El enigma del uso de El Guardián en el caso del narco mexicano en Uruguay

Versiones, marchas y contramarchas sobre la utilización del dispositivo

El Guardián, el poderoso sistema de interceptación telefónica y correos electrónicos que adquirió en 2014 el Ministerio del Interior, volvió a ser objeto de polémica. Como principal ventaja respecto al mecanismo anterior, este software permite centralizar las escuchas y tiene capacidad para intervenir, en forma simultánea, el tráfico de 800 celulares y 200 teléfonos fijos, a la vez que puede monitorear correos electrónicos y redes sociales.

La semana pasada el ministro de Interior, Eduardo Bonomi, dijo que El Guardián tuvo un "uso puntual" en el caso del grupo de lavadores de activos vinculado al cartel mexicano Los Cuinis, que hace 15 días derivó en los procesamientos con prisión de seis personas, entre ellos, un jefe de ese grupo criminal. Bonomi, al hacer referencia al caso, indicó que todavía no estaba operativo oficialmente El Guardián.

Este viernes, el diario El País informó que en esa investigación El Guardián se utilizó aunque sin seguir los pasos que se habían establecido en el protocolo firmado en diciembre de 2015 entre la Suprema Corte de Justicia (SCJ) y el Ministerio del Interior. En este protocolo, entre otras cosas, se prevé que el uso se realice con una autorización judicial para gestionar la interceptación; esta autorización debe realizarse en forma digital (y no en soporte papel como todavía ocurre) y con la firma digital del magistrado actuante, en el marco de un mecanismo denominado Sistema Automatizado de Interceptaciones Legales (SAIL).

La SCJ emitió un comunicado donde aseguró que "la totalidad" de las interceptaciones telefónicas realizadas en el marco de este caso "fueron autorizadas" por los jueces que actuaron en el expediente: Adriana de los Santos, Néstor Valetti y Ana Rubial. El comunicado indica que el procedimiento se realizó en base a lo que prevé la ley antilavado de activos.

El máximo órgano del Poder Judicial también indicó que los magistrados "no están operando" el SAIL que "les permitirá ordenar la interceptación de comunicaciones y fiscalizar el cumplimiento de lo ordenado". A su vez, la SCJ afirmó que el protocolo es "independiente del sistema de colección de datos (El Guardián)".

Valetti, titular del juzgado especializado en Crimen Organizado que tiene a su cargo el caso de lavado del cartel mexicano (aunque los procesamientos los dispuso su colega de los Santos dado que en ese momento él estaba de licencia) dijo a El Observador que las escuchas "se dispusieron en forma legal y no hay ninguna nulidad", más allá de que -indicó- "desconoce" si se utilizó la herramienta de El Guardián.

Una fuente policial que estuvo al tanto de la investigación y el procedimiento en torno a este caso de lavado de activos, dijo a El Observador que El Guardián no se usó en esta indagatoria aunque sí se están haciendo pruebas con ese sistema en otros casos.


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