El calvario del impeachment

La economía más poderosa de América Latina enfrenta una crisis política que se agiganta a medida que pasan los días y surgen nuevos episodios de corrupción. Los partidos oficialistas y opositores convocan manifestaciones constantemente, mientras la presión se deja sentir en casi todos los ámbitos de la vida brasileña. En medio de todo el embrollo político, un concepto predomina la escena: el impeachment o juicio político.

¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Usarlo implica un "golpe" de estado como afirman algunos? ¿Además de Brasil, dónde más se prevé en la Constitución?

Este mecanismo de control parlamentario es el que pretende utilizar la oposición brasileña para destituir de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, investigada por presuntas manipulaciones de fondos públicos. Liderada ahora por Michel Temer, vicepresidente y titular del escindido Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la coalición de partidos opuestos al gobierno intenta lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados para impulsar el impeachment.

Por otro lado, Rousseff y su mentor, el expresidente Lula da Silva, intentan encontrar una estrategia certera que permita evitar una eventual presidencia de Temer. Para esto, a lo largo de la semana han concretado reuniones con dirigentes partidarios, de manera de convencerlos de mantenerse a su lado y votar en contra del mecanismo que alejaría al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno. A su vez, ambos han calificado al proceso como un "golpe de estado" camuflado tras la idea de "juicio político".

Dada la importancia de Brasil para el resto del continente, el complicado y largo proceso se ha seguido intensamente por el resto de los países, que temen que el desorden político brasileño termine por impactar en sus propios gobiernos.

Según explicó el politólogo Oscar A. Bottinelli, el juicio político tiene esa denominación porque los organismos que los realizan son políticos, pero su contenido es jurídico. "El juicio político toma en cuenta los delitos graves o violación de la Constitución y leyes y no se lo debe confundir con la censura parlamentaria", explicó Bottinelli.

La mecánica es similar en todas las constituciones latinoamericanas, más allá de que algunas poseen más especifidad sobre la clase de delitos que se pueden juzgar. Esto deriva de que el modelo fue tomado de la Constitución estadounidense, la primera en establecer el proceso de impeachment entre sus artículos.

Normalmente, los procesos de destitución comienzan con una serie de comisiones que investigan las causas contra la figura política a la que se busca realizar el juicio. Luego, las constituciones establecen dos instancias de votación. En primer lugar, la Cámara de Diputados actúa como fiscal del caso y es la que presenta la acusación. La misma puede darse, dependiendo del país, por una mayoría simple (mayoría por un voto o más) o absoluta (dos tercios de los votos). Si en Diputados la aprobación es de dos tercios, el presidente o la figura juzgada deberá apartarse de su cargo por 180 días, mientras el Senado actúa.

La Cámara de Senadores funciona como el juez del caso y será la que defina si efectivamente se destituirá al acusado. Según explicó Bottinelli, para que el proceso se realice de forma transparente, es esencial que en esta instancia los senadores actúen verdaderamente como jueces y se despojen de intereses políticos. Tanto es así que en los juicios políticos celebrados en Estados Unidos, quien preside el Senado es el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El proceso en Brasil todavía se encuentra en las etapas previas a la votación en la Cámara de Diputados, y es por eso que tanto aquellos que se encuentran a favor de la destitución de Rousseff como los que están en contra juegan sus últimas cartas para virar la eventual votación a su favor.

Para mañana lunes está programada la última sesión de defensa de Rousseff ante la comisión de diputados que analiza las pruebas en su contra. Luego de esto, la comisión tendrá dos días para establecer su decisión y dar comienzo al debate de la acusación en la Cámara de Diputados, que tendrá que resolver en un plazo de cinco días.

Si la votación resulta favorable en dos tercios (342 de 513), Rousseff deberá abandonar provisionalmente su cargo por 180 días, mientras la Cámara de Senadores toma su decisión. Se espera que esta votación tenga lugar a mediados de abril.

El Senado brasileño está formado por 81 miembros, por lo que serían 54 votos los que habilitarían la destitución de la presidenta (dos tercios). De esta manera, quien asumiría en su lugar sería Michel Temer, ahora enfrentado a Dilma.

El resultado final del proceso es, en cierta manera, incierto. Más allá que quienes están a favor de la destitución de Rousseff parecen tener ventaja, el Parlamento se encuentra sumamente fragmentado y sus intereses políticos cambian regularmente.

Según Bottinelli, en Brasil se están cumpliendo con los procedimientos adecuados, pero la politización de la situación puede resultar negativa para su democracia.