El acuerdo con Figueredo triplica lo incautado por Justicia en cinco años

Identificó a personas y empresas que colaboraron en el lavado de activos
El exvicepresidente de la Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol), Eugenio Figueredo, firmó ayer viernes un acuerdo con el fiscal de Crimen Organizado, Juan Gómez, por el cual el exdirigente de la FIFA, procesado con prisión por estafa y lavado de dinero, entregó 13 propiedades –algunas ya habían sido embargadas– que superan en los US$ 10 millones de valuación.

Figueredo, a quien la jueza Adriana de los Santos ya le había intervenido judicialmente nueve propiedades en junio de 2015, acordó entregar otros cuatro bienes inmuebles más, ubicados en Montevideo y Punta del Este.

El acuerdo tiene gran significación por el monto de los fondos que la Justicia recupera. En cinco años, los jueces de Crimen Organizado incautaron US$ 3,5 millones, un tercio de lo que entregó el expresidente de Conmebol. Las nueve propiedades embargadas a Figueredo inicialmente por la jueza Adriana de los Santos a pedido de Gómez, habían sido valuadas en US$ 5 millones.

Fuentes del caso informaron que además de información sobre bienes, el exdirectivo de Conmebol aportó nombres de personas y empresas que participaron junto a él en las maniobras ilícitas para lavar el dinero proveniente de actos de corrupción. También reconoció ser consciente de los actos ilícitos en los que participó.

Antes de que Figueredo fuera extraditado desde Suiza a Uruguay, se esperaba que otras propiedades millonarias que no habían sido embargadas y que permanecen en manos de familiares, socios y testaferros, fueran declaradas.

El fiscal Gómez –que será trasladado y dejará el caso en manos de su sustituta, María de los Ángeles Camiño, que asume el lunes– descartó, sin embargo, que el acuerdo beneficie a Figueredo con la salida de Cárcel Central y el cumplimiento de la pena en su domicilio, como se manejó inicialmente. “No es un acuerdo por prisión domiciliaria. Ese es un derecho que tiene la persona y el sistema en algún momento lo considerará”, informó Gómez a El Observador.

Es que originalmente el plan del exdirigente era conseguir el beneficio de la prisión domiciliaria y conservar una propiedad donde cumplir la pena, y así lo había planteado. Este tipo de acuerdos entre el procesado y el fiscal de un caso está previsto en el artículo 6º de la ley de Control y Prevención de Lavado de Activos y del Financiamiento del Terrorismo (18.494), vigente desde junio de 2009.
La norma habilita a los fiscales especializados en crimen organizado a reducir la pena hasta la mitad del mínimo o del máximo, o incluso no acusar a indagados que aporten información para ubicar a otros implicados, o datos para “recuperar objetos o bienes procedentes” de hechos ilícitos.

Las propiedades ofrecidas por Figueredo pasarán al Fondo de Bienes Decomisados que depende de la Junta Nacional de Drogas, que administra las incautaciones.

Declaró la esposa

La esposa de Figueredo, María del Carmen Burgos, declaró ayer como indagada ante la jueza De los Santos y el fiscal Gómez, y quedó en libertad. “No tiene nada que ver la situación de la esposa en el acuerdo”, dijo Gómez.

La esposa del dirigente preside una sociedad anónima dueña de cuatro apartamentos en un edificio en construcción sobre la rambla de Pocitos, que fueron, al igual que otras propiedades de Figueredo, embargados por la jueza De los Santos.

Antes del procesamiento de su marido, Burgos había enviado un acta notarial al juzgado en la que relataba que había recibido una amenaza por parte de un desconocido en un shopping de Montevideo y luego por teléfono para que su marido no colaborara con la Justicia uruguaya. “Decile a Eugenio que este tema lo arregle de otra manera, que no salga a buchonear, que se le va dar una mano”, le dijo el hombre a Burgos, dos días antes de que la mujer viajara a Suiza.

Dos meses antes de ese episodio, la abogada de Figueredo, Karen Pintos, había presentado un escrito ante la jueza en el que explicitaba la voluntad del exvicepresidente de FIFA de colaborar con la Justicia uruguaya .


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