El calvario del impeachment

Es una semana clave para Rousseff: ¿cómo son los pasos del juicio político? En toda América están previstos y en Uruguay se iniciaron algunos que nunca terminaron
Embed

Los casos más recordados

En Brasil no es la primera vez y otros presidentes de la región y EEUU han tenido que lidiar con procesos de destitución con distintos resultados

Richard Nixon (1974)

El caso Watergate, revelado por dos periodistas del diario The Washington Post, continúa recordándose como uno de los episodios políticos más importantes de la historia reciente. Las pruebas de que el gobierno de Nixon había cometido reiterados abusos de poder en su campaña de reelección, llevó a que el Congreso de Estados Unidos impulsara un proceso de impeachment para destituir al jefe de Estado. Sin embargo, no llegó a iniciarse, dado que el propio Nixon renunció el 9 de agosto de 1974, dejándole su puesto a Gerald Ford.

Fernando Collor (1992)

Con solo 40 años, Fernando Collor de Mello llegó a la presidencia de Brasil como el primer presidente electo tras el proceso dictatorial. Sin embargo, como sucede en el actual gobierno de Dilma Rousseff, la corrupción empañó su mandato y las acusaciones en su contra caldearon el clima político. Por eso, en 1992 la Cámara de Diputados de Brasil aprobó por 441 votos su destitución. Ante la clara posibilidad de que el Senado resolviera de igual forma que la cámara baja, Collor decidió renunciar a su cargo el 29 de diciembre.

Carlos Andrés Pérez (1993)

En 1993, Carlos Andrés Pérez, también conocido como CAP, se aprestaba a encarar los últimos años de su segundo mandato al frente del gobierno de Venezuela.
Sin embargo, luego de investigaciones periodísticas surgieron una serie de acusaciones de malversación de fondos públicos por unos 250 millones de bolívares, por lo que el Congreso abrió un proceso de impeachment contra él.
Se resolvió su destitución en agosto de 1993.

Ernesto Samper (1996)

En 1996, el clima político en Colombia se espesaba luego de que se acusara al presidente Samper de haber recibido financiación del narcotráfico en su campaña electoral, más precisamente, dinero proveniente de los negocios del cartel de Cali. Mientras la comisión de acusación investigaba el caso, el Parlamento colombiano ponía en marcha un proceso de destitución para el mandatario. Finalmente, la comisión no encontró las pruebas necesarias y Samper fue absuelto de los cargos.

Raúl Cubas (1999)

A fines de la década de 1990, Paraguay vivía una fuerte crisis política marcada por la inoperancia del presidente, Raúl Cubas. Cuando el vicepresidente Luis Argaña fue asesinado en un hecho confuso, la oposición acusó al exgeneral golpista Lino Oviedo, que cumplía una condena de 10 años en prisión, pero que había sido liberado mediante un decreto presidencial de Cubas. Por esto, el Congreso paraguayo resolvió iniciar un juicio político contra el mandatario, pero este renunció el 28 de marzo de 1999, antes de que dicho proceso culminara.

Bill Clinton (1999)

El escándalo sexual que involucró a la pasante de la Casa Blanca, Mónica Lewinski, y al presidente demócrata Bill Clinton desencadenó un proceso de impeachment contra el mandatario donde se lo acusó de perjurio y obstrucción de la Justicia. El caso tuvo una repercusión mediática muy grande en todo el mundo y, pese a la presión de una sociedad política que pedía su renuncia, Clinton siempre dejó en claro que continuaría frente al gobierno de Estados Unidos. Finalmente, el Senado lo absolvió de sus cargos, por lo que se mantuvo en su puesto.

Luis González Macchi (2002)

El mal desempeño de sus funciones, desvíos de millones de dólares y la posesión de un automóvil presuntamente robado fueron las causas por las cuales en 2002, tres años después del juicio contra Cubas, la Cámara de Diputados de Paraguay inició un juicio político contra su presidente. A pesar de que la moción logró una mayoría abrumadora en la cámara baja, no encontró la misma respuesta en el Senado, que no llegó a los 30 votos necesarios para la destitución. Por lo tanto, González Macchi fue absuelto.

Fernando Lugo (2012)

El antecedente más reciente de un juicio político fue el que tuvo lugar en Paraguay en el año 2012 y que involucró al presidente Fernando Lugo. Treinta y dos votos a favor y cuatro en contra en el Senado paraguayo fueron los que decidieron la suerte de Lugo, acusado de mal desempeño de sus funciones, en el marco de una crisis política que se originó a raíz de la matanza de Curuguaty, donde fueron asesinadas 16 personas. Lugo abandonó su cargo en medio de acusaciones de golpe de estado el 22 de junio de 2012.


Por Emanuel Bremermann
La economía más poderosa de América Latina enfrenta una crisis política que se agiganta a medida que pasan los días y surgen nuevos episodios de corrupción. Los partidos oficialistas y opositores convocan manifestaciones constantemente, mientras la presión se deja sentir en casi todos los ámbitos de la vida brasileña. En medio de todo el embrollo político, un concepto predomina la escena: el impeachment o juicio político.

¿Cómo funciona este mecanismo? ¿Usarlo implica un "golpe" de estado como afirman algunos? ¿Además de Brasil, dónde más se prevé en la Constitución?

Este mecanismo de control parlamentario es el que pretende utilizar la oposición brasileña para destituir de su cargo a la presidenta Dilma Rousseff, investigada por presuntas manipulaciones de fondos públicos. Liderada ahora por Michel Temer, vicepresidente y titular del escindido Partido por el Movimiento Democrático Brasileño (PMDB), la coalición de partidos opuestos al gobierno intenta lograr los votos necesarios en la Cámara de Diputados para impulsar el impeachment.

Por otro lado, Rousseff y su mentor, el expresidente Lula da Silva, intentan encontrar una estrategia certera que permita evitar una eventual presidencia de Temer. Para esto, a lo largo de la semana han concretado reuniones con dirigentes partidarios, de manera de convencerlos de mantenerse a su lado y votar en contra del mecanismo que alejaría al Partido de los Trabajadores (PT) del gobierno. A su vez, ambos han calificado al proceso como un "golpe de estado" camuflado tras la idea de "juicio político".
Dada la importancia de Brasil para el resto del continente, el complicado y largo proceso se ha seguido intensamente por el resto de los países, que temen que el desorden político brasileño termine por impactar en sus propios gobiernos.

Los pasos del proceso


Según explicó el politólogo Oscar A. Bottinelli, el juicio político tiene esa denominación porque los organismos que los realizan son políticos, pero su contenido es jurídico. "El juicio político toma en cuenta los delitos graves o violación de la Constitución y leyes y no se lo debe confundir con la censura parlamentaria", explicó Bottinelli.

La mecánica es similar en todas las constituciones latinoamericanas, más allá de que algunas poseen más especifidad sobre la clase de delitos que se pueden juzgar. Esto deriva de que el modelo fue tomado de la Constitución estadounidense, la primera en establecer el proceso de impeachment entre sus artículos.

Normalmente, los procesos de destitución comienzan con una serie de comisiones que investigan las causas contra la figura política a la que se busca realizar el juicio. Luego, las constituciones establecen dos instancias de votación. En primer lugar, la Cámara de Diputados actúa como fiscal del caso y es la que presenta la acusación. La misma puede darse, dependiendo del país, por una mayoría simple (mayoría por un voto o más) o absoluta (dos tercios de los votos). Si en Diputados la aprobación es de dos tercios, el presidente o la figura juzgada deberá apartarse de su cargo por 180 días, mientras el Senado actúa.

Si la votación resulta favorable en dos tercios (342 de 513), Rousseff deberá abandonar provisionalmente su cargo por 180 días.

La Cámara de Senadores funciona como el juez del caso y será la que defina si efectivamente se destituirá al acusado. Según explicó Bottinelli, para que el proceso se realice de forma transparente, es esencial que en esta instancia los senadores actúen verdaderamente como jueces y se despojen de intereses políticos. Tanto es así que en los juicios políticos celebrados en Estados Unidos, quien preside el Senado es el propio presidente de la Suprema Corte de Justicia.

El proceso en Brasil todavía se encuentra en las etapas previas a la votación en la Cámara de Diputados, y es por eso que tanto aquellos que se encuentran a favor de la destitución de Rousseff como los que están en contra juegan sus últimas cartas para virar la eventual votación a su favor.
Para mañana lunes está programada la última sesión de defensa de Rousseff ante la comisión de diputados que analiza las pruebas en su contra. Luego de esto, la comisión tendrá dos días para establecer su decisión y dar comienzo al debate de la acusación en la Cámara de Diputados, que tendrá que resolver en un plazo de cinco días.

Si la votación resulta favorable en dos tercios (342 de 513), Rousseff deberá abandonar provisionalmente su cargo por 180 días, mientras la Cámara de Senadores toma su decisión. Se espera que esta votación tenga lugar a mediados de abril.

El Senado brasileño está formado por 81 miembros, por lo que serían 54 votos los que habilitarían la destitución de la presidenta (dos tercios). De esta manera, quien asumiría en su lugar sería Michel Temer, ahora enfrentado a Dilma.

El resultado final del proceso es, en cierta manera, incierto. Más allá que quienes están a favor de la destitución de Rousseff parecen tener ventaja, el Parlamento se encuentra sumamente fragmentado y sus intereses políticos cambian regularmente.

Según Bottinelli, en Brasil se están cumpliendo con los procedimientos adecuados, pero la politización de la situación puede resultar negativa para su democracia.

Pacheco Areco, el último proceso en Uruguay

En Uruguay, la Constitución establece en tres artículos distintos la posibilidad de un juicio político. El artículo 93 establece que la Cámara de Representantes tiene el "derecho exclusivo de acusar frente a la Cámara de Senadores a los legisladores, al presidente y el vicepresidente de la República, a los ministros" y a otros miembros del gobierno por "violación de la Constitución u otros delitos graves", después que se hayan presentado las denuncias correspondientes.

A su vez, el artículo 102 menciona que el Senado será el juez del caso, y deberá "pronunciar sentencia al solo efecto de separarlos de sus cargos, por dos tercios de votos del total de sus componentes". El artículo 103 establece que aquellos a quien el Senado destituya quedarán "sujetos a juicio conforme a la ley".

Uruguay no posee antecedentes de presidentes que hayan sido destituidos por procesos de juicios políticos, aunque sí hay casos de acusaciones de la Cámara de Diputados que el Senado luego desestimó.

Jorge Pacheco Areco fue uno de los pocos que enfrentó un juicio político en Uruguay. A fines de la década 1960, la Cámara de Representantes abrió un proceso contra Pacheco Areco por reiteradas acusaciones de violaciones a los derechos humanos. Sin embargo, el Senado jamás llegó a tratar el tema.

Populares de la sección

Acerca del autor