El caso Conaprole derivó en una audiencia dominada por el caos

Caótica. Así definieron varios participantes la audiencia que se realizó el viernes 16 por una denuncia presentada por Conaprole debido a una presunta maniobra de robo de productos por la que el jueves al mediodía habían sido detenidas 17 personas. Junto a ellos, 13 abogados y más de una decena de testigos, indagados y representantes de la empresa denunciante se presentaron ese viernes a las 9 de la mañana a pedido de la jueza penal Julia Staricco y el fiscal Diego Pérez, en una pequeña sala del juzgado de la calle Bartolomé Mitre. El tamaño de la habitación obligó a que varias personas quedaran fuera e hicieran fuerza para escuchar cómo se iba desarrollando la audiencia.

La cantidad de personas que tenían que declarar era tal que hubo que dividir la zona de trabajo en cuatro, lo que llevó a que fiscal y jueza debieran desfilar de un lado al otro y los abogados decidir a qué testigo o indagado querían escuchar.

A poco de comenzar, algunos abogados notaron que faltaba el parte policial, es decir el documento donde la Policía da cuenta a la Justicia del hecho denunciado. "¿Dónde está el parte?", preguntó uno de ellos. Pero el documento no aparecía y sobre la hora 16.30 –a casi ocho horas de iniciada la audiencia– ocho defensores presentaron un recurso de incompetencia de la jueza actuante por dos motivos: la falta del parte y porque alegaban que el caso debería haber sido investigado en Crimen Organizado y no en un juzgado penal ordinario.

Una hora después ese documento apareció. Allí figuraba que Conaprole había dado cuenta al departamento de delitos económicos de la Dirección General de Crimen Organizado e Interpol el 2 de agosto de 2016 del hecho de que estaba realizando una investigación interna por presunto robo de productos. Ese día, quien estaba de turno en la Justicia penal era el magistrado Ricardo Míguez, lo que llevó a que algunos abogados presentaran otro recurso de incompetencia de Staricco. Según los defensores, le correspondía a Míguez y no la jueza que finalmente tomó la causa investigar lo denunciado. A su vez, en el parte consta que la denuncia formal de Conaprole ante Interpol fue presentada el 7 de junio de este año.

El fiscal Pérez demoró una media hora en analizar esos recursos presentados y la jueza Staricco se expidió aduciendo que tenía competencia y podía seguir adelante con la indagatoria. Pero las horas pasaban y en el juzgado eran pocos los indagados y testigos a los que se les había tomado declaración. Según contaron participantes de las audiencias a El Observador, la tensión en la sala aumentaba y los gritos y la impaciencia se empezaban a notar.

Muchos de los abogados de los detenidos señalaron ante la jueza y el fiscal que para llevar adelante la investigación debería "haber un tiempo para una debida defensa", según relató uno de ellos a El Observador. El principal problema era que no pudieron acceder a la denuncia completa, es decir que no les quedaba del todo clara la razón de la detención de sus defendidos.

Entrada la noche, Staricco anunció que unos 15 empresarios citados podían irse, sin haber declarado. A la 1.30 de la madrugada del sábado, los 17 detenidos también fueron liberados luego de pasar más de 36 horas incomunicados.

La Justicia concluyó que la investigación pasaba a estado de presumario y el fiscal Pérez solicitó como prueba unos videos de Conaprole en los que, supuestamente, aparece parte de la maniobra.

Según lo denunciado, consistía en hacer figurar como devuelta mercadería que había sido vendida a los comercios, de modo que se quedaban con la totalidad del dinero generado, sin volcar nada a la compañía. El caos del viernes terminó con todos los detenidos liberados y un caso que al día martes todavía no tenía un expediente formado, mientras los defensores aguardan nuevas citaciones.