El desproporcionado caso Diyab

Es desproporcionado que el caso de Jihad Diyab se haya convertido en una crisis para el gobierno uruguayo que hasta repercute fuera de fronteras. Su único sentido es estrictamente humanitario, centrado en las penurias de un hombre encarcelado durante 12 años en la infame cárcel de Guantánamo y en su incapacidad y renuencia a adaptarse a la vida en nuestro país. Pero sus dos meses de huelga de hambre para presionar al gobierno con acusaciones de incumplimiento de presuntos acuerdos y con actitudes y demandas cambiantes han llevado la situación al límite de la tolerancia y la buena voluntad oficial. Incide además el multifacético entorno de Diyab, que incluye hasta la Plenaria Verdad y Justicia, de Irma Leites, una institución caracterizada por su extremismo con fines de agitación política.

El gobierno no puede hacer más. La cancillería ha extremado intentos de buscar un país musulmán para que reciba a Diyab y a su familia, como el exrecluso exige, gestiones que fracasaron en todos los Estados consultados. La administración Vázquez incluso le ofreció asumir los costos de traer a su familia a Uruguay y de proveerla de vivienda y otras facilidades.

Pero todo ha sido rechazado por Diyab, pese a que no parece tener otra salida. Distorsionan los alcances de la situación las posiciones cambiantes que trascienden desde quienes lo rodean, no sabiéndose con certeza si provienen directamente de un hombre que se ha negado a aprender español o de miembros de su entorno.

En medio de esta confusión es significativa la actitud asumida por Christian Mirza, intermediario entre el gobierno y los expresos de Guantánamo que el entonces presidente José Mujica aceptó recibir como refugiados hace casi dos años.

Mirza tiró la toalla al apartarse de esa función, señalando que estaba "agotado" por Diyab, a quien describió como "oscilante en sus percepciones y conductas". Refleja también la actitud de Diyab su negativa a permitir los controles de su salud por parte del Ministerio de Salud Pública, que hasta ha formulado una denuncia penal por impedírsele el acceso a una persona debilitada y en aparente peligro de muerte por su huelga de hambre.

La situación no da para más. El gobierno hasta se ha excedido en sus esfuerzos por encontrar una salida, ofreciéndole ayuda ampliada ante el rechazo de varias naciones a recibir a Diyab y reunirlo con su familia. Si persiste en su huelga de hambre y rechaza los controles y asistencia del sistema sanitario estatal, se hace directamente responsable por las consecuencias de su actitud, por más que pretenda culpar a un gobierno que ha hecho todo lo que está en sus manos para encontrar una solución.

Es una responsabilidad que comparten quienes lo rodean, pero a la que ciertamente escapa la administración Vázquez. Hasta Mujica, imprevisor gestor de haber traído a los presos de Guantánamo, ha reconocido su error. Al tomar distancia del caso Diyab y de los otros refugiados, con los que ha habido problemas de todo tipo, afirmó que el acuerdo con Estados Unidos para aceptar los refugiados le impuso tener "que bancar a cinco locos de Guantánamo".

Fuera de controlar la declinante salud de Diyab y estar a la espera de que modifique su actitud antes de que sea demasiado tarde, no hay nada más que nuestro gobierno pueda o deba hacer.