El desastre de Pluna: el Estado uruguayo admite funcionarios bajo sospecha, la ética no

Calloia no se llevó un peso pero a los políticos le caben responsabilidades que exceden las fronteras de la ley

Al nombrarlo al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo (CND), el presidente Tabaré Vázquez sabía que sobre Fernando Calloia pendía la espada de la Justicia. En estas horas la hoja cayó y confirmó que el expresidente del Banco República será procesado, indagado, por ilegalidades en el marco del desastroso negocio de la venta de Pluna.

Vázquez no le pidió la renuncia, algo que legalmente no corresponde (un ejemplo patente de que la legalidad y la ética no viajan siempre en el mismo avión), pero esperaba que  Calloia se fuera; y Calloia se fue y el presidente aceptará que se vaya.

Ya antes, siendo incluso intendente, Vázquez había removido gente solo por la sospecha. Nunca estuvo de acuerdo con Danilo Astori  cuando el hoy ministro de Economía apoyaba la permanencia en el cargo del exdirector de Casinos, Juan Carlos Bengoa. Solo renunció cuando fue procesado.

Sobre Pluna, alguno pudo pensar que Calloia debía irse de la CND si era procesado, pero no, la ley y la Constitución no marcan nada de esto. Uno puede ser sospechoso y seguir en el Estado.

Exhibiendo una particular visión de qué es delito, el también senador frenteamplista Andrés Berterreche dijo en su momento que si ocurría lo que ocurrió, “se le pediría el cargo” a Calloia ya sea “por algo relativo al Estado o por robarse unos bizcochos”. No, nadie la pidió el cargo y Calloia no robó nada. Calloia no se llevó un peso del mamarracho de Pluna y no está siendo indagado por ello.

El único que parece haber dicho antes y seguir diciendo ahora algo atinado es el expresidente José Mujica, acerca de que todo fue culpa suya. Eso ya hace tiempo que se sabe, pero es una demostración de que culpa y condena no siempre vuelan juntas.

Y están los que cuestionan a la Corte de Justicia por lo que consideran un juicio polítizado. Un golpe bajo a un poder que debe actuar en un país donde los otros dos poderes están en manos de un solo partido: Ejecutivo y mayoría absoluta en el Parlamento. La Corte pareció actuar en el sentido del gobierno cuando, luego de haberla declarado constitucional, declaró en estos años la inconstitucionalidad de la Ley de Caducidad que permitió a la izquierda juzgar a violadores de los derechos humanos, y parece actuar en contra del gobierno ahora en el caso Pluna. Y sí, la integración de la Corte pasa y vuelve a cambiar los ministros y lo que antes valía ahora no y sus decisiones siempre son discutibles.

No es que no se puedan cuestionar los fallos judiciales. Los jueces también fallan cuando fallan.

Pero en este caso el refugio más adecuado para la izquierda parecería ser el silencio.  Soportar esta postal tan poco repetida en la política nacional: que alguien se vaya sin que lo echen.

Lo de Pluna fue un desastre. Legalidad y ética son cosas distintas. Los uruguayos admitimos por ley que en el Estado haya funcionarios bajo sospecha. Pero el de Pluna es de esos casos en que los gobernantes prefieren, porque saben que no deben si son políticos, evitar ampararse en lo que les permite la ley.  Porque a los ojos de la ley no son culpables, pero ante los del resto sí son responsables del tremendo desastre. Irse sin que lo echen es asumir, aunque sea en parte, esa responsabilidad.


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