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El Estado y la sindicatura cruzan demandas por deudas de Pluna
El séptimo y último de los aviones Bombardier CRJ-900 de la flota que perteneció a Pluna partió del aeropuerto de Carrasco el 7 de agosto rumbo a Estados Unidos. Por la venta de todas las aeronaves, la Asociación Uruguaya de Peritos (AUPE), que ejerce la sindicatura en el concurso judicial de Pluna SA, obtuvo US$ 69 millones que se destinarán al pago de los acreedores, que en total reclaman deudas por cerca de US$ 200 millones.
Si bien la Justicia está lejos de dar por concluido el proceso concursal, se sumó un nuevo elemento: el fideicomiso que administró los aviones desde el cierre de la aerolínea en julio de 2012 hasta fines de 2013, le reclama a la sindicatura la devolución de US$ 35 millones, es decir, la mitad del monto total por el que finalmente fueron vendidas las aeronaves.
El fideicomiso (que fue creado en la ley de liquidación de Pluna y es gestionado por los ministerios de Economía y Transporte) pasó a tener el control de los aviones tras el cierre de la aerolínea. En noviembre de 2013 la Suprema Corte de Justicia declaró inconstitucional varios aspectos de la ley y eso hizo que los siete aviones, que constituían el principal patrimonio de la empresa, ingresaran al concurso judicial que definirá el pago a los acreedores.
Pero ahora, el fideicomiso (que organizó el fallido remate de los aviones del 1º de octubre de 2012) reclama a la sindicatura la devolución de US$ 35 millones que es el monto que el Estado invirtió en pagar las cuotas bancarias por la financiación de las aeronaves que habían sido compradas en 2008 y lo que invirtió en mantenerlas. Según supo El Observador, el reclamo por el primer concepto es de US$ 26 millones y el monto por el segundo ronda los US$ 9 millones.
En respuesta, en agosto, la sindicatura contra demandó al Estado por US$ 49 millones, monto que estimó que fue la desvalorizaron de los aviones mientras estuvieron bajo control del fideicomiso. Esa entidad contestó la acción de la sindicatura el 2 de octubre reclamando que se rechace.
El cruce de reclamos entre el fideicomiso y la sindicatura será resuelto por la jueza Sylvia Rodríguez, titular del juzgado de concursos en el que se está tramitando la liquidación de Pluna SA.
Subordinado
A pedido de la sindicatura, a fines de 2014 la Justicia estableció que los créditos que Pluna Ente Autónomo tiene para cobrar contra Pluna SA en su condición de accionista minoritario son subordinados y no privilegiados. Eso, en términos sencillos, quiere decir que el Estado iría a cobrar al final de la lista general de acreedores que reclaman deudas por casi US$ 200 millones a la empresa.
Pluna Ente Autónomo apeló esa resolución en busca de que sus créditos sean considerados privilegiados para asegurarse el cobro. Si eso pasara, los US$ 69 millones que ingresaron al concurso por la venta de los siete aviones serían para el Estado.
A su vez, la sindicatura tiene en curso una demanda por US$ 52 millones contra el consorcio Leadgate (liderado por Matías Campiani) por capitalizaciones impagas a Pluna SA durante su gestión al frente de la aerolínea, entre 2007 hsata su cierre en 2012.
El gobierno quiere liquidar Pluna Ente
El Poder Ejecutivo pretende cerrar Pluna Ente Autónomo. En los artículos 385 y 386 del proyecto de Presupuesto enviado al Parlamento encomienda al directorio de Pluna Ente Autónomo la liquidación del patrimonio del ente y se le otorgan las facultades necesarias para su cumplimiento. A partir de la vigencia del nuevo presupuesto, "las únicas actividades que desarrollará el ente autónomo serán las que tengan por objeto ejecutar la liquidación", dice el proyecto.
