El chavismo se excluye del continente

La declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía para presos políticos agrede los derechos humanos en Venezuela

Con la declaración de inconstitucionalidad de la ley de amnistía para presos políticos por su máximo tribunal, el régimen venezolano no solo vuelve a agredir los derechos humanos sino que habilita su exclusión de la comunidad continental por aplicación de la Carta Democrática Interamericana. Este documento, suscripto en 2001 por los cancilleres de Venezuela y otras 23 naciones del continente, no solo proscribe a países donde se produce un quiebre institucional. Establece también como causal la desaparición de “la separación e independencia de los poderes públicos”.

Bajo el chavismo este principio de legitimidad democrática se ha convertido en una burla. El Poder Legislativo, dominado por la oposición, actúa con independencia. Pero el Judicial ha abdicado abiertamente de su autonomía para convertirse en un obediente ejecutor de las órdenes del Ejecutivo. Varios de los miembros del Tribunal Supremo de Justicia, integrado por el presidente Nicolás Maduro en 2014 con 13 jueces amigos, han rechazado públicamente el principio de la separación de poderes y han sostenido que su función es respaldar la agenda política del gobierno. Acaban de confirmarlo con la ley de amnistía, lo cual impone al secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), el uruguayo Luis Almagro, la obligación de poner en marcha el mecanismo de excluir a la Venezuela chavista de la estructura regional.

La ley de amnistía disponía la anulación de sentencias penales y la excarcelación de decenas de opositores, incluyendo a algunos de los dirigentes más conspicuos arbitrariamente encarcelados y condenados por alentar manifestaciones contrarias al régimen de Maduro, así como a defensores de los derechos humanos y hasta a jueces acusados de delitos por haber emitido sentencias que disgustaron al gobierno. El chavismo la combatió desde que empezó a debatirse en la Asamblea Nacional. Tratando de desacreditarla, pidió al Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos que estudiara si la ley coincidía con los estándares internacionales en ese campo. Como el fallo de la ONU le fue desfavorable, recurrió a citar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos de la OEA, pese a que el chavismo la denigraba desde las épocas de Hugo Chávez.

Agotadas estas instancias, quedó en manos del sumiso Tribunal Supremo declarar la inconstitucionalidad con argumentos de tragicomedia. Sostuvo que el lenguaje de la norma es demasiado amplio y que favorece indebidamente a los legisladores que la promovieron, lo que nada tiene que ver con la protección de los derechos humanos de cualquier persona, independientemente de su filiación política. La ridícula explicación del tribunal equivale a que la ley de amnistía votada en Uruguay al retorno de la democracia hubiera sido declarada inconstitucional por nuestra Suprema Corte porque favorecía solo a los tupamaros.

El fallo de inconstitucionalidad es una prueba irrefutable de la desaparición en Venezuela de la división de poderes, pilar del estado de derecho como lo establece la Carta Democrática Interamericana. Almagro, que ha depuesto saludablemente sus viejas simpatías chavistas como canciller para ejercer equilibradamente la jefatura de la OEA, ya se ha pronunciado varias veces contra los desmanes de Maduro y sus cohortes. Debe ahora confirmarlo iniciando el proceso para proscribir al chavismo del sistema democrático del continente.


Acerca del autor

El Observador

El Observador

Comentarios