El Colegio de Abogados reclama que su profesión esté regulada por ley

Uruguay es el único país de la región que no tiene colegiación para esos profesionales


Cada vez que una noticia los tiene por protagonistas, el Colegio de Abogados reafirma la necesidad de que una ley colegie su profesión. La semana pasada el semanario Búsqueda informó que una funcionaria del Ministerio de Industria fue sumariada luego de que se hiciera pasar por abogada cuando no lo era. En un comunicado, el colegio condenó el hecho y reivindicó "la necesidad de que se apruebe legalmente la colegiación pública de la abogacía, como una eficaz forma de control por la abogacía organizada respecto de esta situación".

Consultado por El Observador, el presidente del Colegio de Abogados, César Pérez Novarro, indicó que Uruguay es el único país de la región que no tiene colegiación pública obligatoria de la abogacía, lo que considera "una deuda pendiente". "(Un colegio público) es una garantía que se le reconoce a los individuos. Cada vez que vamos a congresos con abogados permanentemente nos sentimos disminuidos", sostuvo. Actualmente, el Colegio de Abogados funciona bajo la órbita privada y no pública no estatal, como aspiran que sea.

A diferencia de lo que sucede, por ejemplo, con el Colegio Médico, no existe una norma que legisle la colegiación de los abogados. Quien lleva el registro de esos profesionales es la Suprema Corte de Justicia (SCJ), organismo ante el cual los abogados recién recibidos tienen que jurar para poder comenzar a ejercer.

Según Pérez Novarro, el reclamo de una colegiación viene "desde hace décadas". "Es un respaldo para la ciudadanía. Así debe ser concebido", insistió. Con respecto al caso concreto de la funcionario del Ministerio de Industria, el Colegio de Abogados consideró que "corresponde instar a los organismos públicos que instrumenten controles efectivos que impidan el ejercicio ilegitimo de la profesión de abogado".

Respaldo a abogado

A su vez, el Colegio de Abogados respaldó y se solidarizó con Guzmán Pedreira, abogado de la dueña de la casa ocupada por el grupo radical La Solidaria. Pedreira contó a El Observador la semana pasada que tanto la foto de él como la de su clienta habían sido plasmadas en carteles con el texto "se busca" y los datos personales de ambos. De hecho, los carteles con la cara de su clienta llegaron a ser pegados frente al juzgado donde se desarrolló la acción civil a través de la cual la mujer recuperó su casa.

"Es repudiable la conducta de quienes fueron desalojados de un inmueble por orden judicial dictada en un proceso jurisdiccional con todas las garantías, que pretende amedrentar a un abogado que ha ejercido los derechos de su cliente a recuperar la tenencia de una propiedad inmueble", indica el comunicado y agrega: "Tal conducta menoscaba el derecho de defensa en un proceso de que es titular todo habitante de nuestro país".



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