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EasyGo se registra en la IMM y solo falta que lo haga Uber

Avanza la regulación de aplicaciones móviles que ofrecen transporte privado
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31 de enero de 2017 a las 05:00

La empresa de transporte privado EasyGo se inscribirá hoy martes en el Registro Provisorio de Plataformas de Intermediación de Transporte Oneroso de Pasajeros de la Intendencia de Montevideo (IMM), el cual se abrió hace más de una semana para regular esa actividad. De esa manera, la única empresa que falta registrarse es Uber, dado que Cabify (una compañía española que ofrece transporte privado con remises) lo hizo el mismo día que se habilitó el registro.

"Mañana de mañana (por hoy) tenemos hora para registrarnos. Con esto quedamos en regla", dijo a El Observador el gerente de Nuevos Negocios de EasyGo, Felipe Vargas. "Vamos a avanzar con lo que la intendencia quiere avanzar, con lo que tiene habilitado", agregó.

EasyGo es una empresa que ofrece viajes tanto con vehículos y choferes particulares, así como con taxis registrados por medio de una aplicación móvil.

En tanto, fuentes de la IMM comunicaron a El Observador que Uber (que solo se dedica al transporte de pasajeros con vehículos y choferes particulares) comunicó su intención de registrarse el miércoles. No obstante, desde la empresa se informó a El Observador que la semana pasada se retiró el formulario y que ahora se está procesando la decisión.

Días atrás fuentes de la empresa afirmaron que estaban trabajando en conjunto con la intendencia. Uber asegura que está "abierta a la negociación" sobre el alcance del acuerdo.

Las presiones políticas y privadas para que se genere el registro surgieron cuando empezó a funcionar Uber en Montevideo, en noviembre de 2015.

Exigencias del registro

El Registro Provisorio de Plataformas de Intermediación de Transporte Oneroso de Pasajeros de la IMM se creó a través del decreto Nº 36.197, el cual "habilita la modalidad de transporte oneroso de pasajeros en vehículos privados contratados a partir de plataformas electrónicas".

El decreto rige para los viajes iniciados en el departamento de Montevideo y categoriza la actividad de los conductores que hacen traslados a través de aplicaciones como "privada de interés público".

Lea también: Uber no se registró y negocia con la Intendencia alcance del decreto

En una primera etapa, el registro estará destinado a las plataformas y no a los conductores en forma individual. De ese modo, serán las empresas de aplicaciones de transporte quienes por ahora deberán informar a la comuna a través de una declaración jurada sobre la cantidad de conductores, vehículos y número de viajes realizados mensualmente.

Al registrarse, las empresas pasan a pagar un canon de 0,45 unidades indexadas ($ 1,57) por kilómetro recorrido desde que se inicia hasta que finaliza el viaje. El depósito del canon generado por los vehículos deberá ser realizado de manera mensual en la cuenta del Fondo de Movilidad.

El decreto también establece que los trabajadores están obligados a hacer transportes en toda la ciudad. A su vez, no podrán despachar viajes por más de ocho horas corridas a un conductor, ni más de 12 en un mismo día. Señala que la única forma de pago habilitada es la electrónica, y la tarifa debe conocerse previo a iniciar el viaje. Los vehículos deben tener una capacidad máxima de cinco pasajeros.

A las empresas también se les exige que algunos de los vehículos cumplan con las condiciones necesarias para trasladar personas con discapacidades y/o niños, así como también valijas.

Los conductores deberán contar con licencia de conducir profesional. El vehículo no deberá tener una antigüedad mayor a seis años y deberá estar empadronado en Montevideo.

El incumplimiento de esas disposiciones puede llevar a la aplicación de multas, la suspensión o a la baja definitiva del permiso.

Si la infracción proviene de las plataformas, se prevé la suspensión temporal de hasta dos años, o la inhabilitación definitiva.

El director de Movilidad de la comuna, Pablo Inthamoussu, dijo tiempo atrás a El Observador que poder controlar todos los aspectos del decreto llevará entre cuatro y seis meses.

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