El debate del gobierno para evitar un "ajuste de derecha"

Durante las cuatro reuniones del Consejo de Ministros que precedieron al acuerdo que se concretó con el Frente Amplio por la Rendición de Cuentas hubo un tema de discusión que por momentos se tornó predominante: qué tipo de ajuste la izquierda debía implementar.

La situación del país y el escenario actual de la región obligaba al gobierno a realizar correcciones significativas y aumentar impuestos con fines recaudatorios por primera vez desde la reforma tributaria del 2007. De manera que, para el Ejecutivo, no fue nada fácil encarar esta tarea, reconocieron a El Observador fuentes de gobierno.

En esas largas sesiones el Consejo de Ministros resolvió que no podía ni debía hacer un tipo de ajuste "que afectara a toda la población con una tasa fija", tal como lo habían implementado gobiernos del Partido Nacional y del Partido Colorado luego de la vuelta a la democracia.

En este sentido, el presidente y sus ministros —encabezados por el titular de Economía y Finanzas, Danilo Astori— resolvieron que debían mantener una "coherencia política", en el entendido que no podían presentar una propuesta que se pareciera a los ajustes del pasado que habían tenido al Frente Amplio como un férreo opositor.

"Esto no es un ajuste fiscal de derecha", opinó la senadora del Movimiento de Participación Popular, Lucía Topolansky, en la reunión que el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio mantuvo con el presidente, Tabaré Vázquez, la semana pasada. Esta es una valoración que se extiende en la izquierda.

Para la senadora del Frente Amplio, Mónica Xavier, hay elementos distintivos visibles entre el ajuste realizado por el gobierno de su fuerza política y los realizados en administraciones con otro signo político. Como primer punto, Xavier se refirió a la decisión del gobierno de que los salarios más bajos continúan sin gravamen.

La senadora marcó diferencias vinculadas a la reducción del Impuesto al Valor Agregado (IVA) y defendió la suba de algunas tarifas. "Una de las cosas que se critica es el aumento de las tarifas, pero hay tarifas que no tuvieron aumento en una década", concluyó Xavier.

Entrevistado por El Observador TV, el diputado frenteamplista y exintendente de Maldonado, Óscar de los Santos, dijo que el acuerdo que alcanzó el Poder Ejecutivo con el Frente Amplio "ayuda a que el debate en el Parlamento se facilite" y que se puedan "poner en cuestión los dos proyectos nacionales, el proyecto que impulsa la izquierda y frente a este escenario, cuáles son los antecedentes de los partidos tradicionales el comportamiento de ajustes fiscales cuando la recaudación no se daba como se previa".

En el contexto de una relativa bonanza económica pero con la herencia de una inflación que alcanzó el pico de 134% en mayo de 1991 y que fue disminuyendo progresivamente, el gobierno de Luis Alberto Lacalle (1990-1995) realizó un ajuste fiscal que se cristalizó en la ley Nº 16.107. La norma estableció un aumento de la tasa del Impuesto al Valor Agregado (IVA) en un punto, pasando del 21% al 22%. Además la administración de Lacalle aumentó el Impuesto a las Retribuciones Personales (IRP) y a jubilaciones y pensiones.

En ese momento se establecieron tres categorías imponibles con tasas que recién habrían de bajarse para el fin de la administración y que volvieron a ajustarse en el inicio del gobierno de Julio María Sanguinetti (1995-2000). El gobierno del Partido Nacional también creó un Impuesto a las Trasmisiones Patrimoniales e incrementó en un 3,5% el aporte patronal al Banco de Previsión Social.

La última gran crisis económica y financiera que sufrió el país en 2002, durante el gobierno de Jorge Batlle, llevó a un ajuste fiscal importante. Ante la necesidad de aumentar la recaudación y bajar el déficit, el gobierno colorado presentó un paquete de medidas entre las que destacaba el impuesto a las ventas (Cofis), modificaciones al IVA, y un impuesto adicional a las Retribuciones Personales.

Este ajuste fiscal del gobierno del Frente Amplio busca reducir el rojo de las cuentas públicas y aumentar los ingresos del Estado. El aumento impositivo buscará recaudar unos US$ 286 millones, detalló Astori el lunes pasado. Pero ese incremento no alcanzará para bajar el actual déficit fiscal equivalente a 3,6% del PIB a 2,5%, dijo el ministro de Economía. Para eso también es necesario contraer el gasto.