Efectos negativos del avión

La hasta ahora impoluta credibilidad del Tribunal de Cuentas (TCR) se ha agrietado al revertir fallos anteriores y caer en la política menuda al habilitar la compra del avión presidencial. Es la consecuencia más ominosa de un proceso plagado de sombras y enredos y fundadamente cuestionado por los cuatro partidos de oposición, que incluso anuncian una interpelación al ministro de Defensa. El pequeño avión anticuado es en sí un tema menor, aunque es poco oportuno gastar US$1 millón en algo no esencial en momentos en que los aumentos de impuestos y las tarifas de los servicios públicos golpean sin excepción a toda la población para aplacar las angustias financieras del gobierno. Lo más censurable es la forma en que se manejó el tema y su triste epílogo.

Luego de fracasar un intento de compra directa, se realizó una licitación con un único oferente. El TCR observó la operación en dos oportunidades, ante lo cual el Poder Ejecutivo recurrió al improcedente expediente de obtener una autorización de uno de sus propios jerarcas, el fiscal de Gobierno. Y en una tercera evaluación del tema por el TCR, este cuerpo dio marcha atrás y retiró sus objeciones. El sospechoso giro se produjo con el ingreso del ministro Miguel Aumento, del Frente Amplio al igual que su antecesor, pero que siguió la línea argumental del fiscal de Gobierno para así darle al proyecto del presidente Tabaré Vázquez una mayoría de cuatro votos contra tres. El cambio de posición del TCR no solo es insólito, sino que descartó inexplicablemente la recomendación de su propio departamento jurídico. Antes de la reunión de la voltereta, los abogados del TCR aconsejaron "mantener las observaciones al gasto" del avión de marras, lo cual fue ignorado por los ministros oficialistas.

Vázquez proclamó que toda la operación ha sido de una transparencia cristalina. Pero su afirmación se contradice con el notorio tufillo político-partidario de la nueva decisión del TCR, que carece de todo sustento y cuyo efecto se sentirá en el funcionamiento institucional del país. No solo se tomó contrariando el informe de sus propios abogados, sino que implica que el organismo tendría que haberse equivocado en dos oportunidades previas, cuando observó el gasto. El resultado es debilitar irremisiblemente la confianza que siempre ha merecido el TCR en su función de contralor de la licitud y pertinencia de cualquier gasto de la estructura del Estado. Todo fallo futuro será tomado ahora con pinzas porque el episodio del avión significa que o bien el TCR fue incompetente en sus observaciones en los dos fallos anteriores o, lo que aparece ahora como más probable, es permeable a presiones políticas.

En un previo editorial señalamos que el Poder Ejecutivo debía tomar el camino más sensato de abandonar, al menos por ahora por razones de oportunidad, la compra de un avión modesto para uso por el presidente o algunos otros traslados. Se optó por persistir en la operación, con efectos negativos por todos lados. El gobierno se ha ganado una evitable tormenta política en el peor momento, cuando necesita votos opositores para aprobar los venideros cambios presupuestales. La transparencia oficial ha brillado por su ausencia. Y, lo peor de todo, la futura confiabilidad en el Tribunal de Cuentas queda oscurecida porque, a partir de ahora, surgirán dudas sobre la constante ecuanimidad equilibrada que siempre caracterizó su funcionamiento.