Domésticas y rurales, el último escollo de la inclusión financiera

Darán por ley un plazo mayor a ese sector al previsto
¿Cómo saco la plata de un cajero? ¿Y si después la máquina se me queda con el sueldo? ¿Las monedas nunca te las va a dar? ¿Si trabajo por día, no voy a poder cobrar en el momento? Esas son algunas de las preguntas que se hacen muchos de los 230 mil trabajadores del sector doméstico y rurales antes de hacer uso del derecho sin costo que les dio la ley de inclusión financiera, de cobrar su salario con a través de una tarjeta de débito asociada a una cuenta bancaria o con los plásticos que otorgan los emisores de dinero electrónico.

Ese es "el corazón" de la ley de inclusión financiera y por tanto el gobierno deberá encontrar una respuesta para que todos los ciudadanos del país estén en igualdad de condiciones.

La obligatoriedad de pagar los salarios a través de medios electrónicos está vigente para todo el país desde el pasado 1° de octubre. Solo en caso que patrón y trabajador firmen por escrito que están de acuerdo en mantener su régimen actual de pago en efectivo, se puede seguir por unos meses más con el uso de dinero, aunque ese pacto puede caer cuando cualquiera de las partes decida que le es más conveniente apelar a una tarjeta. Ese plazo caducará el próximo 30 de abril: a partir de mayo de 2017 todos los trabajadores deberían cobrar sus haberes a través de un plástico.

Sin embargo, el Poder Ejecutivo y el Parlamento coincidieron en aprobar una ley para postergar esa obligatoriedad para las pequeñas localidades del interior profundo, destinado a los trabajadores rurales que aún no cuentan con puntos de extracción de dinero con medios electrónicos. Pero también se atenderá la situación de las trabajadoras del sector doméstico, adelantó a El Observador el coordinador de la ley de inclusión financiera, Martín Vallcorba. El asesor del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) comentó que esa iniciativa se incluirá dentro de un nuevo proyecto de ley más amplio que su cartera ultima con otros pequeños ajustes, como el impedimento a que los comercios que aceptan débito fijen un monto mínimo para aceptar transacciones.

Vallcorba indicó que el MEF entendió que debía "contemplar" la situación del servicio doméstico dando un plazo mayor (aún no definido) para que sea obligatorio el pago con medios electrónicos, porque en este caso puntual es una familia y no una empresa la que contrata el servicio. Explicó que en el primer caso, los hogares empleadores están "un escalón más bajo" y "menos familiarizados" con los pagos electrónicos como sí puede estarlo un comercio a través de los vínculos que genera con sus proveedores.

Vallcorba indicó que el espíritu de dar "un poco más de tiempo" apunta a que todas las familias o particulares que contratan servicio doméstico puedan estar familiarizadas con transferencias electrónicas de dinero por medio de un celular, computadora, una tablet del Plan Ibirapitá o una ceibalita. "Es un cambio cultural grande", reconoció Vallcorba.

"Nos parecía importante dar un poco más de plazo para adaptarnos a los medios de pagos electrónicos", dijo Vallcorba.

Concientización obrera

El Sindicato Único de Trabajadores Domésticas está en pleno proceso de "concientización" para persuadir a todas las empleadas del sector que accedan a cobrar sus haberes diarios, semanales o mensuales a través de un tarjeta de débito o prepaga, según la dirigente sindical Daniela Marín.

Al cierre del año pasado, el BPS tenía a unos 73 mil cotizantes del sector doméstico registrados, pero aún se mantiene un elevado porcentaje de empleo informal. Según la encuesta del INE, en el promedio del año móvil a agosto, el sector doméstico generaba empleo para 116 mil trabajadores.

El sindicato de las domésticas sabe que la principal barrera para dejar el efectivo y utilizar dinero electrónico está dentro de sus propias filas y depende de una "posición personal de cada uno", reconoció Marín. Argumentó que más allá de la "mayor seguridad que puede implicar hoy dejar de andar con dinero en efectivo, también es una manera "de controlar que los patrones hagan los aportes reales al BPS". Esto porque muchas veces se declara ante los organismos de seguridad social un salario inferior al que efectivamente cobra la trabajadora, una práctica habitual que también suele darse en el medio rural. "Esta es una herramienta muy importante para la formalización del mercado de trabajo", acotó Vallcorba.

En la otra vereda, la gremial que oficia como patronal en los Consejo de Salarios del sector doméstico tiene una posición bastante crítica con la obligatoriedad de pagar los salarios por medio de una tarjeta. La presidenta de la Liga de Amas de Casa, Mabel Lorenzo, dijo que la disposición "no le ha resultado muy simpática" porque muchas trabajadoras cobran por día y en más de un domicilio por jornada.

"Está la costumbre del pago diario. Varias (trabajadoras) han expresado que quieren seguir cobrando de esa manera porque tienen el dinero en la mano para hacer frente a sus gastos diarios", explicó. Dijo que por eso hoy la mayoría de las trabajadoras "no está solicitando" cobrar con tarjeta aprovechando el plazo que tiene disponible y que será prorrogado. Por el lado del empleador, Lorenzo dijo que la ley de inclusión financiera "no es práctica" porque un número importante de empleadores son adultos mayores que no están familiarizados con los pagos por medios electrónicos, y dice que temen por los riesgos que implica hacer depósitos a través de un cajero automático.

En el campo

Para la dirigente sindical del gremio de los trabajadores rurales, María Flores, la tarea que tiene pendiente para incentivar que los empleados del campo acepten cobrar su salario por una tarjeta "no es nada sencilla". Así como ocurre con las domésticas, el factor cultural parece ser el principal obstáculo a vencer. "Hay trabajadores que directamente se han negado a cobrar con una tarjeta. No es un problema exclusivo del patrón", reconoció la sindicalista.

En el medio rural, parte de los asalariados acostumbran a cobrar el mes o la quincena cuando ven a su patrón los días viernes o sábados. Esto porque es común que luego aprovechen y se tomen sus cuatro días libres mensuales para ir a la ciudad.

"Tenemos que intentar llegar a la cabeza de esos trabajadores y convencerlos que cobrar con tarjeta es un beneficio", explicó Flores. De acuerdo a los datos de cotizantes del BPS, el sector rural emplea a unos 160 mil trabajadores en todo el país. En la localidad de Puntas de Maciel de unos 200 habitantes –ubicada entre el límite de Florida con Durazno– ningún trabajador de la zona rural cobra a través de un cajero, aseguró Flores.

Para intentar mitigar la falta de información y los derechos que les otorga la ley de inclusión financiera, el gremio de los trabajadores rurales tiene previsto solicitar apoyo financiero al PIT-CNT para que, al menos, sus delegados del interior puedan conocer de primera mano el alcance de la normativa para luego transmitir ese conocimiento a las distintas localidades del Uruguay profundo. Flores también consideró que sería importante que a nivel de gobierno se promovieran campañas informativas en todo el país –por ejemplo, a través del IMPO– para despejar dudas que aún persisten en el medio rural. Vallcorba considera que durante 2017 debería quedar resuelto el acceso a medios de pago electrónicos para la gran mayoría de las localidades del interior con menos de 500 habitantes, aunque en aquellas que estén por debajo de 100 pueda ser difícil de llegar en ese plazo.

¿Hasta cuándo se puede seguir cobrando en efectivo?

Desde el 1° de octubre, todos los trabajadores del país tienen derecho a cobrar su salario por medio de una cuenta bancaria o instrumento de dinero electrónico. Los empleados podrán mantener el sistema actual de cobro en efectivo hasta el 30 de abril de 2017, siempre y cuando exista mutuo acuerdo. Ese pacto deberá plasmarse por escrito. El acuerdo podrá revocarse en cualquier momento a solicitud de cualquiera de las partes, también por escrito. Por lo tanto, recién a partir de mayo de 2017 será obligatorio cobrar en una cuenta bancaria o en un instrumento de dinero electrónico (tarjeta prepaga). En estos casos, el empleado deberá elegir en qué banco o instrumento de dinero electrónico cobrar su sueldo en los dos meses previos a la finalización de este régimen de excepción (entre marzo y abril de 2017). En caso de que el trabajador no realice la elección, el empleador deberá elegir por él 10 días hábiles antes de la finalización del régimen.

Abrir una cuenta no tiene costo para los trabajadores

Las cuentas y los instrumentos de dinero electrónico (tarjetas prepagas) no tienen ningún costo de apertura ni de mantenimiento. Tampoco deben cumplir con saldos mínimos. Las instituciones que brinden estos servicios tendrán la obligación de ofrecer los mismos a todas las personas que los soliciten, debiendo otorgar un trato igualitario a todos los usuarios. Los titulares de la cuenta o del instrumento de dinero electrónico tendrán derecho a realizar consultas de saldo gratuitas, así como un mínimo de cinco extracciones y en el caso de las cuentas, ocho transferencias interbancarias de hasta 2.000 unidades indexadas (unos $ 7 mil) por mes sin costo. Algunos bancos están ofreciendo hoy en el mercado beneficios adicionales al mínimo que exige la ley para atraer a nuevos clientes. Para abrir una cuenta, solo se pide la cédula de identidad y recibo de sueldo. Se puede iniciar el trámite vía web para hacer el proceso más ágil. Los trabajadores deberán ir a la institución elegida (banco, cooperativa de intermediación financiera o emisor de dinero electrónico) e indicar que quieren cobrar allí su remuneración. La institución elegida le brindará a los trabajadores los datos de la cuenta o instrumento de dinero electrónico, y el trabajador deberá llevárselos a su empleador para que pueda acreditar allí sus remuneraciones.

Por ahora, informar antes de multar

El organismo público encargado de velar por los derechos que tienen los trabajadores con la ley de inclusión financiera es la Inspección General del Trabajo. Su director, Gerardo Rey, dijo a El Observador que una vez que sea obligatorio que todos los trabajadores cobren por medio de una tarjeta, "cambiará la forma de fiscalización" de la dirección que depende del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. "Hoy en día se pide el recibo. Ahora seguramente vamos a solicitar el comprobante del depósito bancario que haga el empleador", explicó el jerarca. La Inspección de Trabajo tiene previsto llevar a cabo los controles generales a partir de mayo del próximo año cuando la ley establece la obligatoriedad de pagar sí o sí los salarios por un medio electrónico para la mayoría de los sectores. Según Rey, aún restan coordinar algunas acciones con el MEF, pero la idea es utilizar el verano para lanzar una campaña informativa en todo el país alertando a trabajadores y empresarios del cambio de régimen para pagar los salarios. Hasta el momento, la Inspección General de Trabajo no recibió ninguna denuncia por parte de empleados referidos a la ley de inclusión financiera.

Descuento de IVA de 4 y hasta 9 puntos

El uso de la tarjeta de débito y/o del instrumento de dinero electrónico para pagar en los comercios no tiene ningún costo adicional para el usuario. Eso permitie beneficiarse hoy de la rebaja de 2 puntos de IVA (22% a 20% , que trepará a 4 puntos a partir de enero de 2017 (de 22% a 18%), según consta en la última Rendición de Cuentas. Esa medida tendrá una renuncia fiscal de unos US$ 50 millones por año para el Estado. En el caso de los restaurantes y confiterías corresponde aplicar la devolución de 9 puntos de IVA establecida en la Ley Nº 17.934.





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