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El caso Santiago Maldonado: una complicación para Macri
El artesano, defensor de la causa mapuche, lleva desaparecido un mes mientras la tormenta política crece
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03 de septiembre de 2017 a las 05:00
La suerte del activista Santiago Maldonado es un misterio desde que desapareció tras una acción policial el 1 de agosto en una comunidad mapuche de la Patagonia. Crece como escándalo político y moviliza a Argentina, donde el tema de los desaparecidos es una herida abierta.
"¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado es responsable", es el lema en afiches que cuelgan en hospitales, escuelas, estaciones de transporte, equipos de fútbol, y un reflejo del impacto negativo de esta desaparición para el gobierno de Mauricio Macri.
Es la primera vez que se instala la duda sobre si el Estado o el gobierno tuvieron arte y parte en la desaparición de Maldonado, artesano de 28 años, mochilero y que "no es mapuche; simplemente es defensor de todo tipo de causas", según su amigo Marcos Ampuero
.
El joven, de barba y cabellera rasta, fue visto por última vez el 1° de agosto en un operativo de la gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut, en tierras compradas por el magnate italiano Luciano Benetton.
No hay pistas de su paradero. Testimonios de indígenas mapuches y de la familia hablan de una "desaparición forzada" a manos de gendarmería, tesis que el gobierno rechazó de plano.
"En nombre del presidente, somos los primeros interesados en que aparezca", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante el Congreso, al insistir en que trabaja "con todas las herramientas del Estado para llegar a una respuesta".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó la responsabilidad policial y lanzó la hipótesis de que se perdió el rastro de Maldonado antes del 21 de julio, lo que su familia negó.
El caso Maldonado se politizó en un país polarizado y en tiempos electorales, donde los seguidores de Macri acusan a los simpatizantes del kirchnerismo de impulsar una supuesta campaña para manchar la reputación del actual gobierno.
Detractores del presidente comparan su accionar en derechos humanos con la dictadura.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, responsabilizaron de la desparición a la gendarmería y al Estado.
La fiscalía también calificó la causa como "desaparición forzada", mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado que esclarezca el caso.
"¿Dónde está Santiago Maldonado? El Estado es responsable", es el lema en afiches que cuelgan en hospitales, escuelas, estaciones de transporte, equipos de fútbol, y un reflejo del impacto negativo de esta desaparición para el gobierno de Mauricio Macri.
Es la primera vez que se instala la duda sobre si el Estado o el gobierno tuvieron arte y parte en la desaparición de Maldonado, artesano de 28 años, mochilero y que "no es mapuche; simplemente es defensor de todo tipo de causas", según su amigo Marcos Ampuero
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El joven, de barba y cabellera rasta, fue visto por última vez el 1° de agosto en un operativo de la gendarmería en la comunidad mapuche Pu Lof de Chubut, en tierras compradas por el magnate italiano Luciano Benetton.
No hay pistas de su paradero. Testimonios de indígenas mapuches y de la familia hablan de una "desaparición forzada" a manos de gendarmería, tesis que el gobierno rechazó de plano.
"En nombre del presidente, somos los primeros interesados en que aparezca", dijo el jefe de Gabinete, Marcos Peña, ante el Congreso, al insistir en que trabaja "con todas las herramientas del Estado para llegar a una respuesta".
La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, negó la responsabilidad policial y lanzó la hipótesis de que se perdió el rastro de Maldonado antes del 21 de julio, lo que su familia negó.
El caso Maldonado se politizó en un país polarizado y en tiempos electorales, donde los seguidores de Macri acusan a los simpatizantes del kirchnerismo de impulsar una supuesta campaña para manchar la reputación del actual gobierno.
Detractores del presidente comparan su accionar en derechos humanos con la dictadura.
Estela de Carlotto, presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, y el premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, responsabilizaron de la desparición a la gendarmería y al Estado.
La fiscalía también calificó la causa como "desaparición forzada", mientras la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) pidió al Estado que esclarezca el caso.
