Adolfo Garcé

Adolfo Garcé

Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Udelar

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El FA, la reforma constitucional y las prioridades del gobierno

Hace exactamente 100 años, buscando reformar la Constitución, los batllistas sufrieron una derrota categórica. No veo por qué no habría de pasarle lo mismo al FA
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06 de julio de 2016 a las 01:31

* Doctor en Ciencia Política, docente e investigador en el Instituto de Ciencia Política, Facultad de Ciencias Sociales, Universidad de la República / [email protected]

El tercer gobierno frenteamplista tiene otros asuntos entre ceja y ceja. Dadas las circunstancias, es perfectamente comprensible. Vázquez y su gabinete están realmente muy ocupados atendiendo las urgencias impuestas por el estancamiento de la economía y los desafíos macroeconómicos. Sin embargo, el Frente Amplio, el partido de gobierno, no oculta otras urgencias. En estos días, como es notorio, ha instalado en la agenda pública la propuesta de reformar la constitución. Desde mi punto de vista no hay ninguna razón para alarmarse. Me explico.

En primer lugar, es bueno que el sistema político uruguayo no pierda su ancestral vocación por la ingeniería institucional. Es sabido que la democracia uruguaya se distingue en la región por ser una de las más estables y de mejor calidad, según las mediciones más confiables y divulgadas. Esto no es casualidad. Una de las razones más importantes de este desempeño es que, desde siempre, la elite política uruguaya ha dedicado mucho tiempo, esfuerzo y talento a pensar y debatir sobre cuestiones institucionales. Dicho sea de paso, ojalá hubiéramos sido capaces de discutir con la misma pasión y sofisticación sobre otros asuntos cruciales. Por ejemplo, durante la primera mitad del siglo XX, no tuvimos un debate profundo y calificado sobre el desarrollo económico. En ese sentido, otros países (como Brasil en los años cuarenta o Chile en los cincuenta, nos sacaron mucha ventaja. Pero en materia de reflexión sobre instituciones políticas no tenemos nada que envidiarle a nadie. Por tanto, una vez más, bienvenido el debate sobre cómo mejorar las estructuras políticas.

En segundo lugar, a pesar de nuestro comparativamente alto desarrollo político, tenemos cuentas pendientes. Pongo solamente tres ejemplos. Sigue siendo una cuenta pendiente la cuestión de cómo facilitar el voto de los ciudadanos desde el exterior. Existe una tendencia muy visible, en las democracias contemporáneas, a facilitar el ejercicio de un derecho tan esencial como el del sufragio. Uruguay tiene una diáspora numerosa. Viven en el extranjero, con un ojo puesto en lo que pasa en su país natal, cerca de medio millón de compatriotas. Hay que darles la chance de seguir formando parte de nuestra comunidad. Mi punto de vista es que tienen que estar representados en el Parlamento (aunque no puedan votar en la elección presidencial). Sigue siendo una cuenta pendiente encontrar la forma de incrementar la representación política de las mujeres. El Parlamento aprobó en 2009 una ley de Cuotas que operó para los cargos parlamentarios por una única vez. Hay que volver a discutir sobre esto y el debate sobre la reforma constitucional puede ser un momento apropiado. Finalmente, hay que modificar de una buena vez el diseño institucional del segundo nivel de gobierno. Hay que abandonar el medioevo y darle de una buena vez la bienvenida a Montesquieu. No hay checks and balances en las instituciones políticas departamentales. El intendente y su partido corren siempre con demasiada ventaja, todos los días, durante la gestión de gobierno, y cada cinco años, en la competencia electoral.

En tercer lugar, no hay mucho de qué preocuparse porque es realmente muy poco probable que el FA logre concretar una reforma. Nunca ha sido posible en nuestro país llevar adelante reformas constitucionales que no cuenten con una coalición multipartidaria de respaldo. Las innovaciones de este calado requieren apoyos muy amplios. Así fue siempre, en cada una de las sucesivas reformas. Todo indica que el FA no tiene apoyo en otros partidos. La oposición está monolíticamente en contra de cambiar la Constitución. Pero la debilidad del vector reformista es todavía más manifiesta: hay sectores muy importantes del partido de gobierno (como Asamblea Uruguay) en contra de la reforma.

Los frenteamplistas que se oponen a embarcar el país en una reforma constitucional tienen buenas razones para hacerlo. El tercer gobierno frenteamplista, hoy por hoy, tiene desafíos mucho más importantes. Hay como mínimo dos asuntos mucho más urgentes. El gobierno tiene la inmensa responsabilidad de proponerle al país un camino claro en materia de inserción comercial. Esa discusión sí es impostergable. Debatir sobre las instituciones políticas también lo es. Pero, en este momento, el problema de hasta qué punto y cómo abrir la economía es absolutamente estratégico. Es sabido que en el FA hay diferencias importantes, y que la mayoría de la bancada no confía demasiado en la hoja de ruta (hacia el Pacífico) que viene desplegando la cancillería. El gobierno tiene también la inmensa responsabilidad de llevar adelante cambios significativos y efectivos en la educación. El FA generó expectativas importantes durante el gobierno de Mujica y también durante la campaña electoral de 2014. Parecía que, por fin, la izquierda iba a tomar el toro por las guampas. Todo el país sabe dónde están los problemas. Lo que la ciudadanía sigue sin saber es qué está haciendo (y/o se propone hacer) el gobierno de Vázquez para solucionarlos.

Hacen muy bien en dudar de la conveniencia de embarcarse en una reforma constitucional. A nadie se le escapa que este es un país de insólitas simetrías históricas. Hace exactamente 100 años, en julio de 1916, buscando reformar la Constitución, los batllistas sufrieron una derrota categórica. No veo por qué no habría de pasarle lo mismo al FA.

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