Dualidad en Derechos Humanos

El oficialismo reanuda revindica la búsqueda de desaparecidos en la dictadura pero rechaza la condena al régimen chavista por los excesos represivos

La reanudación de las excavaciones en instalaciones militares en busca de restos de desaparecidos durante la dictadura responde a un aspecto del respeto a los derechos humanos. Pero también evidencia la dualidad uruguaya en este campo por sectores políticos, mayoritariamente del Frente Amplio. La vigencia plena de los derechos humanos es frecuentemente descuidada o incompleta pese a integrar el ordenamiento jurídico internacional establecido por Naciones Unidas. En nuestro país sigue siendo un comodín elástico, utilizado como bandera en algunos casos como los desaparecidos, pero se ignoran obligaciones en muchos otros, según convenga a avatares políticos o sociales. Ocurrió no hace mucho en el Senado.

Una propuesta opositora de condena al régimen chavista por sus excesos represivos y desvíos institucionales fue rechazada por el Frente Amplio por disciplina partidaria, aunque muchos de sus legisladores expresaron estar de acuerdo en censurarlo. El voto de los senadores oficialistas contradijo a primera vista la posición de una fuerza política que proclama defender todos los derechos humanos. Pero la contradicción no es tal, porque la alianza de izquierda se centra fundamentalmente en las violaciones en la etapa dictatorial uruguaya, cerrando los ojos a casos como Venezuela o Cuba, e ignorando los vastos alcances de esos derechos en otras áreas.

El tema se formalizó a partir del siglo XVIII con la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano en la Revolución Francesa y el Bill of Rights de Virginia. En el siglo XIX comenzó el proceso de abolición de la esclavitud, seguido por medidas en otros campos. Pero fue la barbarie de la Alemania nazi contra los judíos y minorías étnicas lo que generó un reclamo mundial de protección global. Se plasmó en 1945 en la Carta de las Naciones Unidas y en 1948 en la Declaración Universal de Derechos Humanos. Nuestra Constitución la incluye en varios artículos de su sección II. Todos estos documentos establecen, entre otros, el derecho a la vida, a la seguridad, a la educación y a las libertades individuales.

Pero una cosa es lo que está escrito y otra, muy diferente, lo que sucede en la realidad. La vida, el primero y principal de los derechos humanos, es oficialmente violado con la legalización del aborto. Aunque el derecho a la educación está abierto a todos, lo fragmenta la baja calidad de la enseñanza pública, sus magros resultados académicos y el alto nivel de deserciones. La libertad de expresión, drásticamente reprimida en la región en Ecuador y Venezuela, se ve cuestionada en nuestro país por la ley de medios. Se aprobó bajo la administración Mujica, pero su vigencia está demorada por numerosas denuncias de inconstitucionalidad que estudia la Suprema Corte de Justicia. El derecho a la seguridad se tambalea en la lucha, esforzada pero inefectiva, contra el narcotráfico y otras formas delictivas.

En general, nuestro país no sale tan mal parado en la vigencia de los derechos humanos cuando se lo compara con las situaciones desastrosas en otras partes del planeta. Pero falta generalizar su vigencia plena y, sobre todo, reconocer que cuando se habla de derechos humanos el tema cubre aspectos que van mucho más allá del destino de los desaparecidos porque abarca aspectos que en el país se ignoran, como el derecho a la vida, o se cumplen a medias, como la educación y la seguridad.


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El Observador

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