El "asimilado" Amodio, el RBC y la mancha

La jueza Julia Staricco no mandó a prisión a Héctor Amodio. Él, ya estaba preso.

Ella se mandó presa a sí misma. Cargará con esa mochila toda su vida, por haber procesado a un hombre que fue amnistiado, por hacerlo sin prueba alguna, salteando la ley, e ignorando la historia; asombrada por un relato que le inventaron en la cara, y que la entusiasmaba como si la ficción fuera la verdad.

Amodio está preso desde el '72. Quedó prisionero de la historia de guerrilleros y traidores. Compra cada libro, subraya cada página, cuestiona cada línea, responde en voz alta a cada cita; fotocopia entrevistas de prensa, repasa notas grabadas en radio o en TV.

Vive para eso. Preso.

El ex guerrillero, amnistiado el 8 de marzo de 1985 por la Ley Nº 15.737, esperó durante años para volver al país y contar la historia desde su visión, dolorido por discrepar con el relato construido por sus ex camaradas.

Ingenuamente, este hombre que no tenía nada de ingenuo, creyó que volvía a un país donde la justicia le daría garantías para alzar su voz.

Creyó que aquella amnistía, o el período de prescripción, o el sentido común –viendo lo que ha pasado a tantos otros como él que están libres y campantes- creyó que todo eso, le daba un paraguas legal para llegar, dar su verdad, y volver al país que lo acogió cuando escapó del Uruguay.

Creyó en las garantías del debido proceso.

Un periodista y amigo me dio su sensación cuando lo detuvieron: "Amodio no debe pedir garantías de la justicia, debe pedir el resultado de la monedita; cara o cruz, y así tiene 50% de chance de ir preso, lo que puede ser riesgoso, pero le da más chance que ir a juicio".

Amodio no pidió "monedita". Y entonces perdió el 50% de chance. ¿Pruebas? Alcanzó el testimonio de gente que lo odia que dice que lo vio con chaqueta militar señalando compañeros. Que la jueza "comprara" lo de la chaqueta, habla de ella.

Como la Ley de Amnistía dice que ese beneficio no alcanza a los "funcionarios policiales o militares, equiparados o asimilados", hubo que categorizarlo como un "asimilado".

¿Amodio entregó a compañeros? Probablemente lo hizo; como otros. ¿O cuando los militares lo detuvieron en un apartamento de un edificio de la calle Maldonado, fue porque estaban revisando casa por casa? No; claro, iban con el dato que había dado otro preso.

Ahora, ¿la señal es que un delincuente, cuando es detenido, debe callarse ante el interrogatorio y no aportar datos a la policía?

Amodio, como otros guerrilleros, cayeron por cometer delitos contra personas y contra propiedades.

De Wasen, Amodio o Wolff, salió el dato de la dirección de la "cárcel del pueblo", como llamaba el MLN-T al lugar donde tenían a sus secuestrados.

¿Debieron callarse? ¿Era mejor dejar que muriera el ex ministro de Ganadería y el presidente de UTE que estaban secuestrados por los guerrilleros? ¿Esa es la lección que da la jueza?

La aplicación del delito de privación de libertad es curiosa. Las autoridades ¿no debían detener a guerrilleros?

Estamos hablando de militantes, que por un sueño revolucionario, cometieron delitos. Y que entendían que asumían el riesgo de ser detenidos por eso.

Esta vez no fue "lo político por encima de lo jurídico". Lo que estuvo por encima de la ley fue la ignorancia, el desconocimiento de la historia, el entusiasmo por el brillo de unos segundos de fama, la bobada alegre que se abre paso en un país que asiste a las grietas de una intelectualidad del pasado, arrollada por la banalización generalizada.

El caso irá a al Tribunal de Apelaciones. Pero el daño está hecho.

Hay un caso reciente, que sirve de ejemplo.

La jueza Adriana de los Santos, a pedido del juez argentino Norberto Oyarbide, allanó las oficinas del Royal Bank of Canada (RBC) instaladas en Zonamerica y se llevó documentación de miles de clientes extranjeros. También sin pruebas.

La jueza envió una carta a su colega argentino para que hiciera algo con toda esa información, que a ella le ocupaba espacio en el juzgado.

Oyarbide se rió. El caso ni llegó a un tribunal y terminó archivado. Pero el banco se fue del país. El daño estaba hecho.

La jueza no ha innovado con este fallo. En la dictadura, los jueces militares procesaban sin pruebas a miles de militantes políticos, que sólo hacían política defendiendo ideas que no agradaban a los dictadores. Aquellos jueces no precisaban pruebas para procesar.

Bueno...