El debate sobre la autonomía de los futuros investigadores

Reforma a la ley orgánica del Ministerio Público otorga al fiscal de Corte la facultad de brindar instrucciones generales

El sistema judicial está trabajando para poner a andar el nuevo Código del Proceso Penal (CPP), que pondrá en manos de los fiscales la tarea de dirigir las investigaciones, cosa que actualmente está en manos de los jueces.

La fecha definitiva de la instrumentación del nuevo sistema procesal fue acordada a fines de junio por el presidente Tabaré Vázquez y el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Ricardo Pérez Manrique, e implica una postergación de cinco meses y medio, ya que cuando a fines de 2014 se aprobó el nuevo CPP se había estipulado su vigencia para febrero de 2017. El gobierno destinará unos $ 474 millones (unos US$ 15,8 millones, según la cotización actual) para poner en marcha el sistema.

Ahora, con el nuevo CPP en el horizonte, el Parlamento comenzó a analizar la actualización de la ley orgánica del Ministerio Público vigente desde 1982, un cambio que es promovido por el fiscal de Corte, Jorge Díaz, y que está muy asociado al nuevo rol que tendrán los fiscales.

La principal novedad –y la que genera más rispidez- que incluye la actualización de la ley orgánica es la potestad que le asigna al fiscal de Corte (titular de la Fiscalía General de la Nación, que por ley pasó el año pasado a ser un órgano descentralizado del Ministerio de Educación y Cultura) a brindar instrucciones generales a los fiscales para, por ejemplo, establecer que no se perseguirán robos inferiores a determinado monto.

"El fiscal de Corte y Procurador General de la Nación elaborará instrucciones generales de actuación de sus integrantes, a efectos de crear y mantener la unidad de acción e interpretación de las leyes en el Ministerio Público", dice el proyecto a estudio de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, que aclara que los fiscales "gozarán de independencia técnica en el ejercicio de sus funciones".

Las instrucciones generales serán elaboradas por el Consejo Consultivo Asesor y comunicadas por escrito a todos los fiscales que "no podrán apartarse" de ellas aunque sí tendrán la posibilidad de "formular objeciones" en caso de no estar de acuerdo y apartarse de un determinado expediente.

Ayer, Díaz compareció durante casi tres horas ante la Comisión de Constitución y Legislación del Senado. Luego, en rueda de prensa, dijo que las instrucciones generales existen "en casi todos los países del mundo" aunque reconoció que "siempre que se trata de institutos novedosos puede haber algún matiz".

"Por ser novedoso en nuestro derecho, es algo que genera dudas, interrogantes y cuestionamientos, pero creemos haber aclarado lo suficiente para que los senadores tengan los insumos necesarios para sus análisis y posterior aprobación", afirmó Díaz.

Libertad, la clave

En los últimos 15 días, la Comisión de Constitución y Legislación del Senado recibió a la Asociación de Magistrados del Ministerio Público y Fiscal y también al Colegio de abogados que se pronunciaron sobre la reforma de la ley orgánica de los fiscales y opinaron sobre las instrucciones generales.

El presidente interino del gremio de los fiscales, Gustavo Zubía, dijo que en su momento "por un escaso margen" una asamblea expresó su "posición acorde" a la iniciativa. Agregó que el proyecto "hace referencia a que las instrucciones generales son para los casos generales y nunca para los casos particulares", dijo el fiscal según consta en la versión taquigráfica del Parlamento del pasado 5 de julio.

Zubía reclamó que se mantenga la categoría de magistrados a los fiscales —cosa que el proyecto a estudio suprime- y dijo que "en la duda siempre será preeminente la independencia técnica sobre las instrucciones generales".

Por su parte, la delegación del Colegio de Abogados que concurrió a la Comisión de Constitución y Legislación del Senado el 12 de julio planteó visiones encontradas sobre las instrucciones generales. En tal sentido, el constitucionalista Martín Risso afirmó que se trata de un mecanismo que es "razonable que exista" pero advirtió que "siempre está el miedo o el riesgo de que termine influyendo en los fiscales indebidamente".

Por su parte, el penalista Germán Aller dijo que en los países donde se han aplicado instrucciones generales en esa materia eso funcionó como "una manera limitadora de la actuación de los fiscales en cuanto a restringir su independencia técnica" y eso dio lugar a experiencias "malas", y citó como ejemplo el caso de Chile.

El senador colorado Pedro Bordaberry afirmó en la Comisión de Constitución y Legislación que está de acuerdo con que el fiscal de Corte brinde instrucciones generales sobre cuestiones administrativas, pero le preocupa que por esa vía se resuelva que determinados ilícitos ya no serán perseguidos.

"Que una instrucción general diga que todos estos delitos, de ahora en adelante, no se van a perseguir. En definitiva, quien debería decir que todos estos delitos no se van a perseguir somos nosotros acá en el Parlamento y eso no se aclara. Sé que es una zona gris, pero hay que tratar de que existan los menos grises posibles", dijo Bordaberry.


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