EEUU en busca de una política fiscal

Ante la inminencia del cierre del gobierno por falta de autorización para gastar, el Congreso de EEUU acordó hace quince días la aprobación de una ley que permitirá mantener el funcionamiento hasta el fin del próximo mes de setiembre. La ley dispuso algunos cambios en el gasto público, en su mayoría impuestos por la minoría demócrata, puesto que ella requería del voto de al menos sesenta miembros del Senado, ocho más que la bancada de los republicanos.

El acuerdo postergó las dos propuestas principales del presidente Trump como el inicio de la construcción del muro fronterizo con México y la rebaja de US$ 18.000 millones para una diversidad de oficinas públicas. Más aún, incluyó fondos adicionales para el “Planned Parenthood”, que los republicanos deseaban suprimir porque permite la realización de abortos.

En compensación, Trump logró un aumento de US$ 15.000 millones para el presupuesto del Pentágono, la mitad de su propuesta inicial, y otro de US$ 1.500 millones para la seguridad fronteriza, con algunas restricciones.

El desacuerdo entre el gobierno y los demócratas anticipa un renovado debate en el próximo mes de setiembre. En ese entonces, ante una nueva amenaza de cierre del gobierno y la necesidad de aumentar el tope de la deuda pública, seguramente el gobierno volverá a insistir en sus prioridades y los demócratas en las suyas.

En cuanto a los impuestos, a fines de abril el gobierno presentó una propuesta muy sumaria para negociar en el Congreso.

Hay varios cambios de importancia en la tributación sobre las empresas. El primero de ellos es que la tasa del impuesto sobre sus ganancias será rebajado del 35% al 15%, cualquiera sea su forma jurídica. Esa propuesta deberá ser complementada con una decisión abierta a la discusión sobre la vigencia de la diversidad de exoneraciones existentes en la actualidad.

Con un cambio más de fondo, la propuesta busca terminar con el sistema actual de gravar a las ganancias de las empresas en el exterior para pasar a un sistema territorial, en el que la mayoría de los beneficios obtenidos fuera del país quedarán exentos de impuestos. Bajo el sistema actual se estima que las empresas americanas tienen unos US$ 2,6 trillones retenidos en el exterior para preservarlos del pago de impuestos. Con el cambio propuesto se busca favorecer su repatriación, contra el pago de un impuesto por una única vez a una tasa muy “competitiva”, que se estima será de 10%.

Sobre las personas, la propuesta busca reducir las franjas para el pago del impuesto de siete a tres, aunque sin determinar por ahora sus límites, con tasas respectivas de 10%, 25% y 35%, esta última en baja con respecto a la tasa máxima anterior de 39,6%. También propone eliminar el impuesto del 3,8% sobre los ingresos de la inversión de las personas que superan los US$ 200 mil al año. Otra supresión es la del impuesto a las herencias.

En adición, se propone duplicar el mínimo de ingresos para pagar impuestos, que en la actualidad es de US$ 6.300 para los solteros y US$ 12.400 para los matrimonios. También se propone eliminar la deducción del pago de los impuestos estaduales y locales para el cálculo del impuesto a la renta. Las únicas deducciones que serán conservadas son las de los intereses de las hipotecas para la compra de la casa habitación y las contribuciones con fines de caridad.

El proyecto abre una discusión importante sobre algunos de los grandes temas de toda reforma tributaria.

El primero es el de su plazo de vigencia. En la actualidad, todo programa fiscal que aumente la deuda pública con vencimiento a un plazo mayor a los diez años requiere de una votación de al menos sesenta senadores. De no alcanzarse esta mayoría, aun aprobada, la rebaja de los impuestos sólo tendría una vigencia de diez años.

Una segunda cuestión es la estimación de la pérdida de recaudación que seguirá a la rebaja de impuestos y al aumento consecuente de la deuda pública. Dependiendo de los detalles finales, se estima que ellas podrán ser de entre US$ 3 y 7 trillones en la próxima década. En su defensa, el gobierno sostiene que buena parte de este costo será compensado por el aumento de la actividad económica inducido por los menores impuestos, una afirmación tradicionalmente abierta a la controversia.

Otro gran tema es el efecto sobre la distribución de ingresos. Según el gobierno, el proyecto favorece a los sectores medios más que a los de altos ingresos, porque duplica el mínimo no imponible para las personas y elimina varias deducciones que sólo benefician a los ricos. Pero de acuerdo al detalle anterior, se propone una supresión o rebaja de varios impuestos que hasta ahora han afectado en mayor medida a los sectores de altos ingresos. El resultado final del proyecto es por lo tanto incierto, por lo que habrá que esperar a la redacción final para emitir una opinión más fundada.

Aunque con una diversidad de puntos abiertos a la discusión, el proyecto parece lejos de concitar la voluntad mayoritaria del Congreso. Ya ha levantado la objeción de los demócratas, en razón de sus potenciales efectos regresivos sobre la distribución de ingresos. Por su parte, si bien ya es conocida la tradicional posición de los republicanos a favor de la baja de impuestos, también estará presente su preferencia a favor de un presupuesto equilibrado, para evitar el aumento de la deuda pública.

Por ahora Estados Unidos no tiene política fiscal. El Presidente Trump no ha logrado la aprobación de sus principales propuestas de gasto al tiempo que va por una reforma tributaria y un nivel de deuda que enfrentarán una dura negociación en el Congreso.