(por Gabriel Pastor) El presidente José Mujica planteó esta semana la necesidad de que el Poder Ejecutivo analice los resultados concretos de las políticas sociales “muy fuertes” que lleva adelante el gobernante Frente Amplio desde 2005.
La fecha tiene que ver con la asunción del socialista Tabaré Vázquez a la Presidencia y con la creación inmediata del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) que, en el marco de sus competencias, es desde entonces responsable de implementar y ejecutar programas destinados a las familias más pobres de Uruguay.
Me detengo en dos planes por los que las familias reciben dinero. Uno de ellos, es el sistema de compras Uruguay Social, por el cual las familias más pobres reciben recursos monetarios del Estado, que varía según el número de menores que forman el hogar, para la adquisición de alimentos y artículos de higiene y limpieza. No reciben el dinero directamente, sino que el Estado transfiere un cierto monto a esa tarjeta social para que las familias puedan adquirir bienes básicos.
También el Mides interviene en las asignaciones familiares que benefician a los menores que “integran hogares en situación de vulnerabilidad socioeconómica o estén en atención de tiempo completo en establecimientos del INAU o en instituciones en convenio con dicho Instituto”. Se paga hasta los 14 años “si el menor recibe educación primaria”. Hasta los 16 años, “cuando no ha completado primaria como consecuencia de una enfermedad, por residir en zonas rurales a más de 5 Km. del centro educativo más cercano”. Hasta los 18 años, “si cursa estudios superiores en institutos estatales o privados habilitados”.
Pero parece que esos controles no se hacen o se hacen mal. El jefe de Estado declaró al diario “La República, el jueves 8, como los debes de las políticas sociales la realización de un informe sobre las contrapartidas que se deberían exigir a los beneficiados. Manejó como una posibilidad imponer “contrapartidas mínimas”, como por ejemplo, “trabajar una hora, aunque sea para barrer la vereda”.
“Está bien, te doy, pero tiene que dar algo a cambio, aunque sea simbólicamente, aunque sea poco. Nadie va a pretender una relación de carácter salarial, no es eso. (…) Hay que demostrar el sentido de responsabilidad que todos tenemos”, afirmó.
“Hemos logrado bajar la pobreza en forma considerable, pero ahora estamos en otra etapa”, señaló Mujica. “Tenemos que ver el gasto que se hace, para sacarle el mayor provecho posible. No se habla para nada de bajar el gasto, sino de procurar que tenga el mayor efecto posible”, explicó.
“Ahora hay que tocar a los sectores más duros, los sectores donde pensamos que tendremos que ir cuerpo a cuerpo, porque es esa pobreza enquistada, dura sin hábito de trabajo”, dijo el mandatario.
Es por lo menos extraño que la izquierda vernácula admita en público que desde que llegó al gobierno nacional las políticas sociales carecen de contrapartidas. ¿Por qué?
Es muy sencillo: las contrapartidas (las obligaciones que asume el jefe del hogar beneficiado por recibir recursos de la sociedad) es clave para saber si las políticas sociales empleadas rompen o no con el círculo de la pobreza.
Las políticas sociales no son un fin en sí mismo, sino un medio para atacar la miseria económica y todo lo que ello supone. Sin contrapartidas, los dineros del erario público entregados a un sector de la sociedad es una mera práctica clientelística que tanto ha criticado el Frente Amplio de los anteriores gobiernos de los partidos tradicionales.
Por ello es que siempre debe exigirse al beneficiado que si quiere recibir el dinero para cubrir sus necesidades básicas, debe por lo menos certificar que envía a sus hijos a la escuela y que los miembros de la familia se realizan chequeos médicos regulares.
México es un ejemplo de cómo deben implementarse las políticas sociales. Las familias pobres son obligadas a cumplir con ciertas exigencias para beneficiarse del programa Oportunidades: “asistencia regular a los servicios de salud y a la escuela”.
En agosto de 2012, durante un acto, el presidente saliente de México, Felipe Calderón, dijo lo siguiente: “(Oportunidades) es un programa que ayuda a romper estructuralmente la pobreza. ¿Por qué razón? Porque no es solo, ni principalmente el dinero, la ayuda que se les da a las mamás, a las amas de casa, para que se asistan, para que se apoyen. Es importante. Sí, sí es importante. Pero lo más importante es que el dinero está condicionado. ¿A qué está condicionado el dinero? Las mamás, ¿qué tienen que hacer? Administrarlo bien. Sí. (Además) se trata de que las mamás lleven a sus hijos a la escuela. Porque si no llevan a los hijos a la escuela, ¿qué pasa? Se acabó el Oportunidades, se acabó la beca. Y se trata, también, de que lleven a sus hijos al doctor. ¿Por qué razón? ¿Por qué lo hacemos así? Porque eso es lo que rompe la pobreza. No es tanto el dinero que reciben, que es importante, sino el que sus hijos puedan tener escuela y salud, que puedan tener salud y educación. Cuando sean grandes van a tener más oportunidades que las tuvieron, y eso rompe la pobreza”.
Si un país como México, de mucho más escala y mucho más complejo que Uruguay, puede controlar un programa como Oportunidades que llega a más de seis millones de ciudadanos pobres, ¿no puede el gobierno de Mujica fiscalizar sus políticas sociales para que la sociedad tenga mínimas garantías sobre la calidad del gasto público?
