El desafío de convivir en paz en Colombia

Lejos de los acuerdos políticos, pequeños pueblos empiezan a recibir a los guerrilleros
El nombre del pueblo es "paz". Los próximos días pondrán a prueba qué tan acertado es.
Luego de medio siglo de guerra, los rebeldes de Colombia se están desarmando, preparándose para entrar a la vida civil con el acuerdo de paz firmado en 2016. En este pueblo de montaña está tomando forma un nuevo asentamiento de aproximadamente 80 ex guerrilleros, uno de los muchos esparcidos por todo el país.

La mayoría de los uniformes son historia, reemplazados por el tipo de ropa que usa la gente del pueblo que vive cerca y que observa con cautela. Las tiendas de campaña y sus palos de madera también serán barridos, reemplazados con una biblioteca chica, un centro comunitario, una tienda; un pueblo en miniatura, a un paso de la selva.

"Hemos pasado 52 años en carpas", dice el comandante de los guerrilleros que sigue usando su nombre de guerra (Aldemar Altamiranda). "Ya era hora de que nos mudáramos a casitas", señala.
Por todo el país, se estima que 7.000 rebeldes de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) entregarán sus armas a monitores de la ONU este año. Las armas serán fundidas y convertidas en monumentos de guerra. Las FARC también esperan transformarse, convirtiéndose en un grupo político que represente a la izquierda, como los que emergieron luego de las guerras de guerrilla de Nicaragua y El Salvador.

El asentamiento en La Paz, llamado Tierra Grata, es la vanguardia del esfuerzo por llevar a cabo el disputado acuerdo de paz de Colombia. El acuerdo fue rechazado a finales del año pasado por una votación popular, y después fue forzado vía Congreso por el Presidente Juan Manuel Santos, quien ganó el Premio Nobel de la Paz por buscar el fin de décadas de conflicto.

Pero la decisión del presidente de someter el acuerdo a los votantes (y después simplemente esquivarlos cuando no le gustó el resultado) es una píldora amarga para muchos colombianos, dejando incierto el futuro del trato en caso de que los oponentes de Santos tomen el control cuando deje el mando el próximo año.

La Paz es clara evidencia de las persistentes divisiones del país: mientras que el referéndum fue apoyado aquí, cuatro de cada diez residentes votaron a favor de rechazar el acuerdo de paz. Algunos todavía albergan amargos recuerdos de la guerra, y de un enemigo que alguna vez los cazó pero que repentinamente se ha convertido en vecino.

"Muchos tienen la capacidad de perdonar, pero no podemos olvidar la violencia que todos vivimos en ese tiempo", señala Julio Fuentes, un médico de 42 años que dijo haber votado en contra del acuerdo. Fuentes, cuyo hermano fue asesinado a finales de la década de 1990, afirma haber hecho la paz con las guerrillas.

Pero para muchos, advierte, "será una decisión individual si también lo hacen".

La única gente armada aquí son los rebeldes. El perímetro es protegido por el Ejército colombiano, que se está ajustando a un nuevo rol: proteger a las guerrillas en lugar de combatirlas.
El contingente de la ONU también está estacionado aquí, encargado de juntar las armas de los rebeldes antes de partir definitivamente.

El asentamiento se ha convertido en un punto de reflexión. Ahora, sin una guerra, los rebeldes pasan los días contemplando qué vida escogerán después. ¿Regresarán a los pueblos que abandonaron para trabajar la tierra? ¿Entrarán al nuevo partido político que los líderes rebeldes han prometido crear?

"Muchos ven cómo se hace la política aquí, con corbata y un buen auto y todo el dinero y dicen: 'No podemos hacer eso; no queremos'", dice desde el asentamiento Yimmy Ríos, un agente rebelde de inteligencia de 47 años. Considera que para la guerrilla va a ser un reto entrar gradualmente al paisaje político donde no tienen experiencia en el manejo de una campaña.

La primera base de votantes a ganarse es la escéptica comunidad de La Paz.

El pueblo, que se ubica a los pies de la sierra de Perijá, una empinada cordillera que durante mucho tiempo hizo de reducto rebelde, pasó años asolado por las FARC y por sus enemigos paramilitares. En 1997, el alcalde fue muerto a tiros en su oficina por hombres armados, uno de los incontables asesinatos que los residentes atribuyen a las guerrillas.

Esa problemática historia ocupaba la mente de Alcides Daza Quintero, el vicealcalde de 27 años, cuando encendió el televisor el pasado mes de agosto y vio a Santos anunciar el acuerdo de paz desde el palacio presidencial. Acompañando al anuncio llegó una sorpresa: el gobierno dijo que junto con las FARC habían escogido a La Paz como una de las zonas que asentarían para el desarme.

"Fue como un golpe", afirma Quintero, explicando que ningún lado había consultado al pueblo sobre la decisión. "Recibir así a un grupo de los márgenes de la ley. Ellos nos golpearon mucho", destaca.
El resto del pueblo se sentía profundamente ambivalente. Algunos fueron a protestar a la oficina del alcalde. Otros, como Juan Martínez, un líder comunitario del pueblo cercano de San José del Oriente, sostuvo que la presencia de los rebeldes sería buena, haciendo que el Estado prestara atención a su pueblo, que solo recibe agua dos horas al día.

"Hemos sacado promesas de estos acuerdos", explica. "Podría decirse que es el inicio de la reconciliación", considera.

Las FARC siguieron adelante este otoño, descendiendo de las montañas sobre un solar no muy alejado de La Paz. Pero ahí recibieron una fría bienvenida: miembros de los yukpa, un grupo indígena seminómada que controlaba la parcela, informaron a los rebeldes que no eran bienvenidos y que pronto tendrían que irse a otro lado.

Después vino el referéndum de octubre; un sorpresivo rechazo para los rebeldes.

"Todos estábamos pegados a la radio, recibiendo los resultados; y luego otra vez para oír a los comandantes qué seguía", dice un guerrillero de 25 años originario de la ciudad costera de Barranquilla que se hace llamar José. Como otros, no quiso dar su nombre completo por miedo a represalias.

Los altos comandantes de las FARC garantizaron rápido al público que, pese al fracaso del acuerdo, estaban abiertos a renegociaciones y que no regresarían a la guerra. Y Altamiranda decidió que era hora de conocer en público a sus escépticos.

Una noche de finales de octubre, cientos se reunieron en un parque municipal, mientras líderes religiosos, políticos y dirigentes rebeldes discutían el acuerdo. Las víctimas tomaron el micrófono y hablaron sobre sus seres queridos que fueron asesinados durante la guerra. Altamiranda se disculpó públicamente por los crímenes de los rebeldes.

Los eventos conmovieron a líderes como Sol Marina Torres, que a sus 39 años pertenece a Centro Democrático, el partido de ala derecha que encabezó la campaña contra el acuerdo y que persiste en los esfuerzos por hundirlo. Torres decidió ir contra los líderes de su partido y apoyar la presencia de la guerrilla en su pueblo, diciendo que no había otra opción más que hacer la paz.

"No puedo estar de acuerdo con todo lo de ese partido", explica Torres. "No puedo darle la espalda al bienestar de mi comunidad", considera.

En el campamento que está afuera de La Paz persisten algunos aspectos de la vida de guerrilla. Los combatientes se siguen despertando a las 4:30 a.m., aunque para tomar clases sobre el acuerdo de paz en lugar de marchar. Un guerrillero patrullaba el campamento con cautela con un arma colgada al hombro.

Otras escenas han cambiado. En la entrada del campamento, una joven guerrillera abrazaba a sus familiares. La familia estaba en lágrimas.

La mayoría de los guerrilleros entrevistados dijo tener planeado quedarse con las FARC, a las que ahora ven como su familia, siguiéndolas en cualquiera que sea la encarnación política que adopte en los próximos años.

"En el lugar de donde vengo no había forma de salir", dice Yackeline, una guerrillera de 32 años que huyó a un campamento rebelde cuando tenía 13 años porque, según dijo, era el único lugar donde podía recibir educación.
Fuente: Nicholas Casey, New York Times

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