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El Ejecutivo le bajó el tono a las expectativas del FA sobre Brasil
La fuerza política habla de golpe; la cancillería expresa preocupación
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21 de abril de 2016 a las 05:00
Como si fuera una ola que luego de alcanzar su mayor altura se diluye en la orilla, la postura del Frente Amplio sobre la situación de la presidenta Dilma Rousseff comenzó con una expresión de solidaridad con la mandataria brasilera, continuó con una protesta por un virtual "golpe de Estado parlamentario" en ciernes y, por estas horas, bajó las revoluciones con una declaración más diplomática en la que se expresa "preocupación" por la estabilidad política del país norteño.
Los matices –en algunos casos diferencias importantes- muestran la libertad con la que puede moverse la fuerza política en sus afirmaciones para uso interno y el cuidado que se ve obligado a tener el gobierno uruguayo en un continente que ya no es tan propicio a sus inclinaciones ideológicas.
El presidente Tabaré Vázquez, aprovechando que Uruguay preside el Mercosur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), había intentado a mediados de marzo que la región emitiera una declaración de apoyo a Rousseff ante el proceso de juicio político de la que es objeto.
Sin embargo, la propuesta de Uruguay naufragó rechazada por países como Chile, Colombia y Paraguay.
"El impeachment iniciado puede determinar la eventual suspensión de la presidenta Rousseff legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del voto", dice la cancillería.
Y, en ese sentido, se manifiesta confiada en que "los procesos políticos y jurisdiccionales en Brasil, que aún no han concluido, se desarrollen en el marco de la Constitución y de los valores democráticos que la inspiran y con la correcta utilización de esas herramientas".
Golpe y responsabilidad.
El tono de la declaración suena varios tonos por debajo de lo expresado el viernes 15 en la Mesa Política del Frente Amplio que rechazó las "acciones desestabilizadoras hacia el Gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT), para lo cual se utilizan mecanismos políticos que desbordan el accionar del Poder Legislativo y el Poder Judicial".
El domingo 17 el diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) ya hablaba de "golpe de Estado parlamentario" a través de su cuenta de twitter e incluso sugirió que, en caso de que eso sucediera, el gobierno uruguayo "debería pedir la aplicación de la Cláusula Democrática del Mercosur y Unasur".
Sin llegar a este último extremo, pero subiendo la apuesta de la Mesa Política, el lunes 18 el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio calificó como "proceso de golpe de Estado" el juicio político (impeachment) contra Rousseff al que consideró "sin fundamento jurídico".
"Es, en los hechos, un golpe parlamentario. Ante esta arremetida continental de la derecha con golpes de Estado de nuevo tipo que ya vimos efectivizarse contra el presidente Manuel Zelaya en Hondura y contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, manifestamos nuestra solidaridad con la presidenta Rousseff, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Frente Brasil Popular, y no dudamos en la necesidad de que los sectores populares mantengan su alerta en defensa de la democracia y contra los intentos desestabilizadores que recorren el continente", advirtió la declaración.
Ayer, la cancillería aprobó la mesurada declaración antes detallada. Sin embargo, ese cambio de énfasis no sorprendió demasiado a aquellos que quieren llamar la atención sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil.
Es así que el diputado Caggiani dijo a El Observador que la cancillería declaró que, en estos asuntos, la cancillería es una cosa y el Frente Amplio es otra. "La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy medida y atinada", dijo el parlamentario que se comunicó con el canciller Rodolfo Nin Novoa para expresarle su apoyo.
En tanto, el diputado del PVP, Luis Puig, dijo hubiera esperado una "declaración más clara" por parte del Poder Ejecutivo pero también consideró que una cosa son los partidos políticos y otra las instituciones del Estado.
Los matices –en algunos casos diferencias importantes- muestran la libertad con la que puede moverse la fuerza política en sus afirmaciones para uso interno y el cuidado que se ve obligado a tener el gobierno uruguayo en un continente que ya no es tan propicio a sus inclinaciones ideológicas.
El presidente Tabaré Vázquez, aprovechando que Uruguay preside el Mercosur y la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur), había intentado a mediados de marzo que la región emitiera una declaración de apoyo a Rousseff ante el proceso de juicio político de la que es objeto.
Sin embargo, la propuesta de Uruguay naufragó rechazada por países como Chile, Colombia y Paraguay.
"El impeachment iniciado puede determinar la eventual suspensión de la presidenta Rousseff legítima y democráticamente elegida por el pueblo brasileño a través del ejercicio del voto", dice la cancillería.
Y, en ese sentido, se manifiesta confiada en que "los procesos políticos y jurisdiccionales en Brasil, que aún no han concluido, se desarrollen en el marco de la Constitución y de los valores democráticos que la inspiran y con la correcta utilización de esas herramientas".
Golpe y responsabilidad.
El tono de la declaración suena varios tonos por debajo de lo expresado el viernes 15 en la Mesa Política del Frente Amplio que rechazó las "acciones desestabilizadoras hacia el Gobierno encabezado por el Partido de los Trabajadores (PT), para lo cual se utilizan mecanismos políticos que desbordan el accionar del Poder Legislativo y el Poder Judicial".
El domingo 17 el diputado Daniel Caggiani (Movimiento de Participación Popular) ya hablaba de "golpe de Estado parlamentario" a través de su cuenta de twitter e incluso sugirió que, en caso de que eso sucediera, el gobierno uruguayo "debería pedir la aplicación de la Cláusula Democrática del Mercosur y Unasur".
Sin llegar a este último extremo, pero subiendo la apuesta de la Mesa Política, el lunes 18 el Secretariado Ejecutivo del Frente Amplio calificó como "proceso de golpe de Estado" el juicio político (impeachment) contra Rousseff al que consideró "sin fundamento jurídico".
"Es, en los hechos, un golpe parlamentario. Ante esta arremetida continental de la derecha con golpes de Estado de nuevo tipo que ya vimos efectivizarse contra el presidente Manuel Zelaya en Hondura y contra el presidente Fernando Lugo en Paraguay, manifestamos nuestra solidaridad con la presidenta Rousseff, el Partido de los Trabajadores de Brasil y el Frente Brasil Popular, y no dudamos en la necesidad de que los sectores populares mantengan su alerta en defensa de la democracia y contra los intentos desestabilizadores que recorren el continente", advirtió la declaración.
Ayer, la cancillería aprobó la mesurada declaración antes detallada. Sin embargo, ese cambio de énfasis no sorprendió demasiado a aquellos que quieren llamar la atención sobre la posibilidad de un golpe de Estado en Brasil.
Es así que el diputado Caggiani dijo a El Observador que la cancillería declaró que, en estos asuntos, la cancillería es una cosa y el Frente Amplio es otra. "La declaración del Ministerio de Relaciones Exteriores es muy medida y atinada", dijo el parlamentario que se comunicó con el canciller Rodolfo Nin Novoa para expresarle su apoyo.
En tanto, el diputado del PVP, Luis Puig, dijo hubiera esperado una "declaración más clara" por parte del Poder Ejecutivo pero también consideró que una cosa son los partidos políticos y otra las instituciones del Estado.
