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El FA presiona por Venezuela pero no hay marcha atrás
La postura de grupos del oficialismo sí puede mitigar las sanciones
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07 de agosto de 2017 a las 05:00
Distintos sectores del Frente Amplio (FA) comenzaron a presionar al gobierno de Tabaré Vázquez para que revea su decisión de apoyo a aplicar a Venezuela la cláusula democrática del Mercosur, una resolución que suspendió este sábado por tiempo indefinido al país caribeño de su participación en el bloque regional y significó un endurecimiento de la postura del Poder Ejecutivo uruguayo sobre el chavismo.
Aunque una marcha atrás es inviable jurídicamente porque ni Brasil ni Argentina firmarían un levantamiento de la condena, la presión de los sectores del oficialismo uruguayo puede "mitigar hasta dónde se llega con las sanciones", sobre todo económicas, a las que quedó expuesto el gobierno de Nicolás Maduro tras la resolución, dijo a El Observador el experto en relaciones internacionales, Ignacio Bartesaghi.
Sin embargo, el canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró a En Perspectiva que la medida es una señal política que no tiene consecuencias económicas, ya que la posibilidad de bloquear el comercio se encuentra dentro del protocolo de Ushuaia II, que no ha sido ratificado por todos los países y por tanto no está vigente.
Los socios fundadores del Mercosur acordaron aplicar la cláusula democrática y suspender a Venezuela por "ruptura del orden democrático". El gobierno uruguayo, que preservó los intereses de Venezuela en el bloque durante el último año, votó a favor de la aplicación de la cláusula, al igual que el resto de los países.
La resolución dividió al FA. Mientras el Frente Líber Seregni acompañó la medida, la decisión generó el rechazo de distintos sectores e incluso hubo reclamos para rever la postura.
Las normas del Mercosur establecen que para rever una resolución de este tipo tendría que haber una nueva decisión donde los cuatro socios estén de acuerdo en modificar la postura anterior.
En los hechos, la posición contra Maduro de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay hace inviable un levantamiento de la cláusula democrática en un eventual caso en que la presión de los sectores del FA surtiera efecto y la cancillería uruguaya pretendiera cambiar su postura.
"Uruguay no se puede retirar unilateralmente de la decisión que tomó independientemente de las propuestas que haga cualquier sector del gobierno", afirmó Bartesaghi.
Una vez que se suspende un miembro del bloque, después se define hasta dónde se llega con las sanciones. Así las cosas, lo que Uruguay está en condiciones de negociar es el alcance del castigo.
El protocolo de Ushuaia habilita sanciones que abarcan desde la suspensión de la participación en ámbitos con capacidad decisoria hasta la eventual suspensión de todos los derechos que se desprenden de los tratados, lo cual de llegar a un extremo puede incluir a las preferencias arancelarias.
"Lo que Uruguay puede buscar es una posición que afecte en menor medida al pueblo venezolano, pero jamás cambiar la decisión. Jamás va a dejar de estar suspendida Venezuela porque esa decisión ya se tomó y no hay marcha atrás", insistió Bartesaghi.
"La idea del Mercosur es dar una señal política de ser la única organización regional en aplicar la cláusula democrática porque en la Organización de Estados Americanos no están los votos y en la Unión de Naciones Suramericanas tampoco", agregó el experto.
En la misma línea de Bartesaghi, la experta en comercio Graciana del Castillo aseguró en su cuenta de Twitter que pese a la suspensión del bloque Venezuela puede mantener "los beneficios económicos de sus miembros".
Casa Grande, el sector encabezado por la senadora Constanza Moreira, exhortó este domingo al gobierno a rever su decisión y reclamó un pronunciamiento de la coalición "como fuerza política que históricamente ha defendido la emancipación de los pueblos", según sostuvo la agrupación en un comunicado.
El Partido Comunista de Uruguay; la lista 711, liderada por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic; el Partido por la Victoria del Pueblo; el Partido Obrero Revolucionario, y las bases plantearon su rechazo en la Mesa Política de la coalición de izquierdas realizada este sábado en Buenos Aires.
El senador del MPP, José Mujica, le manifestó la semana pasada su apoyo al presidente Vázquez en este tema, según dijo a Subrayado.
El diputado socialista Roberto Chiazzaro también presionó para que el FA tome decisión como partido. "No recuerdo cuándo la fuerza política debatió con cancillería la conveniencia y oportunidad de suspender a Venezuela. ¿Me habré olvidado?", cuestionó en su cuenta de Twitter.
Venezuela ya estaba impedida de participar en los órganos con capacidad decisoria por la suspensión de diciembre de 2016 porque, según argumentan los socios fundadores, no regularizó más de 300 leyes y 40 tratados internacionales que debía llevar adelante. Aquella vez, Uruguay se abstuvo, lo que viabilizó la suspensión "por consenso" pero sin el apoyo del gobierno uruguayo.
Mientras tanto, los más moderados del FA salieron a respaldar al gobierno. "Nuestros compañeros tienen que pensar que no todos los problemas de Venezuela son la injerencia del imperialismo, que obviamente está jugando y de eso no tengo duda. Pero tampoco podemos por esos intentos de desestabilización aceptar que la lucha contra esos intentos desestabilizadores sea la violación de los derechos humanos y la ruptura del orden institucional, cosa que en Venezuela todo indica que se ha dado", dijo a El Observador el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti.
Aunque una marcha atrás es inviable jurídicamente porque ni Brasil ni Argentina firmarían un levantamiento de la condena, la presión de los sectores del oficialismo uruguayo puede "mitigar hasta dónde se llega con las sanciones", sobre todo económicas, a las que quedó expuesto el gobierno de Nicolás Maduro tras la resolución, dijo a El Observador el experto en relaciones internacionales, Ignacio Bartesaghi.
Sin embargo, el canciller Rodolfo Nin Novoa aseguró a En Perspectiva que la medida es una señal política que no tiene consecuencias económicas, ya que la posibilidad de bloquear el comercio se encuentra dentro del protocolo de Ushuaia II, que no ha sido ratificado por todos los países y por tanto no está vigente.
Los socios fundadores del Mercosur acordaron aplicar la cláusula democrática y suspender a Venezuela por "ruptura del orden democrático". El gobierno uruguayo, que preservó los intereses de Venezuela en el bloque durante el último año, votó a favor de la aplicación de la cláusula, al igual que el resto de los países.
La resolución dividió al FA. Mientras el Frente Líber Seregni acompañó la medida, la decisión generó el rechazo de distintos sectores e incluso hubo reclamos para rever la postura.
Las normas del Mercosur establecen que para rever una resolución de este tipo tendría que haber una nueva decisión donde los cuatro socios estén de acuerdo en modificar la postura anterior.
En los hechos, la posición contra Maduro de los gobiernos de Argentina, Brasil y Paraguay hace inviable un levantamiento de la cláusula democrática en un eventual caso en que la presión de los sectores del FA surtiera efecto y la cancillería uruguaya pretendiera cambiar su postura.
"Uruguay no se puede retirar unilateralmente de la decisión que tomó independientemente de las propuestas que haga cualquier sector del gobierno", afirmó Bartesaghi.
Una vez que se suspende un miembro del bloque, después se define hasta dónde se llega con las sanciones. Así las cosas, lo que Uruguay está en condiciones de negociar es el alcance del castigo.
El protocolo de Ushuaia habilita sanciones que abarcan desde la suspensión de la participación en ámbitos con capacidad decisoria hasta la eventual suspensión de todos los derechos que se desprenden de los tratados, lo cual de llegar a un extremo puede incluir a las preferencias arancelarias.
"Lo que Uruguay puede buscar es una posición que afecte en menor medida al pueblo venezolano, pero jamás cambiar la decisión. Jamás va a dejar de estar suspendida Venezuela porque esa decisión ya se tomó y no hay marcha atrás", insistió Bartesaghi.
"La idea del Mercosur es dar una señal política de ser la única organización regional en aplicar la cláusula democrática porque en la Organización de Estados Americanos no están los votos y en la Unión de Naciones Suramericanas tampoco", agregó el experto.
En la misma línea de Bartesaghi, la experta en comercio Graciana del Castillo aseguró en su cuenta de Twitter que pese a la suspensión del bloque Venezuela puede mantener "los beneficios económicos de sus miembros".
La izquierda dividida
El endurecimiento de la postura del Poder Ejecutivo uruguayo sobre el gobierno de Maduro generó nuevos cruces en el FA.Casa Grande, el sector encabezado por la senadora Constanza Moreira, exhortó este domingo al gobierno a rever su decisión y reclamó un pronunciamiento de la coalición "como fuerza política que históricamente ha defendido la emancipación de los pueblos", según sostuvo la agrupación en un comunicado.
El Partido Comunista de Uruguay; la lista 711, liderada por el vicepresidente de la República, Raúl Sendic; el Partido por la Victoria del Pueblo; el Partido Obrero Revolucionario, y las bases plantearon su rechazo en la Mesa Política de la coalición de izquierdas realizada este sábado en Buenos Aires.
El senador del MPP, José Mujica, le manifestó la semana pasada su apoyo al presidente Vázquez en este tema, según dijo a Subrayado.
El diputado socialista Roberto Chiazzaro también presionó para que el FA tome decisión como partido. "No recuerdo cuándo la fuerza política debatió con cancillería la conveniencia y oportunidad de suspender a Venezuela. ¿Me habré olvidado?", cuestionó en su cuenta de Twitter.
Venezuela ya estaba impedida de participar en los órganos con capacidad decisoria por la suspensión de diciembre de 2016 porque, según argumentan los socios fundadores, no regularizó más de 300 leyes y 40 tratados internacionales que debía llevar adelante. Aquella vez, Uruguay se abstuvo, lo que viabilizó la suspensión "por consenso" pero sin el apoyo del gobierno uruguayo.
Mientras tanto, los más moderados del FA salieron a respaldar al gobierno. "Nuestros compañeros tienen que pensar que no todos los problemas de Venezuela son la injerencia del imperialismo, que obviamente está jugando y de eso no tengo duda. Pero tampoco podemos por esos intentos de desestabilización aceptar que la lucha contra esos intentos desestabilizadores sea la violación de los derechos humanos y la ruptura del orden institucional, cosa que en Venezuela todo indica que se ha dado", dijo a El Observador el diputado de Asamblea Uruguay, Alfredo Asti.
