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El FA reclama "streptease" completo: propondrá auditoría de las declaraciones de bienes
La izquierda impulsará un debate extraordinario en el Parlamento para tratar leyes anticorrupción
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24 de junio de 2016 a las 05:00
El Frente Amplio parece querer tomar la delantera en la imprevista pulsión de los dirigentes políticos uruguayos por mostrar sus declaraciones jurada de bienes, e impulsará un debate parlamentario para intentar demostrar que, si el desnudo no es total, el "streptease" monetario puede terminar perjudicando la imagen de aquellos que lo practican.
La izquierda uruguaya está especialmente interesada en debatir sobre estos asuntos ya que la experiencia de varios gobiernos progresistas de la región es bastante oscura.
Allí están, sin ir más lejos, el Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Rousseff cercado en Brasil por casos de corrupción, mientras que en la otra frontera aparecen varios funcionarios kirchneristas desfilando ante los juzgados o tirando bolsas de dinero por encima de los muros de un convento.
Con esas imagenes en la cabeza, y con cierta desconfianza hacia las declaraciones juradas presentadas por algunos líderes de la oposición uruguaya, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) impulsarán el llamado a sendas sesiones extraordinarias en ambas cámaras parlamentarias para discutir esos asuntos y para proponer nuevas medidas que revelen hasta el detalle cuánto y de dónde sacan su plata los jerarcas públicos.
Fuentes del oficialismo dijeron a El Observador que en la coalición creen que si los políticos no son minuciosos en sus demostraciones de transparencia, esas ansias por despegarse de los casos de corrupción que se verifican en otros países de Latinoamérica les puede jugar en contra.
.
La izquierda también pretende que las declaraciones juradas sean auditadas por contadores y juristas, y se estudiará el camino más rápido para flexibilizar el sistema de fueros que le permite a los legisladores defenderse de persecuciones políticas pero también de los avances de la justicia ante el supuesto de un delito cometido..
La inquietud surgió este miércoles 22 cuando El Observador publicó que el exjefe de gabinete del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Andrés Copelmayer, advirtió que el senador nacionalista había divulgado una declaración de bienes equivocada a través de su cuenta de tuiter.
Entre otras cosas, allí figuraba una casa en el balneario La Paloma por un de valor US$ 75.200.
En tono irónico, Copelmayer le hizo notar que el monto era muy bajo. Entonces, Lacalle Pou eliminó el tuit con la declaración inicial y la sustituyó por otra en donde aumentó a US$ 175.000 el valor de la casa de la costa rochense.
Tras modificar el valor de la propiedad, Lacalle Pou llamó por celular a Copelmayer. "Gracias a tu tuit me di cuenta de que la persona que escribió la declaración cometió un error. Yo tengo dos terrenos en La Paloma que valen U$100 mil, pero uno forma parte del predio de la casa y él puso uno solo", le explicó.
Enterados de ese intercambio, legisladores del Frente Amplio se empezaron a preguntar si el líder blanco no había cometido un delito al "falsear" su declaración de bienes. Pero, en realidad, la errada declaración de bienes de Lacalle Pou no fue oficial ya que no llegó a presentarla ante la Junta de Transparencia y Ética Publica (Jutep).
Ese organismo recibe las declaraciones juradas de los legisladores pero ahí permanecen en un sobre cerrado y no pueden ser divulgadas a menos que lo solicite algún juez.
Además, en el Frente Amplio analizarán la declaración de bienes del líder colorado Pedro Bordaberry ya que allí consta el 12% de las acciones de un campo en Durazno pero no dice si le da alguna renta.
Esos asuntos serán evaluados en próximas reuniones de la bancada oficialista en donde existen dudas acerca del impacto que está teniendo en la opinión pública este flamante interés de los políticos por mostrar lo que tienen.
En esa iniciativa, el MPP no solo propone que legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, divulguen el detalle de sus bienes, sino que además incluye a privados.
Ese sector del oficialismo considera que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos debe dar cuenta de su patrimonio. Por eso propone que las empresas licitatorias de obras y servicios públicos, y también gerentes y directivos de mutualistas (que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud), envíen la documentación a la Juntep para que esté bajo custodia. Hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas.
Bordaberry y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, han manifestado cada uno por su lado la intención de trabajar en proyectos de ley sobre transparencia.
En 2008 el Parlamento aprobó un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero la experiencia en dos elecciones demostró debilidades en ese autocontrol.
Ahora, el Frente Amplio impulsa una ley de partidos con normas muy restrictivas que pretenden impedir que el dinero malhabido termine financiando las campañas de los que se postulan para ocupar el poder.
La izquierda uruguaya está especialmente interesada en debatir sobre estos asuntos ya que la experiencia de varios gobiernos progresistas de la región es bastante oscura.
Allí están, sin ir más lejos, el Partido de los Trabajadores de Lula Da Silva y Dilma Rousseff cercado en Brasil por casos de corrupción, mientras que en la otra frontera aparecen varios funcionarios kirchneristas desfilando ante los juzgados o tirando bolsas de dinero por encima de los muros de un convento.
Con esas imagenes en la cabeza, y con cierta desconfianza hacia las declaraciones juradas presentadas por algunos líderes de la oposición uruguaya, el Movimiento de Participación Popular (MPP) y Asamblea Uruguay (AU) impulsarán el llamado a sendas sesiones extraordinarias en ambas cámaras parlamentarias para discutir esos asuntos y para proponer nuevas medidas que revelen hasta el detalle cuánto y de dónde sacan su plata los jerarcas públicos.
Fuentes del oficialismo dijeron a El Observador que en la coalición creen que si los políticos no son minuciosos en sus demostraciones de transparencia, esas ansias por despegarse de los casos de corrupción que se verifican en otros países de Latinoamérica les puede jugar en contra.
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La izquierda también pretende que las declaraciones juradas sean auditadas por contadores y juristas, y se estudiará el camino más rápido para flexibilizar el sistema de fueros que le permite a los legisladores defenderse de persecuciones políticas pero también de los avances de la justicia ante el supuesto de un delito cometido..
La inquietud surgió este miércoles 22 cuando El Observador publicó que el exjefe de gabinete del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, Andrés Copelmayer, advirtió que el senador nacionalista había divulgado una declaración de bienes equivocada a través de su cuenta de tuiter.
Entre otras cosas, allí figuraba una casa en el balneario La Paloma por un de valor US$ 75.200.
En tono irónico, Copelmayer le hizo notar que el monto era muy bajo. Entonces, Lacalle Pou eliminó el tuit con la declaración inicial y la sustituyó por otra en donde aumentó a US$ 175.000 el valor de la casa de la costa rochense.
Tras modificar el valor de la propiedad, Lacalle Pou llamó por celular a Copelmayer. "Gracias a tu tuit me di cuenta de que la persona que escribió la declaración cometió un error. Yo tengo dos terrenos en La Paloma que valen U$100 mil, pero uno forma parte del predio de la casa y él puso uno solo", le explicó.
Enterados de ese intercambio, legisladores del Frente Amplio se empezaron a preguntar si el líder blanco no había cometido un delito al "falsear" su declaración de bienes. Pero, en realidad, la errada declaración de bienes de Lacalle Pou no fue oficial ya que no llegó a presentarla ante la Junta de Transparencia y Ética Publica (Jutep).
Ese organismo recibe las declaraciones juradas de los legisladores pero ahí permanecen en un sobre cerrado y no pueden ser divulgadas a menos que lo solicite algún juez.
Además, en el Frente Amplio analizarán la declaración de bienes del líder colorado Pedro Bordaberry ya que allí consta el 12% de las acciones de un campo en Durazno pero no dice si le da alguna renta.
Esos asuntos serán evaluados en próximas reuniones de la bancada oficialista en donde existen dudas acerca del impacto que está teniendo en la opinión pública este flamante interés de los políticos por mostrar lo que tienen.
Decisiones
La bancada de diputados del Frente Amplio ya acordó divulgar sus declaraciones juradas de bienes, en tanto que los líderes de los partidos Nacional, Colorado e Independiente hicieron lo propio a través de las redes sociales..En esa iniciativa, el MPP no solo propone que legisladores, ministros de Estado, intendentes, presidentes de empresas públicas y ministros de la Suprema Corte de Justicia, entre otros, divulguen el detalle de sus bienes, sino que además incluye a privados.
Ese sector del oficialismo considera que todo aquel que maneje o reciba dineros públicos debe dar cuenta de su patrimonio. Por eso propone que las empresas licitatorias de obras y servicios públicos, y también gerentes y directivos de mutualistas (que integran el Sistema Nacional Integrado de Salud), envíen la documentación a la Juntep para que esté bajo custodia. Hasta ahora solo las declaraciones del presidente y vicepresidente de la República deben ser publicadas.
Bordaberry y el senador del Partido Independiente, Pablo Mieres, han manifestado cada uno por su lado la intención de trabajar en proyectos de ley sobre transparencia.
En 2008 el Parlamento aprobó un proyecto sobre el financiamiento de los partidos políticos, pero la experiencia en dos elecciones demostró debilidades en ese autocontrol.
Ahora, el Frente Amplio impulsa una ley de partidos con normas muy restrictivas que pretenden impedir que el dinero malhabido termine financiando las campañas de los que se postulan para ocupar el poder.
