloquear las hormonas. Ejemplificó que si falta alguno de los tres "el bloqueo queda rengo".

La carta enviada a Vázquez advierte que la medicación tiene un costo de $ 105.000 por dosis. "Estas se dan cada 21 días , lo que nos lleva a un gasto mensual de

$ 150.000", dice la misiva.

"Como nos era imposible asumir dicho tratamiento por su alto costo, recurrimos a un recurso de amparo, el cual se ganó en primera instancia, logrando que se le administraran 4 dosis del Pertuzumab ( nombre comercial Perjeta ), mostrando un excelente resultado, ya que la tomografía que se le hizo en el mes de agosto de 2015 mostró una significativa disminución del tamaño de los tumores. Por desgracia el Ministerio apeló, lo que resultó en que le retiraran la medicación y por ende las consecuencias han sido muy negativas", continúa el relato.

Al final de la carta, la pareja ofrecer pagar parte del tratamiento según sus posibilidades económicas y la diferencia "costearla ya sea con trabajo comunitario o como el gobierno vea conveniente".

Consultada por El Observador, la abogada de la pareja afirmó que tras la suspensión del suministro inició sin éxito una instancia de conciliación y además solicitó que se vuelva a otorgar las dosis. Rebagliatti señaló que ante la demora en la respuesta sus defendidos y ella optaron por iniciar gestiones ante Vázquez y la secretaría del ministro de Salud, Jorge Basso.

"Me dicen que hace un mes lo está evaluando quien los asesora a ellos desde el punto de vista técnico, que es la grado 5 de la cátedra (de Facultad de Medicina), pero el otro día fui a ver si se había expedido y me dicen que se fue a un congreso. Es una cosa tremenda", sostuvo la abogada.

La catedrática es Lucía Delgado, que a su vez preside el Fondo Nacional de Recursos, el organismo que administra el financiamiento de algunos tratamientos.

El Observador consultó ayer al Ministerio de Salud sobre el caso pero no obtuvo una respuesta concreta.

Los denunciantes advierten que poseen tomografías que muestran la mejora de la paciente cuando se le practicó el tratamiento. El esposo de la docente también alegó en la carta que el medicamento fue probado científicamente, que no existe un medicamento sustituto a menor precio, y que el tratamiento aumenta la sobrevida del paciente "casi a los dos años". Según dijo, esos tres argumentos fueron expuestos por el exdirector oficialista de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), José Gallo, como requisitos para ofrecer estos tratamientos.