El dilema de resolver en horas el destino de los hijos de las víctimas

El gobierno criticó la decisión judicial de dar custodia a la familia paterna
La decisión de la Justicia de dar la custodia provisoria de los hijos de Valeria Sosa, asesinada por su expareja policía, a la familia paterna, generó el cuestionamiento del gobierno. La directora del Sistema Integral de Protección a la Infancia y a la Adolescencia contra la Violencia (Sipiav) que depende del INAU, María Elena Mizrahi, dijo que "los niños estén con la familia del agresor hace que el relato de los hechos no tenga la claridad necesaria".

La jueza de Familia Especializada de 8° Turno, Alicia Vega, quien tomó esa decisión, explicó a El Observador que a su juicio "no correspondía" tomar una decisión sobre la tutela de los niños porque eso lo resolverá un juzgado de Familia común en un proceso que comenzó ahora. Vega señaló su decisión es provisoria y para ella tomó en cuenta que sacarlos del hogar en el que están "agudizaría la angustia que ya experimentan por la pérdida de su madre en condiciones verdaderamente ominosas".

Mizrahi insistió ayer que en este tipo de situaciones, que los niños queden viviendo con la familia del agresor tiene de fondo un "tema simbólico". En entrevista a radio Sarandí dijo que se debe tener en cuenta qué relato de los hechos se hace a los menores y qué imagen se proyecta de la madre, en este caso, la víctima.

"En las historias que tenemos hay por la familia del homicida por lo general una justificación de malas coductas, del tipo: 'Tu padre no tuvo más remedio', y eso se transmite a niños de 7 y 11 años", dijo Mizrahi. No obstante, Mizrahi admitió también que estas decisiones se deben tomar en plazos breves mientras que las evaluaciones técnicas necesarias llevan su tiempo.

Algo similar explicó a El Observador el psicólogo Gastón Trucelli, integrante del equipo multidisciplinario que asesora a los jueces de Familia Especializada. El experto señaló que en estos casos deben resolver en una situación de urgencia, y por tanto, pueden cometer errores.

"Hay que resolver, los niños deben ir a alguna parte. Una alternativa, podría pensarse, es INAU pero eventualmente eso representaría una contribución al trauma ya existente", señaló y agregó que si no se elige el lugar adecuado, puede contribuir a un perjuicio mayor.

Lo ideal, a su juicio, sería que los jueces pudieran recoger un informe técnico de urgencia y evaluar el contexto familiar, más allá de que sea la familia materna o paterna. Se debe ver entonces cuál es el contexto más adecuado para los menores y pensar en que haya "un entorno sano y una crítica adecuada que facilite el duelo", para que no caigan en la negación de lo ocurrido, indicó.

La violencia y las secuelas

Mizrahi explicó que los niños que viven en hogares en esa situación son parte de la violencia y "eso deja secuelas bastante importantes", que repercuten en las decisiones que toman en su vida.
En el último año el Sipiav atendió 2.200 situaciones de niños y adolescentes que sufrieron algún tipo de violencia (los datos se cierran en abril). Se trata, dijo la jerarca, de "niños en un proceso de violencia doméstica que vienen con un acumulado de trauma bastante importante" y es entonces que lo que busca el Sipiav es dar atención psicológica, evaluar el proceso y trabajar con las familias.

Ley de feminicidio, meta para 2017

Las bancadas del oficialismo se decidieron a impulsar la aprobación del feminicidio como agravante del homicidio para este año en la reunión que mantuvieron el lunes; y ayer la ministra de Educación, María Julia Muñoz dijo que apoya la ley "como una herramienta más". "Es importante que se apruebe la ley lo antes posible y también que eduquemos de otra manera", dijo y agregó: "El país debe tomar conciencia que la educación machista que a veces damos a nuestros hijos (...) La mujer no es propiedad de nadie", concluyó la ministra.

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