El Estado desconocido

Un repaso de algunas cosas que el gobierno no sabe de sí mismo, desde temas vinculados con la TV digital hasta información de los refugiados de Guantánamo
La pereza de algunos organismos del gobierno para cumplir con la Ley de Acceso a la Información Pública (18.381) los coloca en una situación extraña, en la cual se plantea el desconocimiento de su propia realidad. Reiteradas respuestas negando datos con la excusa de que no existe la información o no está incluida en los registros, ilustra a un Estado que no sabe cosas de sí mismo.

Por ejemplo, el Poder Ejecutivo no conoce o no tiene en su poder documento alguno que establezca las condiciones de refugio para las personas que fueron liberadas de la cárcel de Guantánamo, y que llegaron al país en diciembre de 2014.

Tampoco sabe cuánto y en qué gastó para llevar adelante el proceso de licitación de canales de televisión digital, ni tiene detalles del cumplimiento del proceso de las empresas elegidas para explotar esos canales.
Tampoco sabe cuánto y en qué gastó para llevar adelante el proceso de licitación de canales de televisión digital, ni tiene detalles del cumplimiento del proceso de las empresas elegidas para explotar esos canales.

No sabe cuántas, cuáles, a qué efectos y qué costo tuvieron las acciones oficiales en el proceso de negociación con la empresa Aratirí mientras se interesó en explotar hierro en Valentines (Treinta y Tres).

Es más, el gobierno dice que no tiene rastros del cumplimiento de los compromisos asumidos por el presidente Tabaré Vázquez en distintos puntos del país en medio de los Consejos de Ministros, denominados "gobierno de cercanía".

La información, o mejor dicho la falta de ella, surge de distintas respuestas a pedidos de acceso a la información pública tramitados por El Observador en los últimos meses. Los organismos involucrados en ese tipo de respuestas fueron, principalmente, la Presidencia de la República y el Ministerio de Industria, Energía y Minería (MIEM).

"Inexistencia"

En cadena de radio y televisión, el presidente Vázquez se dirigió a la población el miércoles 1° de marzo para realizar un balance de su gestión y anunciar algunas medidas para el año.

Entre otras cosas, dijo que hasta ese momento se habían cumplido 85% de los compromisos asumidos durante las instancias de "gobierno de cercanía", los consejos de ministros abiertos realizados en localidades del interior del país.

El Observador tramitó una solicitud al respecto bajo la ley 18.381 y a los pocos días recibió la respuesta: "Deniégase el acceso a la información pública, por la inexistencia de datos en poder de la Presidencia de la República. Notifíquese, etc". Eso dice el documento firmado por el secretario de la Presidencia, Miguel Ángel Toma, y el director general de Torre Ejecutiva, Diego Pastorín. O sea, no hay datos en Presidencia que sustenten la afirmación de Vázquez en cadena nacional.

Un mes antes, también con la firma de Toma, la Presidencia respondió oficialmente a El Observador que el gobierno no tenía documento alguno que establezca las condiciones para recibir a los refugiados de la cárcel de Guantánamo.

Incluso detalla que hizo una búsqueda en el sistema de expediente interno de Presidencia (GEX) con diferentes palabras clave, y en ningún caso surgieron resultados de acuerdo a la solicitud.
Por otra parte, y como fue dicho, el MIEM respondió que no tiene dato alguno sobre el costo y las acciones llevadas adelante en el proceso de negociación con Aratirí.

Por otra parte, y como fue dicho, el MIEM respondió que no tiene dato alguno sobre el costo y las acciones llevadas adelante en el proceso de negociación con Aratirí. Tampoco cuenta con información de lo que debió invertir en el llamado a interesados para entregar canales de televisión digital, ni cuántos fueron los adjudicatarios. El pasado 31 de marzo venció el plazo para que todos los organismos públicos estatales y no estatales presenten su informe anual de cumplimiento de la Ley de Acceso a la Información Pública.

En el informe anterior, correspondiente al ejercicio 2015, se indica que la Junta Departamental de Montevideo fue la más solicitada con 714 trámites, seguida por la Intendencia de Montevideo con 405 y el Ministerio de Educación y Cultura con 383.

La Unidad de Acceso a la Información Pública, que depende de la Presidencia de la República, asegura que se dio cumplimiento en 90% de los 2.738 casos. En tanto que 88% de los organismos obligados a entregar sus estadísticas cumplieron, y el resto no lo hizo o entregó datos incompletos. La mayoría de los organismos responde dentro de los primeros 20 días hábiles.

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