El déficit que no es déficit

Es indispensable encarrilar los enormes desvíos financieros de algunos centros de salud

Gastar sin explicaciones 50% más de lo presupuestado, como hizo el Fondo Nacional de Salud (Fonasa) en 2016 por la friolera de más de $ 5.000 millones pese a advertencias oficiales desde el año anterior, no es la mejor indicación de pulcra gestión administrativa. Agravan la situación otros dos factores. Uno es que, pese al descontrolado aumento del gasto, la asistencia sanitaria a los sectores más pobres sigue a los tumbos. El otro es la divergencia en el Poder Ejecutivo sobre el desfasaje. El titular del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), Danilo Astori, señaló, específica y fundadamente, que se trataba de un déficit a corregir. Pero a renglón seguido el vicepresidente Raúl Sendic salió a tratar de enmendarle la plana, afirmando que el gasto en salud no es un déficit sino una inversión, profundo error conceptual sobre el manejo fiscal.

El problema viene desde 2015, cuando el balance de la Administración de Servicios de Salud del Estado (ASSE), responsable de más de 40 hospitales y otros centros asistenciales en todo el país, fue advertido por el MEF de las erogaciones deficitarias del Fonasa en algunos de ellos y se le exigió corregirlas. Según fuentes oficiales citadas por El País, la situación no mejoró el año pasado. El déficit presupuestado era de $ 9.500 millones pero excedió los $ 15.000 millones. Las causas no han sido explicadas oficialmente pero apuntan obviamente a descuidada falta de control. Luego del reclamo del MEF, ASSE incluso advirtió a los directores de los centros asistenciales, bajo amenaza de sanciones, a detener contrataciones y servicios que excedan lo presupuestado y a formular un plan para recuperar el déficit del año pasado.

En el fondo de la debacle están las claudicaciones de ASSE, creado en 2007 como organismo desconcentrado, y del Sistema Integrado de Salud, una reforma drástica basada más en buenas intenciones que en planificación realista. En ese momento El Observador señaló que era más viable y menos costoso apuntalar el sistema mutual, que pasaba por graves angustias financieras, y mejorar la atención gratuita de los centros del Estado, en los que se atiende más de una tercera parte de la población. Pero se optó por crear un sistema enredado y complejo para ampliar la cobertura médica a sectores de bajos recursos que no la tenían, financiada en parte por contribuciones forzosas impuestas a los trabajadores activos y a los jubilados, así lo utilicen o no.

Pero una década después estos planes, encomiables en el papel, siguen mostrando serias claudicaciones, con atención sanitaria defectuosa e incompleta en muchos centros, especialmente en el interior del país. A las largas esperas por consultas y por intervenciones quirúrgicas se agregan entredichos entre las autoridades y los usuarios sobre disponibilidad de medicamentos, además de los frecuentes problemas sindicales con ocupaciones de centros de salud. Es difícil volver atrás sobre una reforma errada, incapaz de cumplir sus metas originales de dar adecuada asistencia médica a toda la población pese a un gasto público que excede frondosamente las previsiones presupuestales. Pero es indispensable encarrilar los enormes desvíos financieros de algunos centros, incluyendo cuestionadas contrataciones de servicios fuera del sistema público, y poner orden en una gestión que cada vez gasta más sin lograr siquiera el prometido mejoramiento de atención a la salud.


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El Observador

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