El drama de las familias que no tienen qué comer

Abogada de Human Rights Watch denuncia la gravedad de la coyuntura social, institucional, política, económica y humanitaria de Venezuela
Tamara Taraciuk nació en Venezuela, aunque se crió y formó en Argentina, el país natal de sus padres, que regresaron del exilio en la nación caribeña cuando retornó la democracia en diciembre de 1983.

Su condición de abogada experta en derechos humanos, sumado a su conocimiento de Venezuela, le permite como investigadora sénior de Human Rights Watch –la ONG estadounidense dedicada a la defensa de los DDHH–, con referencia en ese país, hablar con propiedad sobre los "abusos" del régimen de Nicolás Maduro y los padecimientos que a su juicio sufre el pueblo venezolano.

Si bien reside en Buenos Aires, viaja regularmente a Caracas y comprueba un creciente deterioro de la crisis política, económica y social del país.

"La mayoría de las familias venezolanas cambió sus hábitos alimenticios. Comen una vez al día, no lo hacen todos y dan prioridad a los niños", afirma en tono de denuncia para ejemplificar lo que denomina como "crisis humanitaria".

A continuación, una síntesis de la entrevista que mantuvo con El Observador, durante su estadía de dos días en Montevideo esta semana para dar una charla sobre "La reacción ante la crisis venezolana", organizada por el Centro para la Apertura y el Desarrollo de América Latina (Cadal) y la fundación Konrad Adenauer.

¿Cómo describe a grandes rasgos la coyuntura en Venezuela?
El deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela ha sido brutal.

¿Desde cuándo visualiza esta situación?
Esto viene desde 2004 cuando (el difunto expresidente Hugo) Chávez copó el Tribunal Supremo de Justicia y desde entonces lo llenaron con aliados al gobierno. Es una aberración jurídica, porque el tribunal no cree en la separación de poderes. Es una cuestión estructural que ya lleva mucho tiempo.

¿Advierte algún cambio en particular?
Lo que cambió es la desfachatez con la que el gobierno viola los derechos humanos. Se cayó la fachada democrática. Y no quedan en pie instituciones democráticas que actúen contra el gobierno.

¿Cuál es la evidencia real de lo que acaba de mencionar?
Por ejemplo, el TSJ tiró por la borda las atribuciones de la Asamblea Nacional (Parlamento). Tampoco hay elecciones, no hay Poder Judicial independiente y no hay un Poder Legislativo funcionando.

¿Qué preocupaciones advierte?

La cuestión institucional antes que nada y también la represión del disenso, que incluye reprimir las manifestaciones en las calles y los presos políticos. Es muy difícil saber cuántos hay. La gente conoce el caso de Leopoldo López, el más notorio, pero hay alrededor de 320 presos políticos en todo el país, según los últimos datos del Foro Penal Venezolano.

¿De qué forma evalúa la situación de aquellas personas presas?
Un aspecto a resaltar que llama la atención en países como Argentina y Uruguay, donde hubo dictaduras militares, es que los civiles detenidos en las protestas son juzgados por tribunales militares.

Y les imputan delitos como traición a la patria o rebelión. Pero no debemos olvidar la brutalidad de las fuerzas de seguridad: desde que empezaron las protestas en abril, hay más de 3.000 detenidos, más de 70 muertos, cientos de heridos y 1.200 investigaciones abiertas por lesiones y violaciones a los DDHH.

La evidencia de la represión apunta a las fuerzas de seguridad y los "colectivos", grupos armados por el gobierno que actúan con impunidad.

¿Identifica algún otro problema?
Sí. Lo que está movilizando a la gente hace algún tiempo es la crisis humanitaria. Hay una severa escasez de medicinas (los médicos no tienen con qué trabajar), insumos básicos y alimentos.

Es muy difícil tener una nutrición adecuada: la gente está cambiando sus hábitos de alimentación. Una mayoría de familias come una vez al día. No comen todos y dan prioridad a los niños. La situación es desesperante, grave y tiene que resolverse con urgencia.

¿En qué estado se encuentran los servicios de salud?

Para muchos, es imposible tener acceso a servicios de salud básicos. Hay datos reveladores y del propio gobierno: mortalidad infantil aumentó 30% y la mortalidad materna lo hizo 65% en 2016.

¿Qué alternativa posible existe para superar esta crisis?
Es una buena noticia que la comunidad internacional se esté despertando y preste más atención a lo que pasa en Venezuela.

La única manera de que el país aborde los problemas en materia de derechos humanos es que sienta una fuerte presión multilateral, sobre todo desde la región.

¿En que posición ve al gobierno?

Maduro está atornillado al poder y no quiere dejarlo. Pero se empiezan a ver fracturas en el chavismo: por ejemplo, la fiscal general, Luisa Ortega, que encabeza una movida muy importante, que desde marzo determinó que el Tribunal Supremo de Justicia se arrogó facultades legislativas y dijo que fue una ruptura del orden constitucional; luego dijo que la gente tenía derecho a manifestarse pacíficamente, imputó a miembros de las fuerzas de seguridad por hechos de represión, presentó recursos contra el nombramiento de jueces y uno de inconstitucionalidad contra la Asamblea Constituyente.

¿Qué es lo que debe suceder entonces para salir del atolladero?

Hay condiciones básicas sin las cuales no se puede salir del pozo. En primer lugar, se debe establecer un calendario electoral, con elecciones libres y observación internacional; tiene que terminar la represión en las calles y se debe liberar a los presos políticos.

También hay que restablecer la independencia judicial y del Parlamento. Y que se permita la llegada de asistencia internacional humanitaria para paliar la crisis.

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