(POR GABRIEL PASTOR)

Joseph Stiglitz relata en el libro Los Felices 90 su experiencia con los empresarios estadounidenses cuando era presidente del Consejo de Asesores Económicos y describe “tres principios” que descubrió del sector privado de su país.

1.“La gente de negocios generalmente se opone a las subvenciones… para todos menos para sí mismos. Cuando se trataba de su propio sector económico, invariablemente encontraban un aluvión de argumentos para explicar por qué era necesaria alguna ayuda del Gobierno”.

2.“Todo el mundo está a favor de la competencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio”.

3.“Todo el mundo está a favor de la franqueza y la transparencia… en todos los sectores de la economía, menos en el suyo propio”.

Es triste advertir que empresarios uruguayos calcen con esas actitudes pedigüeñas que describe el premio Nobel de Economía.

Y es una conducta para indignarse porque demuestra que no se ha aprendido nada de la historia económica de Uruguay, por lo menos desde 1950 hasta el presente, que muestra el desastre a largo plazo que suponen las medidas proteccionistas.

Es probable que en el cortísimo plazo se viva la fantasía de una fiesta. Pero es simplemente eso, una fantasía que esconde que el dirigismo es “comida para hoy y hambre para mañana”.

Durante muchos años, los empresarios tuvieron que preocuparse más por hacer tareas de lobbing que por mejorar la competencia de sus bienes y la productividad de sus trabajadores.

Es que la política tuvo una amplia discreción en el tipo de cambio, en las decisiones tributarias, entre otras muchas, que obligó al sector privado a dedicar mucha energía  a actividades ajenas a su propia actividad.

Y esa realidad caló hasta los huesos y pasó a ser parte de la cultura empresarial del país. Los principales empresarios esquivan a la prensa especializada, no brindan información al público y los ejecutivos más exitosos cultivan un perfil muy bajo. 

El país necesita de empresarios dispuestos a ejercer un liderazgo en la sociedad sobre los retos que enfrentan para competir y deberían dar una batalla en el campo de las ideas sobre el papel y el tamaño del Estado, las regulaciones, la política impositiva, la política comercial…

Los propietarios de las empresas y los trabajadores (no los ideológicos dirigentes sindicales) saben cuáles son los retos de Uruguay en todos esos frentes.

Por todo ello es que no salgo de mi asombro cuando leo en El Observador  las opiniones de Gabriel Murara, vicepresidente de la Cámara de Industrias, sobre la propuesta de Argentina de aumentar el Arancel Externo Común (léase, más protección): Uruguay debería acompañar la propuesta del gobierno kirchnerista pero solo para los bienes manufacturados y en los productos que el país no fabrica debería haber libre importación.

Produce desazón advertir en Uruguay que  Stiglitz tiene razón.

(POR FEDERICO COMESAÑA)

A Javier Zubillaga lo conocí así, de la manera más sucia y bochornosa. No recuerdo si fue en un BenQ o un TDK, lo que sé y no me cabe duda es que era un disco pirateado. Y ahora que lo pienso, no habría otra manera de que yo lo conociera. Es de esos cantautores que no se escuchan en la radio, sus presentaciones se realizan en entornos muy reducidos y con una mínima difusión. Comprar un disco porque me guste la tapa, de eso ni hablar.

Luego me enteré de que tocaba en algún bar en la calle Ciudadela, pagué la entrada o el cubierto artístico y redimí mis culpas. De ahí a comprar su disco original, distaron pocos meses. Para un músico uruguayo, cuyo mercado es sumamente acotado, cualquier venta de discos le significa algo. Es una muestra de que alguien está dispuesto a pagar por escucharlo. Pero el rédito no viene por el lado económico, porque sus márgenes son menores al 15%, lo que implica menos de $ 40 por unidad vendida. Quizás Zubillaga haya ganando más por el disco pirateado que me grabó mi amigo que por la compra que yo hice después. Asistí a tres presentaciones suyas antes de pasar por una disquería y llevarme su primer y único compacto. Yo también gané con el disco pirateado: añadí a un gran artista a mi colección de iTunes.

Gracias a internet y a la accesibilidad de la tecnología que permite reproducir las obras culturales, hoy en día cualquiera puede acceder a un disco, a una película o a un libro. Es tan simple como abrir un programa de descargas, teclear dos o tres palabras y hacer clic en uno de sus resultados. Puede hacerlo una persona acomodada desde el punto de vista económico, en la comodidad de su escritorio, en una notebook de US$ 2.000; o puede hacerlo un alumno de escuela pública, desde su computadora del Plan Ceibal. Una familia de bajos ingresos puede comprar en la feria o en las principales avenidas, por $ 35, la música que prefieran. Pueden acceder a siete discos por lo que cuesta un original.

¿Está bien que lo hagan? Por supuesto que no. Hay una ley que penaliza la reproducción y difusión de contenidos culturales sin autorización. Y eso no se discute: ir contra la ley siempre está mal. Pero una pregunta que nos debemos es, ¿qué tanto perjudica la piratería a la sociedad? Me animo a decir que en nada. Muy por el contrario, los piratas generan valor y bienestar social. Millones de personas hoy acceden a contenidos culturales a precio cero. Los ingresos que destinarían al consumo de música, películas y libros, hoy los pueden destinar a una mejor alimentación, a realizar arreglos en su vivienda o a satisfacer todo tipo de necesidades. Descargando de forma ilícita los contenidos culturales desde internet, un amplio número de personas es más feliz, tiene una mayor libertad de acceso a los satisfactores de sus necesidades, que si tuviera que comprarlos. ¿No se trata de eso el desarrollo?

El pan y los peces

Algunos dirán, "el ladrón genera ingresos robando a otras personas". Sí, pero para satisfacer sus necesidades, el ladrón obliga a otro a reducir su nivel de bienestar. Los $ 100 que manoteó en la calle, los deja de disfrutar el asaltado. Pero el pirata no roba, sino reproduce. El disco que hoy escucha, no lo deja de escuchar quien adquirió el CD original. La industria del entretenimiento hoy mantiene una posición absurda, es como si la parábola bíblica en la cual Jesús multiplica el pan y los peces para alimentar a toda una población, terminara con una persecución por parte de los pescadores y los industriales panaderos acusándolo de haber generado un perjuicio irreparable a la sociedad. Ojalá la tecnología permitiera no solo reproducir contenidos culturales, sino también alimentos, vestimenta, electrodomésticos y artículos de higiene personal. No habría pobres ni indigentes. Los precios caerían por el piso y el bienestar de la humanidad aumentaría de forma excepcional.

Los industriales de la cultura argumentan que si eso sucediera, se perderían muchísimos puestos de trabajo. De hecho, cálculos de la industria de la música señalan que en la Unión Europea la piratería le cuesta al sector más de 13.000 puestos de trabajo y la generación de valor por más de US$ 1.000 millones. Supongamos que los cálculos son acertados. Es como pedirle a un empresario que no adopte una nueva tecnología porque la mayor productividad llevaría a una reducción de su plantilla. El empresario no haría más que reírse del reclamo y diría, "si yo puedo organizar mi empresa para generar un mayor beneficio económico, voy a hacerlo con 1.000, con 100 o con un solo empleado". Los trabajadores desplazados deberán buscar trabajo en otras industrias, en otras actividades. Es un proceso que genera dificultades y sufrimiento a nivel individual, pero forma parte del natural desarrollo de las economías.

¿Por qué nosotros, como sociedad, no hacemos el mismo razonamiento? Si la industria de la distribución musical tiene que desaparecer, si se funden las disqueras y las disquerías, si los productores no pueden seguir generando ingresos millonarios y las editoriales tienen que reducir al mínimo su personal, que así sea. ¿Cuántas industrias fueron devoradas por el progreso técnico? ¿Los productores de máquinas de escribir se opusieron a las computadoras personales? ¿La industria gráfica se plantó horrorizada ante la impresora doméstica? La emblemática Kodak quebró hace unos meses porque el negocio de las cámaras digitales no le era tan rentable como el de la fotografía analógica y los centros de revelado. 

Un muerto viviente

Sin embargo, la industria del entretenimiento se empeña en no morir, a pesar de que la sociedad encontró los mecanismos para hacer lo que ellos hacen no solo de forma más eficiente sino a costo cero. La pregunta final es, ¿de qué viviría el artista si todos pirateamos sus contenidos? Porque al fin y al cabo, el distribuidor es prescindible (internet sustituye a la disquería), el promotor también es prescindible (Youtube, Facebook y Twitter hacen las veces del empresario que decidía en el siglo pasado, qué se escucha y dónde). 

¿Pero qué pasa con aquel que genera el contenido? El artista es indispensable y es indudable que tiene que recibir una remuneración por su trabajo. Por suerte, el siglo XXI tiene previstos varios caminos para compatibilizar el interés del artista y el de los consumidores de cultura: los músicos siempre tendrán los conciertos, para los lectores un libro impreso tiene un valor adicional al de una publicación en formato digital, y ver una película en el cine es una experiencia totalmente diferente a verla en una televisión o en el monitor de una computadora. Esos diferenciales llevan a que los consumidores estén dispuestos a pagar, quizás no los demenciales $ 300 por un pedazo de plástico, una caja y un folleto, pero sí un precio razonable, en relación al formato en que se distribuye y al valor que se le agrega. El precio no radica en el contenido en sí mismo, que debería ser accesible de forma gratuita en su versión más básica. ¿Por qué? Porque se puede, porque una copia más no genera un costo para nadie.

Descargar una canción a través de la red Torrent es gratuito, pero poder incorporar un disco en una biblioteca digital con un solo clic, accesible desde cualquier dispositivo y sincronizado en tiempo real a través de internet, es algo que es posible realizar uno mismo pero por el tiempo y el trabajo que lleva, bien estoy dispuesto a pagar para que otro lo haga por mí de forma automática. Ver el último capítulo de mi serie favorita en High Definition, con subtítulos perfectamente sincronizados, en el momento en que yo lo desee, tiene más valor para mí que descargar por un lado el video en una calidad indefinida, por otro los subtítulos, juntarlos y rezar para que sean compatibles. Por eso sí estoy dispuesto a pagar, y vaya si lo estoy. La industria del entretenimiento se sostiene hoy en el lobby político, en impulsar leyes que solo obedecen a sus intereses, restringen las libertades de la población mundial y van en contra de la democratización de la cultura. Bien podrían dedicar esos recursos a generar nuevos canales y agregar valor a sus servicios.

Es tiempo de exigir un cambio. Aquí y en el mundo. Es el momento de pasar la página y decirle adiós a los grandes sellos, a los libritos dentro de los discos y a las publicaciones editoriales como bienes de lujo de más de $ 600. Internet hoy le permite a cualquiera tener un correo electrónico gratuito, un pendrive en la nube de más de cinco gigabytes y programas de libre distribución tan buenos como la mejor de las alternativas pagas. Todo eso con empresas detrás que son capaces de rentabilizar sus servicios sin cargarle un precio al consumidor.

El progreso técnico les permite a ustedes acceder a este blog de forma gratuita. En otra época, habrían tenido que pagar para leer esta reflexión cuando en realidad, a la luz de lo dicho, no vale ni un peso.

@fcomesana en Twitter

(POR GABRIEL PASTOR)

 “En momentos en que el país realiza un extraordinario esfuerzo de capacitación industrial, que lo coloque en condiciones de mantener y acrecentar su posición económica en el concierto mundial, el estímulo bien dirigido en el cultivo e industrialización de las especies sacarígenas, encuentra una justificación tan visible que no necesita especial fundamentación; pero tratándose de inversiones millonarias, el riesgo de las mismas necesita contar con un estímulo que las salvaguarde de los empujes de los grandes consorcios internacionales que regulan el mercado de la azúcar y que pueden hacer fracasar mediante maniobras en los precios, toda empresa encaminada al abastecimiento de ese producto con materia prima nacional”.

No, no, no se equivoque. No es un planteo proteccionista del presidente José Mujica o de su antecesor Tabaré Vázquez, aunque bien podría serlo. En realidad  se trata de una parte de la fundamentación de un proyecto de ley, aprobado en el Parlamento por unanimidad, firmado por el presidente colorado Luis Batlle, promulgado en junio de 1950, un poco antes de que Uruguay obtuviera la Copa Mundial en Maracaná cuando éramos considerados  “la Suiza de América”.

Desde entonces el país carga con el desastre -a esta altura estructural- de la producción de caña de azúcar en Bella Unión, que solo se sustenta por un capricho de los gobernantes y de Bella Unión, amparado por el corazón más que por la razón. Pero, vaya desdicha, con la emoción la caña de azúcar no es más ni menos competitiva.

El problema es que el desarrollo económico  no proviene de los sentimientos ni del voluntarismo del Estado, sino de una reflexión racional sobre cuáles son las ventajas comparativas del país para competir en el mercado mundial, que hoy se está cerrando poco a poco, pero por respuestas coyunturales, pues si se miran los datos históricos desde hace cincuenta años, el mundo en el presente es mucho más abierto a la competencia.
El 7 de junio de 1950, la Asamblea General decretó que el cultivo e industrialización de azúcar es de “interés general”, que el Poder Ejecutivo fijará los precios y que las empresas  instaladas en el país “quedan obligadas a adquirir la totalidad de los azúcares crudos que se les ofrezcan y que procedan de los ingenios nacionales a los precios que se hubieran fijado, hasta cubrir el máximo de su capacidad de elaboración”.

El debate parlamentario fue penoso. La única discusión fue sobre el papel del Banco República en la financiación a la producción e industrialización de la azúcar. Ni una voz se escuchó sobre si era conveniente subsidiar a un sector que fue “inventado” en Uruguay. Hasta los legisladores más blancos se mostraron ideológicamente batllistas  y nadie puso en cuestión el apoyo impositivo, financiero y económico del Estado en una actividad que a todas luces no tenía sentido en una zona subtropical.

Es probable que los dirigentes del Partido Nacional estuvieran resignados a la doctrina de dirigismo estatal y de sustitución de importaciones con la que el batllismo arrasó en las elecciones de aquella época.

El primer gobierno del Frente Amplio puso sobre sus hombros una vuelta al subsidio tradicional a la caña de azúcar, luego de un proceso de desgravación del sector por normas del Mercosur (?) y de la Organización Mundial de Comercio.

El ex presidente Tabaré Vázquez  puso en marcha en 2005 un plan para reactivar la decaída economía de Bella Unión. Un año después, la flamante empresa pública no estatal Alur adquirió el pasivo de Calnu, la deuda de esa cooperativa con los productores con el objetivo de desarrollar un polo agroenergértico mediante una sociedad entre la  estatal  Ancap (90% del paquete accionario) y la venezolana Pdvsa (10%). Estamos hablando de millones de dólares invertidos en la cadena azucarera como se pensó en la época de Luis Batlle, aunque ahora no sólo para el consumo de azúcar sino también para producir etanol a partir de la caña.

Pero el final último es otro: “su verdadero objetivo es la creación de puestos de trabajo en el medio rural uruguayo”, según admitió un funcionario que trabajó en el proyecto.
Mujica continuó y profundizó esa política dirigista de su antecesor y aparentemente  el sistema político, la sociedad civil y la comunidad de Bella Unión están felices de que continúe el sueño de Pepe (Batlle).

Hoy para importar azúcar para el consumo se debe pagar un impuesto de 35%. Y Bella Unión fue declarada por ley como “Capital nacional de la Caña de Azúcar”.
¿Es razonable desde el punto de vista económico –que tiene un impacto social en el mediano y largo plazo- que Uruguay continúe con una política de hace 62 años que los tozudos hechos han demostrado su inviabilidad?

Veamos por qué es un error jugar a la ruleta con dinero del Estado a la caña de azúcar en Bella Unión:

1) La caña de azúcar es una materia prima propia de países tropicales con temperaturas promedio de 30% o más, humedad alta y mucha agua. En un país tropical, la caña crece durante todo el año y en Bella Unión solo 5 a 6 meses.

2)  Algunas plantaciones de caña de azúcar se realizan en zonas que cada tanto sufren heladas.

3) Uruguay no presenta ninguna ventaja competitiva en los factores de la industria azucarera (clima, campo cañero e ingenio azucarero lo que incluye los costos de mano de obra y de financiación).  Se ubica entre los ocho países con menor rendimiento agroindustrial de toneladas por hectárea.

4) Carece de una institución académica de investigación y desarrollo sobre la caña de azúcar.

5) Brasil, nuestro principal socio comercial y vecino, y que el gobierno está decidido a profundizar los lazos comerciales y políticos, es el principal productor de caña de azúcar con una productividad mucho mayor que Uruguay y está considerado dentro del grupo de naciones que integran el primer grupo de productores de bajo costo por condiciones favorables naturales junto a Australia, Tailandia y Sudáfrica.

6) Brasil produce más de 30 millones de toneladas, más del 20% de la producción mundial, y uno de los principales  productores de biocombustibles. Brasil produce tres veces más azúcar por hectárea que Uruguay. Además, obtiene el balance energético más eficiente del mundo a partir de la caña de azúcar.

7) La elaboración de etanol a partir de la caña de azúcar es 1,5 veces más cara que la gasolina y en climas fríos sufre problemas para el encendido.

8)  Estudios independientes demuestran que Alur no  es competitiva solo utilizando azúcar nacional.

9) Para el uso del etanol como combustible se debería adecuar los motores de los vehículos que están en circulación.

10) Todavía el corte de caña se sigue realizando como en la época de Batlle: “los peludos” cortan a mano, se carga en camiones y luego se realiza la “quema”. Ese método no es rentable, por lo que los principales países productores están mecanizando esa labor no solo por razones económicas sino de cuidado del medio ambiente.

Ese decálogo explica por qué el actual ministro de Ganadería, Agricultura y Pesca, Tabaré Aguerre, hace un tiempo dejó de plantar caña de azúcar y empezó a  cultivar arroz.

(POR FEDERICO COMESAÑA)

El servicio fue malo, realmente muy malo. Media hora para ser atendidos. El mozo llega a las cansadas, masca chicle y nos mira de prepo. Ni buen día, solo un funcional “¿qué se van a servir?”. Media hora más para que llegue el pedido, que es ligeramente similar al que ordenamos pero aun así dista en varios componentes. El mozo lo devuelve de mala manera. ¿Disculpas? Ni hablar. Parece que de algún modo la responsabilidad fuera nuestra, y no solo por haber alterado la orden sino por todos los males de este mundo. Porciones de copetín y para colmo, frías.

Aun así, cuando llegó la cuenta dio inicio la misma discusión de siempre. Que la propina es el 10%, dijo un amigo. Que redondeamos y listo, acotó una segunda voz. Que yo a este tipo no le dejo un peso, tercié con excesiva severidad. Silencio total. Primero vinieron las risas y después la discusión se empezó a acalorar. 

Quizás fuera el taxista que me llevó del trabajo al restaurante, el que me trajo mal dispuesto. El viaje fue una larga sucesión de giros desacertados por calles atestadas. Un camino innecesariamente largo y vergonzoso para cualquier trabajador del transporte. Para colmo, cada semáforo era una prolongación de aquel olor nauseabundo a cigarrillo rancio y al rastro que dejaron los cientos de pasajeros que desfilaron por el asiento de atrás desde la última vez que alguien lavó aquel coche o al menos se tomó la molestia de tapar los olores; de aquella música horrible y una actitud del taxista todavía peor.

Son $114, me dijo cuando llegamos al destino. Yo le di uno de 100 y uno de 20 y me quedé esperando el vuelto. Me miró con el seño fruncido y con una irritación ostensible revolvió entre sus monedas en busca de mis seis simbólicos pesos. Buenas noches y gracias, le digo al bajarme. No obtuve respuesta.

Ay, la propina. Qué han hecho de ti, me lamento. La costumbre y algunas almas interesadas le hicieron perder a la propina toda significación económica, la desvirtuaron y terminaron por convertirla en una convención social absurda que sustenta un esquema viciado en el cual las empresas pagan salarios muy bajos, y el empleado depende de un sobresueldo que genera la falsa sensación de que su remuneración depende de los ingresos de la empresa. Más clientes, más propina y mayor salario, y así el empleado termina asumiendo los riesgos que le corresponden a su empleador.

En muchos países incluso se llegó a cometer la aberración de legislar al respecto y a exigirse con la cuenta el 10% o el 15% del importe por concepto de "servicio". Ni que hablar de aquellos establecimientos donde la propina va directo a un fondo común que al final del día se reparte entre todos los empleados. Los mozos más groseros reciben el premio que le corresponde por derecho a sus compañeros más atentos y quienes más contribuyen a la satisfacción del cliente, se quedan sin el incentivo económico para seguir haciéndolo. Nada más alejado del espíritu de la propina, que de operar adecuadamente funciona como un incentivo a la buena atención, a la calidad y a la satisfacción del público.

En un mundo ideal recibirían propina aquellos servicios en los cuales las decisiones, las formas y el empeño de quien lo ofrece afecten de manera significativa la calidad del servicio, siempre y cuando se vean colmadas las expectativas del clientes y su satisfacción.

Por lo general, se trata de actividades en las cuales el trabajador carece de incentivos para brindar el servicio de la manera más eficiente o existe un conflicto de intereses entre el prestatario y el cliente. Al taxista le sirve llevarme por el camino más largo. Después de una larga jornada el mozo, exhausto y mal pagado, está más preocupado por el avance de su reloj que por traer exactamente aquello que pedí. Nadie le dirá nada al delivery que no apuró el paso y enfrió mi pizza. Nada le impide al experto en computación que mediante el abuso del lenguaje técnico me cobre por el arreglo de un desperfecto de cuya naturaleza ficticia difícilmente me vaya a enterar.

La propina es la respuesta de los consumidores ante la omisión o la imposibilidad por parte de los pequeños comercios de establecer controles y estándares de calidad adecuados. La propina funciona como un pago a posteriori en relación directa con la satisfacción del cliente con el servicio brindado. El acuerdo tácito, antes de recibir el servicio, es el siguiente: “si me atendés bien y quedo satisfecho, como agradecimiento te doy 20 mangos o incluso más, y sino me limito a pagar el importe justo”. Y 20 mangos más 20 mangos... hacen una diferencia.

Pero la costumbre y los años terminaron por desvirtuar ese mecanismo exquisito de la ingeniería cotidiana y deshacer por completo el esquema de incentivos. Hoy en día, no dejar propina está mal visto. La sociedad castiga a aquel que paga con el importe justo. Uno no puede rebelarse frente a un servicio mal brindado y guardarse el importe para luego premiar el esfuerzo de aquellos que se esmeran por realizar su trabajo de la mejor manera.

Ni hablar de los argumentos y los planteos economicistas. No hay óptimo social ni aplicación de teoría de juegos ni modelo de riesgo moral, que haga entender a un colectivo que la propina no es un vuelto ni una imposición, sino una herramienta muy potente que si todos respetamos y utilizamos adecuadamente nos permitirá hacer de este un mundo mejor. O al menos uno mejor servido.

Esa noche pagué mi parte más 10 pesos. Y volví a mi casa, derrotado.

@fcomesana en Twitter

(POR GABRIEL PASTOR)

Hace unas semanas que el gobierno, la oposición y el sector de las telecomunicaciones discuten sobre quién es el propietario de la fibra óptica, la tecnología que definirá en parte la calidad del crecimiento del país en las próximas décadas.

La política nos quiere hacer creer que Antel, como es una empresa del Estado, es una suerte de sociedad de beneficencia que siempre está pensado en el prójimo. Este estereotipo se generalizó en los partidos luego del referéndum de 1992 en el que la ciudadanía decidió por mayoría que el país mantuviera el régimen de monopolio en la telefonía básica.

No tenía sentido poner una barrera de entrada al negocio de telefonía fija. Si no es un negocio rentable, las empresas privadas no explotan el servicio y chau…

Todos saben que el monopolio reduce el bienestar económico porque cuando el monopolista eleva los precios por encima del nivel competitivo a fin de obtener los beneficios de su monopolio, los clientes compran menos y empeora la sociedad.  La baja de los clientes de telefonía fija es un ejemplo de ello.

Luego del aplastante resultado del plebiscito a favor del monopolio en la telefonía básica, el desarrollo tecnológico le pasó por arriba a Antel  y el monopolio quedó obsoleto.

Ocurrió lo que se conoce como una consecuencia no intencionada. Esto es, quienes votaron creían que se beneficiarían del monopolio de Antel pero ello no ocurrió. Y aunque aún no murió, basta analizar los números del negocio que mantiene en monopolio para advertir que pierde clientes en detrimento de la telefonía móvil que opera en régimen de competencia. ¿Qué usuarios telefónicos realizan llamadas internacionales levantando el tubo del teléfono para llamar al exterior? ¿Cuántos usuarios utilizan servicios de internet como Skype para comunicarse con familiares y amigos que viven en el extranjero?Es probable, como siempre, que los más perjudicados sean los más pobres.

Sería interesante, como se hizo con la ley de Caducidad, saber qué opinan hoy los ciudadanos sobre el monopolio del que goza Antel. Me arriesgo a augurar que sería derogado porque como era de esperar los electores no tuvieron ningún beneficio.

Conozco decenas de consumidores que en los últimos años optaron por utilizar únicamente el teléfono móvil y descartaron instalar una línea fija en su casa. Es probable que estos usuarios hayan contratado el servicio de Ancel, que como debe competir contra otras dos empresas privadas no puede establecer precios a su antojo y debe desarrollar estrategias comerciales atractivas (y beneficiosas) para sus clientes.

Es lógico el desempeño a la baja de la telefonía básica porque mientras el monopolio es siempre negativo para los consumidores (elimina los incentivos de las empresas para mejorar), la competencia siempre es favorable a la disminución de precio y a la mejora de la calidad, pero cuando existen instituciones que velan por la competencia y un marco regulatorio transparente y justo.

Para los economistas, la competencia es sana y actúa en la vida económica como el palo y la zanahoria. El palo es cuando una empresa o un trabajador pierden ante otros más capaces o que ofrecen productos o servicios más baratos. La zanahoria de la competencia es lo que explica el desarrollo de nuevas tecnologías, nuevas formas de organización, atraer nuevos mercados o nuevas fuentes de materias primas…

El futuro del negocio de las telecomunicaciones de las próximas décadas depende del desarrollo de la fibra óptica (por la velocidad y la calidad de los datos). Con la utilización de la fibra óptica no habrá dificultades para “bajar” o “subir” un video, organizar una teleconferencia internacional u otras actividades on line que hoy son lentas y por tanto ineficientes.

El gobierno parece decidido (digo “parece” porque ha tenido una actitud muy poco clara al respecto) a que la fibra óptica funcione bajo un régimen monopólico de Antel, mientras los competidores telefónicos miran de afuera.

Un grave error. Por dos razones. La primera, es que el Poder Ejecutivo entrega a Antel, una empresa parcialmente en competencia, la llave que abre la puerta del futuro del sector. La segunda, es que Antel no debería ser “juez y parte”.

Es cierto que una parte relevante de una red telefónica está en los costos del activo que se producen por anticipado, en la construcción de la red y en proporcionar la opción de uso  antes que el uso real. El costo de usar una red telefónica es relativamente pequeño comparado con el costo de la inversión en la red.

No está mal que el Estado (el Estado, no Antel) sea el propietario de la fibra óptica y que cobre a las empresas (a todas) el uso de esta tecnología. Y que Antel sea considerada un operador más.

Uruguay debería mirar hacia Europa. La comisaria de la Agenda Digital de la Unión Europea, Neelie Kroes, quiere romper el monopolio que ejercen empresas del sector y que permitan a sus rivales el acceso a sus redes de fibra óptica. Cree que ese es una estrategia para impulsar las inversiones privadas en infraestructura de telecomunicaciones.
Que no nos pase como a Polonia a quien la UE investiga si limita el acceso a las redes de la fibra óptica que está en manos de una empresa monopólica.